La primera plataforma por la estafa de los ataúdes de El Salvador se persona en el juzgado

Las abogadas Bárbara Royo y Patricia Catalina, minutos antes de personarse en el Juzgado de Instrucción 6, atienden a los medios. /Rodrigo Jiménez
Las abogadas Bárbara Royo y Patricia Catalina, minutos antes de personarse en el Juzgado de Instrucción 6, atienden a los medios. / Rodrigo Jiménez

Dos bufetes de Madrid se unen para representar a particulares perjudicados y presentan hoy cerca de 25 peticiones documentadas para poder ejercer la acusación particular

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid ha recibido esta mañana unas 25 peticiones documentadas de manos de dos bufetes madrileños que se han unido para representar a perjudicados por el caso de la supuesta estafa multitudinaria del 'cambiazo' de ataúdes en el grupo funerario El Salvador, cuyos propietarios están en prisión. La abogada Bárbara Royo y la representante del despacho Castellana 266, Patricia Catalina, han solicitado su personación y han anunciado que, a lo largo de la semana, irán presentado más demandas de perjudicados en el juzgado que investiga la supuesta actividad ilegal de los tanatorios de este grupo en relación con los servicios de incineración contratados con esta funeraria.

Bárbara Royo ha señalado que esta personación conjunta, «aunque no se trata de una demanda colectiva», ha aclarado, «va a servir para agilizar el procedimiento, en lugar de que los afectados acudan a las Comisarías de Policía, porque estarán bajo el paraguas de una plataforma, lo que significa más agilidad en la tramitación», aunque ha puntualizado que la personación para solicitar responsabilidades penales y civiles (indemnizaciones) «es por cada uno de los afectados, para tratarlo de forma individualizada, porque cada caso es diferente».

Por el momento, ha asegurado, un centenar de perjudicados por el caso de los ataúdes se han puesto en contacto con ellos para solicitar información. Una vez admitida la personación por parte de la jueza, «y cuando conozcamos el contenido del sumario», no se descarta que la acusación por supuesta estafa se extienda a otros delitos «como profanación de cadáveres, pero tendremos que verlo durante la instrucción«.

Mientras los perjudicados comienzan a organizarse para estar presentes en la causa, el dueño del Grupo El Salvador, Ignacio Morchón, permanece desde el pasado 2 de febrero en prisión comunicada y sin fianza. El hijo del propietario también fue enviado a prisión, en este caso con fianza de 800.000 euros y, posteriormente, la hija, para quien también se ha impuesto una fianza de 800.000 euros. El resto de los 16 detenidos, empleados de la empresa, han sido puestos en libertad.

Los quince investigados por el presunto fraude en la venta y uso de ataúdes destinados a la incineración forman parte de una causa en la que se les imputan los delitos continuados de falsedad y estafa, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

El origen de la operación Ignis se remonta al año 2017. indicios de que se retiraban ataúdes de alta gama antes de las incineraciones para posteriormente revenderlos, mientras se utilizaban en el crematorio féretros de inferior calidad a la abonada por los clientes. Lo mismo, al parecer, hacían con los arreglos florales y coronas, las reutilizaban y revendían.

En la operación policial que sacó a la luz esta presunta trama, 76 policías y funcionarios judiciales llevaron a cabo registros y detenciones simultáneas en varios puntos de la ciudad. Se detuvo a 14 personas en un primer momento, se registraron sus domicilios y los tanatorios de Valladolid y Santovenia de Pisuerga, además de las oficinas del grupo en la ciudad. Posteriormente fue detenida una persona más que no se encontraba en su domicilio a la hora en la que se efectuaron los registros. La última persona en ser detenida en esta operación Ignis ha sido una de las hijas del propietario del grupo de pompas fúnebres.

Durante el registro del domicilio de uno de los propietarios los agentes encontraron ochocientos mil euros en metálico. También se requisaron entre seis y ocho metros cúbicos de documentación, que tendrá que ser analizada en profundidad. Agentes de Aduanas y de la Agencia Tributaria participaron en la operación.

La empresa, en un comunicado, responsabilizó a un exempleado que fue condenado en el año 2015 por extorsión.

 

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