Valladolid

Un segundo sobrecoste dispara hasta los 18,7 millones la obra del antiguo edificio de Hacienda

Así, tras los 2,8 millones autorizados en marzo del año pasado para paliar problemas en la cimentación que no se conocían y que sumaron seis meses más a la obra, el coste de esta intervención en el bloque se elevará hasta los 18.780.000 euros. Cabe recordar que la inversión de partida se situaba en los 14.081.980, seis de ellos procedentes de fondos europeos, a los que hay que sumar los 361.293 que costó la elaboración del proyecto arquitectónico por parte de los estudios de Ábalo y G. Cabanillas.

En este caso, la nueva partida se destinará a la limpieza de estructuras y cubiertas, actuaciones de refuerzo en el patio catalogado del histórico inmueble, además de trabajos en las instalaciones eléctricas de media tensión, según la información facilitada por el departamento que gestiona Carlos Fernández Carriedo.

Ya se advirtió cuando se presentó el proyecto que al tratarse de un edificio de 1933 del que no había información previa los problemas iban a ir surgiendo a medida que avanzara la intervención, como parece que está sucediendo. Los primeros se detectaron hace poco más de año y ahora han vuelto a aflorar nuevas necesidades. Aunque la constructora ha asegurado a la Junta que terminará la obra en el plazo previsto, en la Consejería de Economía y Hacienda prefieren ser cautos y prevén que este modificado podría prolongar el tajo unos cuatro meses, hasta principios de 2026.

Será pues el año que viene cuando parte de los funcionarios de la Consejería de Familia, concretamente de la Gerencia de Servicios Sociales, trasladen su actividad a este céntrico enclave. La responsable del departamento de Ejecutivo regional, Isabel Blanco, confirmaba esta misma semana una mudanza de la que se habló ya hace años, pero que parecía descartada después de que Familia retomara el proyecto para levantar una nueva sede en Arturo Eyries.

Blanco reconocía el pasado martes que la licitación de ese edificio, en el que está previsto invertir 30 millones para agrupar a los 550 funcionarios que ahora trabajan en las oficinas de Mieses y Francisco Suárez y por las que se pagan 1,5 millones de euros anuales en concepto de alquiler, va más lenta de lo previsto. Desde el pasado mes de enero, el proyecto cuenta con licencia de obras por parte del Ayuntamiento, pero los procesos administrativos para sacarlo adelante son complicados, según aseguró la consejera.

Ese edificio se levantará sobre una parcela de 6.622 metros cuadrados delimitada por las calles Chile, Costa Rica y Colombia, junto a las naves comerciales del Mercatiendas. En ese terreno, el proyecto del Gobierno autonómico plantea la urbanización del solar con una plaza pública y zonas ajardinadas, así como la construcción de un edificio administrativo de usos múltiples, que se distribuye en una planta sótano para aparcamiento y otras seis sobre rasante, con una edificabilidad total de 17.855 metros cuadrados.

Mientras se espera que esta obra salga a concurso y se edifique la sede, cuya plazo de ejecución podría superar los dos años, finalmente se ha optado por sacar partido a la inversión de la plaza de Madrid, un inmueble de 7.200 metros cuadrados con capacidad para acoger unos 300 trabajadores. La consejera apuntó que ese traslado de personal, que no cuantificó, tendrá que ir acompañado del amueblamiento de las dependencias.

El edificio, diseñado por el arquitecto Manuel Cuadrillero y Sáez, cuenta con una planta semisótano y otras cinco sobre rasante. Además de sus bellas fachadas y el reloj sobre la puerta principal, uno de sus distintivos más relevantes es el patio central interior de doble altura que agrupa los dos primeros niveles. Este espacio destaca también por los arcos y balaustradas, que se mantienen al ser un edificio protegido y que se asoman a la zona central, que se convertirá en un lugar para la celebración de actos, con una capacidad para 150 asistentes.

Una de las partes más destacadas de esta reforma, según ha apuntado la Junta desde que se inició, es la intervención para convertir este inmueble de principios del siglo pasado en una edificación «con un consumo de energía casi nulo» mediante de implantación de sistemas eficientes en la generación y climatización. La reforma reorganiza los espacios administrativos para adaptarlos a las necesidades del siglo XXI.

El comercio y la hostelería del entorno esperan que la reapertura del inmueble impulse la actividad en la zona tras el bajón en el negocio que conllevaron los traslados de las sedes de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social a Villa de Prado y Ciudad de la comunicación, respectivamente, entre los años 2014 y 2015.