Un juez da la razón a dos cooperativistas de Fuensaldaña que cambiaron la escalera

Dos cooperativistas de la urbanización Ciudad de la Juventud, situada en el término municipal de Fuensaldaña, que este año decidieron reformar por su cuenta la escalera interior del chalé para subsanar las deficiencias que detectó el arquitecto municipal, han visto cómo un juzgado de la capital les ha dado la razón en su objetivo de tratar de resolver su problema residencial y entrar cuanto antes a vivir en sus casas.

Esta promoción se encuentra terminada desde el año 2011, pero sigue sin ocuparse, por falta de licencia municipal, por las 232 familias que se embarcaron en el 2004 en este proyecto urbanístico.

El Consejo Rector de la Cooperativa Vallisoletana de la Vivienda 7, que está al frente de esta sociedad desde marzo de este año, llevó en junio a los tribunales a las hermanas Milagros y Maura D. R., por entender que ambas habían incumplido los estatutos al realizar obras sin permiso escrito de la cooperativa.

El equipo rector anterior autorizó a varios socios para que entrasen en los chalés y pudieran «depositar los muebles que habían adquirido» a la espera del permiso municipal. En este caso, Milagros y su hermana aprovecharon también para cambiar la escalera que da acceso a la planta superior, una modificación ésta centrada en adaptar varios de los peldaños. Esta intervención les supuso un coste de unos 2.000 euros a cada una.

Con esta iniciativa pretendían que el arquitecto municipal diera el visto bueno, y el Ayuntamiento de Fuensaldaña les concediese la licencia de primera ocupación.

Aunque la nueva dirección de la cooperativa cuestionó en el Juzgado la reforma, y solicitó al juez que ordenase la devolución de las dos viviendas a la sociedad, el magistrado de Primera Instancia 4, Luis Puente, ha desestimado tal demanda, y ha condenado al pago de las costas a la parte demandante.

«Claro abuso del derecho»

El juez aprecia en la actuación de los responsables de la sociedad «un claro abuso del derecho», porque han tratado de aplicar una cláusula contractual de prohibición para realizar obras, cuando la intención de las dos cooperativistas era evitar que la situación administrativa se dilatase en el tiempo. En su sentencia añade además que de la actuación de ambas mujeres se podría beneficiar el resto de cooperativistas.

«No ha quedado acreditado ni siquiera indiciariamente cuál es el perjuicio irrogado a la cooperativa, y que ampararía la resolución del contrato. No debe olvidarse que doña Milagros y doña Maura son cooperativistas y preadjudicatarias de las viviendas; por tanto las obras tendentes a obtener la mencionada licencia no sólo las beneficiaría a ellas de manera individual, sino a la cooperativa como entidad jurídica y a todos sus miembros», dice el fallo.

El magistrado va mucho más allá y califica de «antisocial la conducta» de la dirección de la Cooperativa, «que pretende ampararse en la tutela judicial para resolver el contrato, y obligar a las demandadas a entregar la posesión de las fincas, retirando los objetos allí depositados cuando es previsible que se conceda por el Ayuntamiento de Fuensaldaña la licencia, en un plazo breve de tiempo».

Aunque el juez apunta esta circunstancia, lo cierto es que la licencia de primera ocupación sigue sin otorgarse después de un año. En diciembre del 2012, los socios trataron de escriturar las casas antes de que venciese el plazo del 31 de diciembre, fecha en la que entraba en vigor la subida del IVA en seis puntos (10%) para las nuevas viviendas compradas en 2013. Esta, sin embargo, no se pudo materializar.