Una vallisoletana, primera eutanasia en Castilla y León

Esta comisión había revisado y autorizado el acto de poner fin a los padecimientos de la enferma el pasado miércoles 20 de octubre. Este lunes –como ha conocido en primicia El Norte de Castilla– un equipo médico de la Sanidad pública (Sacyl) compuesto por un facultativo y un enfermero se presentaron en su domicilio para cumplir con la prestación médica.

El caso de esta enferma de ELA es muy similar al de otra paciente con la misma enfermedad degenerativa e incurable que vio cumplida su petición de eutanasia en un hospital de Alicante hace justo dos meses. Era el tercer caso que se conocía en España. El primero, hecho público a primeros de agosto, tuvo también como protagonista a una mujer de 86 años residente en Vizcaya a la que se le aplicó la 'buena muerte' también en su domicilio. Así mismo, se conocen casos aplicados en Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias y Comunidad de Murcia.

Sin embargo, el caso de la enferma vallisoletana no era el primer caso que se tramitaba en Castilla y León. Fuentes de la Comisión de Garantías y de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) confirman al menos otras tres peticiones. Una primera en León, apenas unos días después de la creación del entramado legal de gestión por parte de la Junta de Castilla y León.

Eran los primeros días de julio pasado. El médico inicial encargado del expediente denegó el proceso por «falta de un diagnóstico claro». El paciente recurrió a la Comisión regional que acabó denegando la prestación. Casi cuatro meses después, el caso sigue pendiente de una decisión de este estamento.

También constan otras dos demandas de eutanasia en la provincia de Salamanca. La primera se cerró por la muerte de la persona solicitante durante el proceso de trámites; la segunda está todavía en la fase de informes médicos.

Más sobre la eutanasia en Castilla y León

Cinco claves para entender cómo se aplica la eutanasia en Castilla y León

Más de cien sanitarios de Castilla y León objetaron a la eutanasia en el primer mes de la ley

La Ley Orgánica de Eutanasia (LORE), conocida por algunos como 'ley de la buena muerte' entró en vigor el pasado 25 de junio, después de un agrio debate parlamentario en las Cortes españolas. La norma descentraliza la aplicación de esta prestación de la sanidad pública y obligaba a cada comunidad autónoma a que creara su propia Comisión de Garantías para su correcta aplicación.

La Junta de Castilla y León creó el mismo 25 de junio la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia en la que incluyó a 17 expertos buscado «un adecuado equilibrio» entre médicos y juristas (siete de cada especialidad), además de otros tres expertos en bioética.

La comunidad fue una de las cinco que fue capaz de cumplir los plazos del Gobierno central. Uno de los aspectos más polémicos fue la apertura paralela del Registro de Objetores, que regula el derecho de los profesionales médicos a negarse a realizar una eutanasia. Solo en el primer mes de la entrada en vigor, la cifra de facultativos objetores superaba el centenar.

Desde DMD consideraron que se trataba de «una vía falsa que solo pretendía 'pasear' el rechazo de la profesión», explica su portavoz y médico en Salamanca, Fernando Sanz.

Expertos como el catedrático de Derecho Constitucional y profesor jurídico de la clase médica, Fernando Rey, coinciden en que «no es mala regulación» y le atribuye un carácter «anglosajón, que reconoce la eutanasia como un derecho y la somete a muchas garantías previas».

Probablemente, un rigor necesario ya que las previsiones de los defensores de la eutanasia estiman un mínimo de cinco peticiones semanales en la región con el avance del tiempo. Y con el apoyo social de una opción aceptada por el 60% de los españoles según la última encuesta sobre el asunto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).