Las universidades reconocen «sus reticencias» a colaborar en programas con Defensa

«Tenemos que dejar la hipocresía a un lado a la hora de ponernos a trabajar en proyectos de Defensa. No puede ser que grupos de la universidad trabajemos en programas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o Colombia, y no para las españolas. Hemos perdido bastantes oportunidades para obtener financiación del Ministerio de Defensa para nuestros proyectos».

De este modo definió el vicerrector de la Universidad de Valladolid (UVA), Óscar Martínez Sacristán, la escasa relación que los investigadores universitarios mantienen con proyectos que auspicia el Ministerio o la UE. Martínez, que es doctor en Ciencias Físicas y profesor especializado en materiales semiconductores mediante técnicas ópticas, describió algunos de los tópicos de la relación entre el mundo universitario y el castrense.

«Unas reticencias», como así las definió en su intervención el responsable de la UVA desde mayo ante más de 200 mandos militares, científicos y representantes de las mercantiles tecnológicas, que participan desde el martes en el VI Congreso Nacional de Defensa y Seguridad, que encuentran justificación en los propios estatutos de la UVA.

«Está claro que hay reticencias de algunos investigadores y en la sociedad de fijar cuál es el papel del Ministerio de Defensa y en qué investiga. Es cierto que no somos aquel país con el Ministerio de la Guerra, sino que los militares defienden la Constitución y a los ciudadanos en todos los aspectos, pero quizás la parte armamentística suena mal en la sociedad», justificó el vicerrector de la UVA, que se comprometió a cambiar en el futuro esta relación.

Esa fue una de las ideas centrales de la mesa plenaria de ayer, donde se debatió la 'Investigación de aplicación a Defensa y Seguridad', y se recordó que históricamente muchos de los avances científicos han partido inicialmente del ámbito militar, trasladándose luego a la esfera civil.

Un ejemplo de ello son algunos de los trabajos presentados estos días en Valladolid, que versan sobre procesos de degradación de los materiales energéticos sometidos a largos periodos de almacenamiento, sensores acústicos, dispositivos de protección ante descargas eléctricas, la visión artificial, los sistemas de amortiguación para trenes aterrizaje, o la gestión de los bancos de sangre.

En este sentido, el profesor de la Universidad de Salamanca, Luis Roso, expuso el avance «del láser más potente de España», capaz no solo de derribar misiles, sino que sirve para el sector médico. En esta relación, el director del Centro de Láseres Pulsados (CLPU) expresó su temor a la «confidencialidad de los proyectos», que piden los militares.

Durante el debate, en el antiguo picadero de la Academia de Caballería, hubo reproches hacia la Administración, por la falta de planificación y continuidad de los presupuestos destinados a investigar. Unas críticas que la directora general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Teresa Riesgo, asumió.

«Es cierto que deberíamos sacar las inversiones en materia de ciencia del debate político. En otros países de Europa, la programación se hace bianual, y no está sometida a discusiones externas. Este es un cambio de cultura de país al que deberíamos aspirar todos», explicó Riesgo. Para ratificarlo, la responsable del departamento que dirige Pedro Duque señaló que el Plan de Programación para la Investigación del 2018 «se publicó la semana pasada», algo que no facilita la organización.

Profesor emérito de la UVA, físico, ingeniero industrial, economista y exdirector de Carrocerías en Renault, José Ramón Perán, está considerado un promotor de la aplicación de los avances tecnológicos a la industria. Ahora dirige Cartif con 170 investigadores, y sostiene que no se puede desaprovechar ninguna fuente de recursos.

«Los investigadores tratamos de resolver los problemas de funcionamiento de las empresas, con un proyecto aplicado. Y el sector de la defensa ha sido la punta de lanza de la tecnología, que luego se transfiere la sociedad civil», explicó José Ramón Perán, que consideró «una ceguera voluntarista» no utilizar los recursos de Defensa.

Durante el encuentro de ayer, intervieron también Juan Carlos Merino, director de Cidaut, en el Parque Tecnológico de Boecillo, y Luis Fernández, responsable de Operaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), un organismo con sede en León, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, y que está dedicado a combatir los ciberataques a sociedades y administraciones públicas. Fernández señaló que colaboran con los Cuerpos de Seguridad del Estado para «combatir además la pornografía infantil, el terrorismo o el tráfico de drogas».