Los abogados creen que la subida de las tasas limita el derecho a la defensa

El anteproyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de revisar las tasas judiciales que se pagan por acceder al servicio de la Administración de Justicia ha encendido los ánimos de los abogados y profesionales de Palencia, que ven cómo una medida como la propuesta, que pretende reducir el número de pleitos y descongestionar los juzgados españoles, puede incidir gravemente en el desarrollo de su ejercicio profesional.

La propuesta del Ministerio de Justicia, que se produce diez años después de que el Gobierno estableciese una tasa aplicable a determinadas personas jurídicas, busca disuadir del abuso de los órganos jurisdiccionales por parte de empresas y ciudadanos mediante el pago de una determinada cantidad por pleitear en segunda instancia, o lo que es lo mismo, cobrar una tasa cada vez que se quiera presentar un recurso.

Si hasta ahora la mayoría de este tipo de tasas eran abonabas solo por las grandes empresas (que si ganaban el pleito repercutían este pago en las costas del contrario), el Ministerio pretende que sean también los particulares los que paguen cuando recurran a un segundo tribunal de vía civil, y en las jurisdicciones de lo Social y Contencioso-administrativo. De este modo, una reclamación de una deuda a un proveedor, un desahucio, o un recurso contra una administración pública comportará el abono de un precio fijado para su tramitación.

El decano del Colegio de Abogados de Palencia, Daniel Ibáñez, ha expresado su rechazo a este anteproyecto de ley de revisión de tasas, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de marzo. Este órgano hace suyo el pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía de España que sostiene que para frenar la litigiosidad el medio no es poner barreras en forma de tasas para acceder a la justicia. «Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos intereses y pretensiones, tal y como reconoce la Constitución, y no se puede impedir ese acceso por medio de un sistema de tasa que perjudica a quienes tienen menos medios económicos», dicen desde la Abogacía Española.

Un argumento que está completamente respaldado por el representante de los letrados de Palencia, que insiste en que estas tasas pretenden un único objetivo: restar trabajo a los juzgados. «Se están tomando medidas e todo tipo con la única finalidad de reducir el trabajo de los juzgados. Primero, se plantea que los notarios puedan tramitar las separaciones y los divorcios, procesos que por otra parte seguirán con la asistencia letrada y se necesitará un abogado, luego solo pretende restar trabajo a los juzgados. un porcentaje muy alto de los ciudadanos decidirá no presentar un recurso de apelación», augura.

Parece claro que si los ciudadanos tienen que pagar se lo pensarán dos veces a la hora de recurrir en los tribunales. Un ejemplo disuasorio son los expedientes para los desahucios, en donde la ley de Enjuiciamiento Civil establece que para poder recurrir un fallo relacionado con el desalojo, el arrendatario deberá estar antes al corriente de las rentas que paga al propietario. Si no se paga, no puedes recurrir. La medida, acordada hace unos años, ha conseguido frenar los litigios en este ámbito jurisdiccional.

Con las nuevas tasas, el Ministerio de Justicia pretende reducir el número de asuntos en los tribunales. Daniel Ibáñez asegura que, en el caso de Palencia, los recursos ante instancias superiores en procesos civiles se han reducido en los últimos años. «Ya existía un pago que eran las costas y, el miedo a pagar las costas, que son elevadas, ha frenado a muchas personas a la hora de presentar un recurso ante una instancia judicial superior por el miedo a tener que asumir las costas. Está claro que ahora, con estas medidas, la gente va a pleitear mucho menos, pero eso también supone un recorte de un derecho fundamental a la administración de justicia», agrega Daniel Ibáñez. Como ejemplo ilustrativo, el decano del Colegio de Abogados explica que una reclamación de 6.000 euros exige una tasa de 300 euros, que no será recuperada, y que se eleva a 800 si se presenta recurso. «En definitiva, un freno para cualquiera que se plantee acudir a una instancia superior», asegura.