El juez encausa por Meseta Ski al exvicepresidente de la Diputación Alfonso Centeno

El magistrado instructor ha decidido continuar con la tramitación del procedimiento abreviado y abrir la fase de juicio oral contra Alfonso Centeno Trigos, Valentín González Reoyo, Luis Torroglosa Martínez, Pedro Pariente Fradejas y Luis Alberto Sánchez-Valdepeñas Herrera, mientras que archiva la causa y saca del procedimiento al arquitecto del Estudio Naos Santiago González García «al no constar indicios suficientes de que este investigado fuera conocedor de la tramitación administrativa del proyecto».

Las diligencias se abrieron en julio de 2019 a instancias de la Fiscalía de Valladolid y, aunque en un primer momento el magistrado Javier de Blas decidió sobreseerlas por considerar que los hechos estaban prescritos, la Audiencia de Valladolid estimó parcialmente el recurso de Ecologistas en Acción y Toma la Palabra, que ejercen la acusación popular, y ordenó al juzgado que reabriera la causa exclusivamente por el delito de prevaricación, dejando fuera los delitos de malversación de dinero público y la falsedad documental que las acusaciones también atribuyen a los responsables de Sodeva.

Ahora, el instructor cierra la investigación y aprecia «la manifiesta arbitrariedad a la hora de adjudicar, contratar y ejecutar el proyecto de Meseta Ski en 2006 a través de la constructora Corsan-Corvian por parte de los responsables de Sodeva, en particular, de su presidente, Alfonso Centeno, que para ello contó con la colaboración o cooperación necesaria y útil de su gerente Luis Alberto Sánchez-Valdepeñas, el vicepresidente Pedro Pariente y los funcionarios y técnicos Luis Torroglosa y Valentín González».

Sostiene el auto que Centeno, presidente de Sodeva y vicepresidente de la Diputación de Valladolid «decidió adjudicar por razón no aclarada» la contratación del proyecto a Corvian-Corsan y «ocultó al consejo de administración» a esa constructora «por el importe que resultara convenido y evitando los controles que imponía la Ley de Contratos». Cuando menos, sostiene el instructor, tras la adjudicación inicial, «concertó de forma arbitraria y sin sujección a las normas de la contratación administrativa con la constructora beneficiaria la realización de un proyecto completamente distinto al ofertado, incluyendo el acometimiento de importantes obras de mejora durante su ejecución, sin supervisión alguna» y «con incumplimiento palmario de la normativa urbanística».

«Solo gracias a una acción consensuada o de mutua confianza entre los dirigentes de Sodeva y Corvian-Corsan», prosigue el auto, «puede entenderse que esta, tras lograr la adjudicación, financiara los viajes al extranjero que determinarían las verdaderas condiciones del proyecto».

Un proyecto que fue adjudicado inicialmente por poco más de cuatro millones de euros y que pasó a superar los diez millones, a pagar mediante certificaciones «que no reflejaban la realidad de lo ejecutado y de forma diferida en el tiempo».

Concluye el instructor que el presidente de Sodeva, «a pesar de los contatiempos judiciales y las paralizaciones de la obra y la obtención de licencias conforme a un proyecto dejado sin efecto a su instancia, continuó destinando fondos públicos al proyecto e incrementando su montante mediante la inclusión de importantes mejoras, comprometiendo así mayores fondos públicos que no fueron sometidos a la supervisión del consejo de administración».