La Junta revisará con Industria la posibilidad de ampliar el plazo de solicitud de continuidad de la central de Garoña

El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, solicitará al ministro de Industria, José Manuel Soria, aclaraciones sobre la negativa del Gobierno central de ampliar en dos meses el plazo a Nuclenor para presentar la solicitud de renovación de la licencia de explotación de la central de Garoña tal y como había demandado la empresa. La Junta aboga por la concesión de dicha ampliación siempre y cuando ello no incurra en ilegalidades o en la imposibilidad de contar con tiempo suficiente antes de su anunciado cierre en junio de 2013 para llevar a cabo las reformas que garanticen su seguridad y que suponen 120 millones de euros, una inversión que a Nuclenor solo le interesa si hay garantías de rentabilidad . Así lo acaba de anunciar el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Finalmente, y pese a la confusión creada porque el Ministerio de Industria había anunciado unas horas antes del fin del plazo que estaba previsto que Nuclenor presentara solicitud, esta empresa cumplió el plazo, a las 24 horas del día 5 de septiembre, sin entregar su petición de continuidad y no lo hizo, según un comunicado de la propietaria de la planta nuclear burgalesa, porque desconoce cómo afectarían a la central las nuevas condiciones

que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear. En el texto se asegura que, en caso de que se despejaran las incógnitas en torno a la viabilidad

económica de la planta, Nuclenor podría solicitar la renovación. Técnicamente, asegura «Garoña reúne todas las condiciones para continuar operando de una manera

fiable y segura, como reiteradamente han señalado tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como la Agencia Internacional de la Energía Atómica». En cuanto a la posibilidad, dado que Castilla y León está revisando el mapa financiero, de aplicar una tasa a la central, De Santiago-Juárez insistió en que «esto nunca había sido una propuesta del Gobierno autonómico».

Subvenciones

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un importe total de 4.919.221 euros destinadas a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que forman parte de la Red de Intervención en Drogodependencias de Castilla y León. Esta cuantía, unida a los más de 1,5 millones concedidos en abril, suma un total de 6,5 millones de euros en 2012, destinados a financiar los servicios de asistencia, integración social de drogodependientes y programas de prevención. Asimismo ha dado luz verde a subvenciones por un importe total de 837.834 euros a CCOO y UGT, y la Confederación de Empresarios de Castilla y León (CECALE) para llevar a cabo actuaciones relacionadas con la emancipación juvenil, programas de igualdad positiva de la mujer y de prevención de drogodependencias en el ámbito laboral y a una partida presupuestaria de 303.000 euros destinada a adquirir implantes cocleares pediátricos para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.