El sospechoso del crimen de la niña de 4 años pide el traslado de cárcel

El varón sospechoso del crimen de la niña de 4 años ha solicitado que se le traslade de la prisión de Villanubla, donde ingresó el pasado viernes junto a la madre de la menor, Davinia M. G., de 37 años y natural de Pedrajas. Ambos permanecen en prisión preventiva, comunicada y sin fianza como presuntos autores de los malos tratos y la agresión sexual sufrida por la pequeña Sara, fallecida en el Clínico como consecuencia de la gravedad de las lesiones que presentaba en el momento de su ingreso en Urgencias Pediátricas.

Roberto H. H., de 36 años y natural de Medina del Campo, exmilitar del Ejército de Tierra destinado en Madrid y mecánico de helicópteros en un grupo empresarial especializado en proporcionar medios aéreos a las administraciones para emergencias sanitarias e incendios, ha manifestado a su asistencia letrada el temor a sufrir una agresión en el interior del centro penitenciario de Villanubla por parte de presos que le conocen, al ser del mismo pueblo. Hacía poco más de un mes que H. H. vivía en el domicilio de su pareja de la calle Cardenal Torquemada, en el barrio de La Rondilla, junto con las dos hijas de la mujer, de 4 y 12 años. Fue él quien, el pasado miércoles 2 de agosto, cuando se encontraba en el piso, llamó a la central de Emergencias 112 para solicitar una ambulancia porque la niña más pequeña había entrado en parada cardiorrespiratoria. En ese momento la madre, cabo de Transmisiones, se encontraba de servicio en el Palacio Real.

La muerte de la pequeña se produjo 24 días después de que el pediatra del hospital Campo Grande denunciara a la Policía que, tras examinar a la niña, esta podía ser víctima de un maltrato continuado. Sin embargo, los Servicios Sociales de la Junta no empezaron a actuar hasta el 24 de julio. Tan solo dos días antes, el viernes 21, había recibido, procedente de la Fiscalía y por la vía ordinaria, los informes sobre la pequeña. Las asociaciones de defensa de las víctimas de violencia de género ya han reclamado a las Administraciones que expliquen «la negligencia, pasividad e incompetencia» con que, consideran, se han enfrentado a este caso límite de desprotección, y pedirán en las Cortes y el Parlamento nacional que se investigue el fallo en los protocolos para exigir responsabilidades. La primera en comparecer será la consejera de Familia, Alicia García, en el Parlamento regional.