Un cargo de la Junta en Zamora ve «incompatible» autorizar parques solares a familiares

"Si mis hijas se dedicasen a eso, me tendría que abstener porque sería incompatible". La sucesora en la Junta de Castilla y León de José Francisco Bahamonde Salazar como jefe del Servicio Territorial de Industria de Zamora, Carmen Rodríguez Maseda, apuntó ayer a la existencia de una incompatibilidad para firmar autorizaciones de instalaciones fotovoltaicas en la provincia mientras se es jefe de Industria para un hijo o un familiar.

Es más, la actual secretaria territorial de la Junta en Zamora, que sucedió a Bahamonde en la Jefatura de Industria en el año 2008, aseguró que de haber estado ella en el lugar de su antecesor, acusado de negociaciones prohibidas a funcionarios y de cohecho, se hubiera abstenido de autorizar instalaciones a las sociedades en las que aparecía su hijo, Javier Bahamonde González, quien fuera asesor jurídico de Pevafersa, también acusado en la denominada como trama solar, aunque en este caso de un delito de tráfico de influencias.

A preguntas del fiscal jefe de Zamora, Rafael de Vega, quien ejerce la acusación, aseguró que entiende que es totalmente incompatible. "Yo así lo veo y desde luego, yo tendría claro en abstenerme", afirmó. "Si hay un mínimo de incompatibilidad, yo desde luego me abstendría".

Explicó Carmen Rodríguez que cuando hay un procedimiento administrativo y se tiene un parentesco determinado, la persona debe abstenerse de tramitar el expediente. Es la causa de excepción, según explicó a preguntas de la Fiscalía.

Tras sustituir al exjefe de Industria el 11 de marzo de 2008, la actual secretaria territorial de la Junta recibió la orden de que se revisaran los expedientes de las autorizaciones de parques fotovoltaicos en la provincia. Tuvieron que revisar todos los nombres y las sociedades que aparecían en 1.300 expedientes y localizaron a personas que eran funcionarios de la Junta y en algunos que aparecían Javier Bahamonde y la socia de este y amiga del padre, Blanca Blanco Blanco, acusada también de tráfico de influencias.

Aseguró la exjefa de Industria que el trámite de las autorizaciones era absolutamente reglado y entiende que no había posibilidad de agilizarlo.

Carmen Rodríguez Maseda fue uno de los doce testigos propuestos por la acusación del Ministerio Fiscal que ayer, en la tercera jornada del juicio, desfilaron y declararon en la sala de la Audiencia Provincial de Zamora.

Compareció también otra funcionaria de la Junta, Carmen Quintana, quien trabajaba en aquellos años en el Servicio de Industria como jefa de la Sección de Industria y Energía. Recordó que había dos funcionarios que eran ingenieros técnicos que se encargaban de los expedientes y que llevaban la tramitación desde el principio hasta la firma por el jefe de Industria. Declaró también que se trataba de una tramitación tasada y que Bahamonde, como jefe suyo, nunca le pidió ningún dato especial sobre las empresas de Vicente Fernández Manso, quien fuera presidente de Pevafersa y con quien firmó un contrato privado el 10 de octubre de 2006.

A la pregunta del fiscal de si Bahamonde tenía obligación de comprobar qué empresas solicitaban esas instalaciones de huertos solares, la funcionaria aseguró que obligación por ley o por decreto no tenía.

En este sentido, Josefina Hernández, secretaria técnica del Servicio de Industria desde 1982 a 2008, cuando se jubiló, aseguró que cada sociedad presentaba a la Administración su escritura y que en ella, aparecía el nombre de un montón de propietarios. Explicó que eran los técnicos de la Sección de Industria los que llevaban los expedientes, mientras que el jefe del Servicio se encargaba de las autorizaciones. "Normalmente al jefe de Servicio se le pasaba una carpeta de firmas, no los expedientes porque eran muy amplios y voluminosos y se dejaban en la Sección", apuntó sobre un procedimiento de autorización que también calificó como reglado y tasado por ley.

Aseguró además que en el caso de las fotovoltaicas se hacían trámites en la Dirección General de Valladolid, por lo que no todos se hacían en la Delegación Territorial de Zamora. "No se podía pasar al siguiente paso sin pasar el anterior. Era todo reglado y no se podían agilizar los trámites porque tenías que tener todos los permisos", afirmó. "Normalmente", según narró, el jefe de Industria tampoco sabía cuándo entraba la solicitud en el registro al tratarse de un registro general de la Junta.

La abogada de la defensa, María Dolores Márquez de Prado, preguntó a la testigo si había posibilidad de favorecer a alguien en la firma de alguna autorización. La exfuncionaria de la Administración respondió que no. "Yo entiendo que tenían que tener los documentos y los requisitos que se exigían para poderse autorizar y se tenían que seguir todas las tramitaciones", manifestó.

Entre las personas que fueron citadas ayer a declarar, estuvo el expresidente y exconsejero de Pevafersa Antonio Berdión, quien aportó a la Fiscalía el contrato firmado el 10 de octubre de 2006 que encontró dos años después en los cajones de la empresa toresana y que dio lugar a toda la investigación. "Era el presidente en ese momento y hablamos con el equipo jurídico y me aconsejaron que lo trajera a la Fiscalía", explicó.

Sin embargo, no le consta que ese contrato que firmaron José Bahamonde y el jefe de Distribución de Iberdrola, Agustín de la Fuente, con Pevafersa, tuviera algún efecto. No tiene constancia tampoco, según declaró, de que Sol Sayago llegara o no a dar beneficios ni de que Bahamonde hubiera beneficiado a las empresas en las que su hijo, también encausado, tenía participación.

Antes de entrar en el juicio, Antonio Berdión explicó a los medios que entregó el documento y no se paró mucho a pensar porque en aquella época tenía muchos problemas en Pevafersa para poder pagar a los trabajadores, a los que se les debían varias nóminas. "Para mí lo importante era presentarlo aquí, colaborar con la justicia y nada más", explicó sobre un contrato "donde se recogían unas participaciones de una sociedad" y que le llamó la atención por las personas que en él figuraban.

Hoy, después de escuchar ayer a la docena de testigos propuestos por la Fiscalía, declararán los propuestos por los abogados de la defensa. Entre ellos, no estarán ni el exconsejero de Industria, Tomás Villanueva, ni el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro, tras la renuncia de la defensa.