El parque municipal de vivienda, con 410 inmuebles, a medio camino del objetivo fijado para 2025

Para hacer frente a esta demanda el Consistorio cuenta con una cartera de 410 inmuebles y un presupuesto anual de tres millones de euros, consignado a las cuentas de VIVA, que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Esto a pesar del aumento de los solicitantes y de los inmuebles que gestionan, al que apuntan desde VIVA, sin concretar datos del número de viviendas disponibles anteriormente.

No obstante, en el documento del plan municipal vigente aprobado en 2021, figura que en 2020 el parque municipal de vivienda pública contaba con 337 inmuebles. El anterior equipo de Gobierno fijó el objetivo de alcanzar las 910 para este año, incorporando 560 viviendas, de las cuales una gran parte debían ser casas de segunda mano destinadas al programa de 'Viviendas Blancas' para personas vulnerables, hasta alcanzar las 350. Actualmente cuenta con 250 propiedades adquiridas de forma dispersa en la ciudad «para facilitar la integración» de sus arrendatarios. La renta media, atendiendo a la situación de vulnerabilidad de los inquilinos, se sitúa en los 300 euros, partiendo de un mínimo de 30.

«La antigüedad de estas viviendas depende de su momento de construcción, cumpliendo con los estándares de calidad y exigencias técnicas vigentes en su momento», señalan desde la sociedad municipal, en alusión a la denuncia pública de dos inquilinas, que aseveraban no haber podido entrar a vivir en los pisos arrendados al estar inhabitables por el mal estado de algunas instalaciones y los problemas con los suministros.

La concejalía y la entidad municipal defienden que se trata de casas con «calidades similares a las de muchos particulares», si bien el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, reconocía que son viviendas antiguas «que no cumplen con los parámetros de construcción actuales». Motivo por el cual se están «incrementando las exigencias en las condiciones de compra para mejorar la calidad de las viviendas, así como sus características generales y fomentar la oferta en más ubicaciones».

Este periódico ha solicitado datos del coste medio de estas viviendas y de la inversión hecha para su puesta a punto. En su lugar desde VIVA han informado del techo de gasto para su adquisición, fijado en licitación pública anual. Según explican, se sitúa entre los 80.000 y los 100.00 euros en función de la zona, incluyendo impuestos, gastos, actuaciones o las reformas necesarias para su alquiler. Un coste máximo que en 2017, cuando se inició la adquisición de estas viviendas con 58 inmuebles, era de 60.000 euros. Más de la mitad se adquirieron durante la vigencia del anterior de plan de vivienda, alcalzando las 164 en 2020.

Las promociones propias del parque municipal, dirigidas a los arrendatarios seleccionados para el programa general, suman 160 propiedades, con un coste medio de entre 215 y 430 euros, variando en función de la superficie útil. Actualmente está licitada una promoción de 47 nuevas viviendas viviendas colaborativas. Las llaves del último edificio construido, un bloque de 25 viviendas en la calle Eneldo 1, en Puente Jardín, se entregaron en 2021.

El bloque arrastraba problemas en el sistema de calefacción desde su inauguración, que se han subsanado hace dos semanas. La solución definitiva, comprometida por el Ayuntamiento, llegaba al cambiar la bomba de impulsión, poniendo fin a tres inviernos sin esta instalación operativa debido a la falta de un diagnóstico, retrasado en parte por los problemas con la promotora y la instaladora del edificio.

La sociedad municipal también cuenta entre sus recursos con viviendas propiedad del Ayuntamiento, según explican desde VIVA, sin desvelar cuántas. Además, en la actualidad hay vigentes 70 contratos de alquiler en viviendas del programa ALVA, cedidas por particulares. Esta línea de alquileres, que se puso en marcha en 2018 durante la concejalía de Manuel Saravia (VTLP) para fomentar el alquiler de viviendas vacías del mercado libre, está paralizada desde enero del pasado año, tras la aprobación de la ley de vivienda estatal.

Zarandona justificó la medida por «incompatibilidades» con la norma. «Este programa implica que hay que devolver la vivienda al propietario al finalizar el contrato, de siete años, si no podemos hacerlo tenemos un problema», explica el concejal, sobre la protección que otorga el texto a las personas en situación de vulnerabilidad social frente a las desahucios. «No es algo a lo que queramos renunciar», explica el edil, sin desvelar el futuro del mismo en el nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2025-2019, pendiente de aprobación y elaboración.