«La inversión pública en obras que puedan ejecutar las pymes genera mucho más empleo que llevar el Ave a Galicia»

La construcción es uno de los sectores de la actividad económica que más ha sufrido los efectos de la crisis, sobre todo la edificación residencial, hoy prácticamente parada como consecuencia de la caída de la demanda y de la existencia de un gran número de viviendas vacías y a la venta que pesan sobre el balance de los bancos.

El resto de las áreas de actividad del sector también se han resentido porque con la caída de la compra de viviendas, la principal fuente de ingresos de las administraciones públicas se ha secado. Los constructores proponen una fórmula alternativa que, en sus cálculos permite a la Administración Pública mantener un mínimo de inversión y a las empresas mantener la actividad económica, incluso generar empleo. La fórmula es la de la colaboración público privada que centra sus esfuerzos en mantener la obra civil y pública sufragada directamente por los ciudadano.

La fórmula, afirman, tiene ventajas, ya que la infraestructura la soportan sobre todo quienes la utilizan, mientras el Estado puede rebajar su inversión en la misma y posibilitar que con el mismo dinero se ejecuten más obras. El objetivo final, mantener y generar más empleo.

El presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Emiliano Alonso Ortiz, intenta que este método de contratación se extienda por las administraciones públicas y en los últimos meses explica sus bondades a las autoridades. Algunas le han atendido, como la ministra de Fomento, Ana Pastor, pero Alonso reconoce que, a pesar de ello, el método tiene escaso peso en los procedimientos administrativos.

¿Es un buen momento para plantear cambios en las fórmulas de contratación públicas?

Vivimos un momento de cambio y hay que reconducir los procedimientos. Las directrices de la colaboración público privada las explicamos desde hace algo más de un año, pero no encontramos la sintonía necesaria en los ministerios. Hemos solicitado reuniones con las administraciones y, lejos de llevarse a efecto, tenemos que aprovechar las celebraciones, los actos públicos para acercarnos y contar esto.

¿En qué consistiría el cambio?

Las inversiones se han reducido en un 80%. Tenemos un 20% disponible. ¿Qué hacemos para generar empleo? Nos gustaría multiplicar este volumen por cinco, para volver a los estándares de inversión de años anteriores y para esto existe un procedimiento: la colaboración público privada. Tenemos que desarrollar las contrataciones y los proyectos por el procedimiento de la colaboración público privada.

¿Sustituiría a los métodos de contratación habituales?

No todos los proyectos son susceptibles para aplicar este procedimiento. Se corresponde con proyectos que tengan un retorno, que sean viables y fiables. Los únicos que se deberían acometer en momentos como estos.

¿Para qué proyectos puede utilizarse entonces?

Los susceptibles de pago por utilización. Si tiene viabilidad y fiabilidad va a ser atendido por los bancos y por las empresas. Ese 20% que el Estado prevé invertir, si se aplica a proyectos de colaboración público privada el 80% restante sería responsabilidad de las empresas, de los bancos y de los propios ciudadanos. Se trata de acometer proyectos con retorno. Si lo tienen, es fácil, no hay problema. Los bancos siempre han atendido la demanda fiable. Siguen prestando dinero a quien es fiable y viable.

¿Qué tendría que cambiar entonces en las administraciones?

La Administración tiene que estudiar proyectos con este significado. Los técnicos que en este momento se encuentran sin mucho trabajo en la Administración pueden estudiar proyectos de este tipo. Hay muchos: abastecimientos de agua, saneamientos, regadíos, regeneración urbana, eficiencia energética y otros susceptibles de pago por utilización, como depuradoras y potabilizadoras. Daríamos un sentido a técnicos que ahora no tienen ningún cometido y se podría multiplicar por cinco esa inversión.

Así, sin más.

¡De momento puede que no sea por cinco, pero será por dos, por tres o por cuatro! Este sistema no computa déficit porque la inversión que se lleva a cabo es el 20% previsto en los Presupuestos Generales del Estado. No hay mayor aportación de dinero público. Ni hay que ir a Europa a por ello. Ni computa déficit ni genera endeudamiento. No crea algún nuevo tipo de problema que termine por empeorar la situación, porque el objetivo es mejorarla.

¿La propuesta introduce un elemento nuevo en la contratación?

No es un procedimiento nuevo. La colaboración público privada existe desde hace tiempo. La ministra de Fomento, Ana Pastor, me dijo que el Ministerio lo utiliza. Y es verdad, pero en los regímenes concesionales. En grandes obras para grandes empresas. Ese no es el sentido necesario ahora. Resulta más útil este procedimiento para pequeñas y medianas obras en las que pueden participar pequeñas y medianas empresas que llevar el Ave a Galicia, que no va a reportar nada en este momento. Las pymes somos las responsables del 90% del empleo. Y hay que generar empleo.

Aplicación inmediata

¿Cómo se haría?

Nuestro sector es un posible motor para reactivar la economía. Genera empleo de forma inmediata y podemos aprovechar lo que está en los presupuestos adaptándolo a la colaboración público privada. Dispondríamos hasta fin de año, para que 2013 se afronte con este tipo de contratos. Hay que cambiar el procedimiento, como hay que cambiar muchas cosas en España.

¿Qué diferencia este procedimiento de aquel Plan E del 2009?

En el Plan E el dinero lo ponía la Administración. Computaba déficit. Pensamos en un procedimiento en el que no haya aportación de dinero público. No computa déficit. De otra forma no se va a poder invertir. No nos va a dejar hacerlo Europa. La única solución es invertir sin computar déficit para generar empleo y el único procedimiento es este.

¿De qué manera se puede aplicar en Castilla y León?

Por ejemplo; hay que hacer más de mil depuradoras, que se pagan por utilización. Hay que estudiar su viabilidad. Que se vaya a la instalación con un mantenimiento más fácil, con filtros verdes, las macrofitas... Tiene que aparecer el ingenio. Ese proyecto, si es viable, si metido en números y pagado en un periodo de tiempo en las tasas del ciudadano... pues creo que es un procedimiento bueno. Salen regadíos con toda la inversión. Cuando sí se lleva a cabo es porque tiene retorno, mejora la productividad. Se podría meter en cada proyecto solo el 20% del total de presupuesto y hacer cuatro más con esa cantidad.

Regadíos y abastecimientos

Es cuestión de viabilidad.

Sí. Otro ejemplo; las calderas de la calefacción de los edificios de la Universidad de Valladolid. Sale un proyecto por valor de 10 millones de euros para instalar sistemas que permitan el uso como combustible de la biomasa, de los residuos de la madera. Se cambia porque hay un ahorro del 20%. Hay retorno. Y si existe retorno, el proyecto es viable. Cualquier banco y cualquier empresa estarían dispuestos a entrar en ese proyecto. Con esos diez millones se podrían hacer cinco veces más proyectos. Ejemplos como este se pueden encontrar en la extensión de los regadíos, en los abastecimientos de agua potable...

¿Lo entendería el ciudadano?

La reparación de la Dársena del Canal de Castilla para el abastecimiento de agua a Valadolid tenía un presupuesto de 5 millones de euros y se anuló el proyecto. No hay dinero. Hemos propuesto a la Junta que se pase a colaboración público privada. Cinco millones dividido entre los 400.000 habitantes de Valladolid y su entorno, y durante diez años, supone una cantidad muy, muy pequeña al mes en el recibo del agua. Haces una inversión y generas empleo. Creo que el ciudadano lo entiende si genera empleo.

¿Y en la construcción se puede utilizar este mismo método?

Hay que cambiar el 'chip'. No hay que proyectar grandes Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) donde el ciudadano tiene que poner un dinero para rehabilitar su piso, no. Hay que explicar al ciudadano la valoración de su edificio y presentarle un proyecto con la valoración equivalente a la mejora y la posibilidad de abonar esa cantidad en un plazo prolongado de años, quince, por ejemplo. La regeneración urbana tiene como posibles candidatos a más de 700.000 edificios en los que la nueva Ley de Derecho a la Vivienda obliga a que se pase una inspección técnica y que se cumpla la ley. Esto permitiría al ciudadano sentirse colaborador con el país para salir de la crisis.

¿Aquí sí que es necesaria la financiación privada?

En esta acción no solo interviene la Administración y el ciudadano, también son importantes los bancos. Hablamos de cantidades pequeñas comparado con las deudas bancarias que existen en España. Con una cifra de inversión de entre 15.000 y 20.000 millones mediante esta fórmula crearíamos empleo y pondríamos al país en otra situación diferente. Si pensamos en los 700.000 millones de deuda de los bancos, hablamos de una cantidad muy pequeña en comparación.

¿Cuál ha sido la actitud de las administraciones?

Entiendo que lo saben parte de nuestros dirigentes, porque se lo he dicho a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo y al consejero de Fomento, Antonio Silván. Observo cierta resistencia a ponerla en marcha. Pero si no tomamos medidas de este tipo vamos a tener un año peor del que hemos pasado. En nuestro sector acumulamos en la actualidad un paro superior al 50%. De los 140.000 trabajadores permanecen en activo menos de 70.000, lo que quiere decir que la situación del sector es dramática. Pero si se pone en marcha un procedimiento de este tipo esto se regenera de inmediato. Hemos encontrado sintonía en la Consejería de Agricultura, donde la consejera Silvia Clemente ha hecho alguna declaración de que va a emplear este procedimiento, también con Ana Pastor pero no acaba de decidirlo para las pequeñas y medianas obras.

Lucha contra el fraude

¿Es la única solución?

No, consideramos importantísimo que se esfuerce la lucha contra la economía sumergida. El fraude es combatible. Y creo que, lejos de recortar en el número de funcionarios, hay ministerios y consejerías donde habría que reforzar la plantilla. Hay que buscar funcionarios capacitados y reconducirlos a tres ministerios y tres consejerías que serían: Justicia, Trabajo y Hacienda. Si queremos perseguir la economía sumergida, la Justicia no puede tardar en resolver los casos tantos años, el Ministerio de Trabajo tiene que vigilar todas las actividades, no solo las del sector de la construcción, porque la economía sumergida no está solo en este sector, está en todos. Si la economía sumergida aflora supondría en impuestos 70.000 millones, en un solo año. Más que la cantidad destinada al rescate de los bancos. Quizá sería bueno convencer al ciudadano para que pida las facturas de sus servicios si después las puede desgravar o recupera esa cantidad en su declaración de la renta.

El suyo es un mensaje de optimismo.

Porque lo veo clarísimo. Porque si se le explica al ciudadano que va a pagar una pequeña cantidad en sus recibos de servicios que sirven para generar puestos de trabajo en el desarrollo de esos servicios también le va a parecer bien. Creo que es un momento tan importante que si podemos hacer algo por España, debemos hacerlo.