Dos de cada tres alcaldes que incumplen con el Procurador del Común tampoco atienden a tiempo al Consejo de Cuentas

El Procurador del Común de Castilla y León tiene un Registro de Entidades no Colaboradoras y el Consejo de Cuentas una sección de Estadísticas de Rendición de Cuentas. El cruce de ambos ficheros da como resultado una lista de 56 municipios que han obligado al Defensor del Pueblo autonómico, Javier Amoedo, a archivar quejas de ciudadanos sin investigar porque no le han remitido información ni permitido el acceso a los expedientes afectados y que, a la vez, o no presentan cuentas para que las fiscalice el Consejo de Cuentas, que preside Jesús Encabo, o lo hacen fuera de plazo.

Entre los 56 destacan varios ayuntamientos potentes. Hay tres capitales de provincia, León, Zamora y Soria, y Burgos se salva por la mínima, porque ha enderezado el envío de sus arqueos presupuestarios al organismo fiscalizador. Hay también municipios urbanos como Ponferrada, Medina del Campo o Miranda de Ebro.

Para intentar atajar la falta de cooperación, Amoedo promovió en 2010 la creación de un Registro de Entidades No Colaboradoras en su página web. Incluye a aquellos que no remiten la documentación y también a las administraciones que no contestan si aceptan o no sus resoluciones.

En el Consejo de Cuentas de Castilla y León han más allá. Las Cortes tramitan actualmente una Ley de Reforma de las Instituciones Propias de la Comunidad que afecta a las dos anteriores y también al Consejo Consultivo y al CES. Pues bien, el Consejo de Cuentas pidió formalmente a la Junta que incluyera un artículo para permitir imponer multas coercitivas a las administraciones reticentes a remitir las cuentas.

Hacer oídos sordos a estas dos instituciones no es un mero desplante administrativo. No es una cuestión menor. Quienes lo hacen eluden el control del gasto y la gestión pública.