La Diputación de Zamora, «obligada» a renunciar a una ayuda de 1,9 millones de euros concedida por la Unión Europea

La Diputación de Zamora se ha visto «obligada» a renunciar a una ayuda de más de 1,9 millones de euros concedidos provisionalmente por la Unión Europea para un proyecto de energías renovables y almacenamiento, debido al «retraso» en la resolución, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según señaló el presidente de la Institución provincial, Javier Faúndez.

El máximo responsable de la Diputación de Zamora explicó hoy las circunstancias que rodean a esa ayuda a los representantes de los 62 ayuntamientos beneficiarios del programa de 'Proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento', financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU. También participaron en la reunión la vicepresidenta tercera y diputada de Fondos Europeos, Amaranta Ratón, y técnicos de las Institución provincial.

«El retraso en la resolución, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hace prácticamente inviable que se puedan ejecutar los 1.913.619 euros concedidos provisionalmente de los 4.170.541,59 solicitados para el proyecto», señaló Faúndez Domínguez.

«La Diputación presentó la solicitud de la ayuda el pasado 18 de noviembre del 2025 y la convocatoria recoge un plazo de tres de meses para dictar la resolución, por lo que ésta se debería haber realizado el pasado mes de febrero. En cambio, el Ministerio ha comunicado a la Diputación la resolución provisional el pasado 2 de junio, con más de tres meses de retraso», añadió.

De esta forma, teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil y que, posteriormente, habría que redactar el proyecto, exponerlo al público, firmar los convenios con los ayuntamientos -que también deben ingresar el porcentaje de financiación que les corresponde-, sacar las obras a licitación con la activación de los procedimientos antifraude correspondientes y ejecutar las actuaciones, la tramitación administrativa «hace que sea inviable el programa, dado que todas las obras deberán estar ejecutadas y justificadas antes del 31 de marzo».

«Estos plazos no se podrán cumplir y tampoco está garantizada la posibilidad que se conceda una prórroga, por lo que, si no se producen cambios en las actuales circunstancias, la Diputación deberá renunciar a esta ayuda debido a los plazos impuestos en la convocatoria y al retraso en resolverla por parte del Ministerio», concluyó.

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