«Ahora hay tres veces más papel en los juzgados que antes del expediente digital»

El juez Emilio Vega, en su despacho de la sede de Angustias. /Ramón Gómez
El juez Emilio Vega, en su despacho de la sede de Angustias. / Ramón Gómez

El magistrado Emilio Vega González reclama un servicio de transcripción «como en el Congreso», porque la grabación de las vistas y declaraciones «retrasa los procedimientos»

M. J. PASCUAL

Constata el magistrado Emilio Vega González (Cervillego de la Cruz, 1966) que «incluso aquí, donde se funciona razonablemente bien», desde la implantación del expediente digital «hay tres veces más papel que antes en los juzgados» y, lo que es peor para el ciudadano, «se tarda tres veces más en poner una sentencia». El fracaso del 'papel cero' (impuesto desde enero de 2016 como proyecto estrella del entonces ministro Rafael Catalá) obedece, según el recién elegido decano de los jueces de Valladolid, a que «nos han querido comparar con una Administración 'normal' y en Justicia no se trabaja igual: aquí hacemos un trabajo muy artesanal, no aplicamos plantilla». Reivindica que los medios se adapten al trabajo diario, como ocurre con el sistema de grabación de las declaraciones. «Imagina la instrucción de una causa compleja como las de corrupción, con horas y horas de grabaciones, cuando llega un recurso a la Audiencia Provincial y se tienen que escuchar todas. Eso supone que se necesitan horas y horas para resolver un asunto. Sería más rápido si hubiera un sistema de transcripción, como ocurre en el Congreso, con la estenotipia informatizada, que sería una herramienta muy útil para agilizar nuestro trabajo».

–¿Las reivindicaciones de los jueces decanos viven un eterno día de la marmota, ante el escaso eco que tienen?

–Sí, incluso hoy, con una ministra de Justicia que participó activamente en la última huelga de jueces y fiscales. Los decanos son el reflejo de la carrera judicial, de los 5.000 jueces españoles, de distintas ideologías pero con el concepto de que es un poder del Estado, y eso nos frena a la hora de hacer movilizaciones o presiones. Hay compañeros que consideran que, como un poder del Estado, no tenemos derecho a la huelga. Creo que tenemos que tener capacidad de presión. En el Congreso son los diputados los que se autorregulan el sueldo, pero en el poder judicial es el Ministerio de Justicia quien fija lo que vamos a ganar o lo que se paga por guardias o dietas. Desde el momento en que nos imponen unas condiciones laborales, alguna capacidad de presión tendremos que tener. A veces, nos quedamos en cosas pequeñas, fundamentalmente porque no tenemos autonomía presupuestaria. El poder judicial, que somos los jueces que ponemos las sentencias y no el Consejo General del Poder Judicial, que es su órgano de gobierno, no tenemos autonomía presupuestaria. Ni siquiera decidimos donde hay que poner un juzgado. Si le unimos que hay un cierto inmovilismo tradicional en la carrera...

–Ante la falta de respuesta, ¿vislumbra en el horizonte una nueva huelga de togas?

–Se está hablando ya de la fecha del 19 de noviembre, aunque al final no sé si se mantendrá. Las huelgas se hacen como mecanismo de presión, y no creo que un solo día sea eficaz, más allá de lo que puede significar como llamada de atención. La huelga tiene eficacia cuando se detienen los servicios. Aquí es muy complicado porque afecta a servicios esenciales. Da rabia. Ni siquiera el hecho de que se ponga en huelga un colectivo tan inmovilista como los jueces hace que los políticos tomen medidas. A nosotros nos quitaron permisos por asuntos propios a raíz de la crisis y se suprimieron al mismo tiempo que al resto de la función pública. Todos lo han recuperado y nosotros no, y han pasado dos años. Todo esto denota una falsa sensibilidad del poder político hacia el judicial.

–¿Qué necesidades le han transmitido sus compañeros?

–En Valladolid, las cosas funcionan razonablemente bien si comparas con otros territorios, pero todo es mejorable. Los juzgados de lo social son los que se encuentran en estos momentos más saturados y por ello tienen refuerzos, puesto que abordan despidos que hay que resolver pronto. El mayor problema, en general, lo tenemos con la implantación del expediente digital. En mi caso los asuntos son de poco volumen documental y la mayoría se resuelven en juicios rápidos, pero imagina gestionar asuntos de corrupción, causas complejas, y tienes que ir abriendo carpetas y carpeta de archivos digitales que, si no están bien titulados... A veces, cuando tu trabajo depende de tanta gente, es ineficaz. En lugar de un fichero en el que tienes que ir abriendo documentos uno a uno, el expediente tendría que funcionar como los libros digitales, poder ir pasando las páginas sería más operativo para nosotros. Tal y como está ahora montado el sistema, el juez tarda más en poner una sentencia con expediente digital que sin él. Y si te quieres llevar el trabajo a casa para poner unas cuantas sentencias el sábado, hay problemas de conexión...

–Su primera acción...

–En las primeras reuniones que solicitaré con el gerente de Justicia le voy a plantear que se ponga en marcha un servicio común de registro y reparto de asuntos penales. En materia civil, el Decanato registra, pero no en materia penal. Ese nuevo servicio común tendría que tener un calendario de guardias. En la actualidad, son los funcionarios del juzgado de guardia los que se ocupan del registro y reparto de estos asuntos penales.

–¿Mantiene la reivindicación de la Ciudad de la Justicia?

–Es necesaria. La actual dispersión de sedes judiciales hace difícil la implantación de una oficina común. Creo que sí hay voluntad política de hacerla en el entorno de San Pablo, pero son muchos los obstáculos porque ni el Ayuntamiento ni el Ministerio son propietarios del inmueble. Mantienen el trámite de la expropiación y ojalá lo hagan cuanto antes.