El Supremo anula el programa regional de instalaciones para tratar residuos industriales

El Tribunal Supremo, en sentencia firme, ha anulado parcialmente el Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010, en concreto el progama de infraestructuras. El Alto Tribunal confirma en este punto el fallo que emitió el Tirbunal Superior de Justicia de Castilla y León en el año 2007 y que recurrió la Junta, a la que se condena ahora también a pagar las costas del proceso. La sentencia se basa en que el Gobierno autonómico no concretó, al elaborar el plan regional, el mapa de localización de plantas, vertederos e incineradoras, algo que los magistrados consideran esencial para cumplir la legislación vigente y velar por la protección de la salud pública y del medio ambiente. El proceso lo ha llevado adelante la asociación Ecologistas en Acción, que pedirá al actual consejero de Fomento y Medio Ambiente, el cierre de las instalaciones afectadas al quedarse sin cobertura legal las autorizaciones que les otorgó la Junta.

La anulación parcial afectaría a 19 plantas que están en funcionamiento, con autorización o en proceso de conseguirla y con informe favorable de la Junta. Este último caso es el de la incineradora de residuos industriales no peligrosos de Ampudia, en Palencia. Luis Oviedo, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla y León, instó al nuevo consejero, Antonio Silván, a dar un giro en la política que sigue la Junta cuando una sentencia firme anula una autorización de una instalación. «Hasta ahora se han buscado recovecos para contradecir lo que marcan las sentencias aprobando leyes singulares en las Cortes», explicó Oviedo, quien destacó que lo único que piden a los responsables de la Junta es «que se atengan a las leyes que ellos mismos aprueba».

Las instalaciones afectadas están ubicadas en Venta de Baños (Palencia); Ólvega (Soria), donde hay una planta de tratamiento de disolventes; la ampliación del vertedero de residuos peligrosos de Santovenia de Pisuerga; plantas en Medina de Pomar (Burgos) y Carrión de los Condes y Mantinos (Palencia); en San Esteban de Gormaz (Soria), Medina del Campo y Quintanilla de Onésimo (Valladolid); La Robla, Villadecanes, Cubillos de Sil y Páramos de Sil (León); y Fresno de la Ribera (Zamora). Se trata de tratamiento de escorias de plomo, incineradoras en las cementeras, vertederos en las centrales térmicas o plantas de preparación de combustible a partir de residuos peligrosos.

El consejero Antonio Silvan ha destacado desde Burgos que «respeta» las decisiones judiciales y que su departamento trabaja en una nueva normativa que «salva y corrige» esta situación y se mostró partidario de hacer compatible la defensa del medio ambiente con el desarrollo económico.