Los nuevos contratos de trabajo de Glovo benefician a «no más de 50» repartidores en Valladolid

La empresa acumulaba una montaña de multas de la Inspección de Trabajo por incumplir la llamada ley 'rider', que entró en vigor en agosto de 2021 con el objetivo de acabar con los falsos autónomos en el sector. Para ello obligaba a regularizarlos con un contrato, un mandato que Glovo ignoró durante años y que solo se avino a aplicar cuando se abrió un proceso penal contra su fundador y CEO, Óscar Pierre.

Aunque el anuncio se produjo el pasado diciembre, su ejecución se ha demorado seis meses. «Este martes ha sido el día de la histeria, porque hay un montón de gente a la que le han llegado los correos pero no había respondido», señala Fernando García, quien señala que «se han enviado 34.000 contratos en toda España y solo se han firmado 14.000». De ellos «no más de 50» han sido suscritos por repartidores en Valladolid, según los cálculos de Raúl García, el delegado de CC OO en la provincia.

Este último precisa que «se trata de una estimación» a falta de cifras oficiales, algo en lo que incide asimismo el portavoz de la Unión General de Trabajadores, que ha solicitado esos mismos datos. También este periódico ha consultado sobre el particular a la multinacional, que indica que «de momento solo estamos compartiendo la cifra nacional» porque «aún no tenemos una foto fija en localidades / regiones», si bien asegura que «más adelante podremos compartir el detalle».

Las mismas fuentes patronales matizan que en «aquellas zonas o ciudades en las que el número de contratados no es suficiente», se recurrirá a firmas «ya establecidas en el sector para garantizar la operativa, siempre que garanticen que cuenten con repartidores vinculados con contrato laboral. Modelo, por otra parte, que ya vienen utilizando otras apps con habitualidad y que Glovo ha testeado estos meses», apuntan.

Raúl García cifra «en torno a 300 personas en Valladolid» las que estaban vinculadas con una relación laboral a la firma propiedad de Delivery Hero a finales de 2024. A raíz de las denuncias sobre la situación en la que se encontraban «lo que hizo la Seguridad Social fue darles de alta de forma automática con su cuenta, pero Glovo no les contrató», explica. Es más, «lo que ha hecho (la compañía) durante estos meses ha sido expulsarles, porque para operar con ella les ha obligado a hacerlo a través de empresas pantalla, es decir, de subcontratas o de flotas», afea. «Me consta a través de los 'riders' que o estabas dado de alta en ellas, o no te llegaban pedidos», apostilla el dirigente sindical.

De ahí que lo califique como «un proceso irregular de regularización», porque «Glovo se ha quitado a la mayoría de los trabajadores a través de ellas» en lugar de contratarlos directamente. Con el agravante de que se trata de «sociedades tipo franquicia creadas únicamente para operar con Glovo», lo que a juicio del representante de Comisiones Obreras «no deja de ser otro fraude». «Ha subcontratado la actividad principal, que es la de reparto de comida a domicilio, y una empresa no puede externalizar la actividad principal. Entendemos que es una cesión ilegal de trabajadores», añade. Por eso anima a los afectados a «hacer valer sus derechos», algo que CCOO les transmite informándoles a pie de calle.

Más complicado lo tienen los que carecen de permiso de trabajo y hasta ahora distribuían con una cuenta alquilada. El perfil tipo es el de un migrante sin papeles procedente de Venezuela, que acepta condiciones muy precarias porque es la única vía para obtener ingresos, un abuso que lejos de erradicarse sigue vigente. «Se están alquilando ya contratos», asegura por su parte el coordinador estatal de UGT, que esgrime que lo propicia el hecho de que la relación esté basada en una aplicación. «Aquí solo hay oficinas en Madrid y Barcelona, en las demás ciudades es solo la app, es todo telemático. ¿Quién te controla? Tu jefe no te ve, es que no está ni en tu comunidad autónoma», recuerda Fernando García Pallás. Para ayudar a estos empleados desde Riders X Derechos se ha iniciado la campaña 'Riders X Regularización', que les proporciona apoyo jurídico sin coste fruto de la colaboración entre sindicatos.

Otra batalla a la que se enfrentan es la de negociar un convenio colectivo adaptado a su actividad, porque de momento les han incluido «en el antiguo de mensajería, que es del año 2006», relata. «Lo bueno es que el salario mínimo ha subido tanto, hasta los 1.381 euros al mes, que es lo que tienen que dar como poco» y a esto se suma que en esa regulación «hay bonus por dirección, por kilometraje o por productividad, si haces muchas entregas por hora. Yo he visto compañeros que han tenido 1.700 euros de bono en un mes, pero para eso tienes que trabajar muchas horas y rápido, y eso es peligroso», reconoce.

Con todo, y aun teniendo presente que «queda mucho por hablar» y que «ahora vienen todos los conflictos tradicionales de cualquier empresa, porque vamos a tener que hablar de convenio, de horarios o de seguridad, el paso que se ha dado es positivo y hay que reconocer que por fin se dé después de tantos años de conflictos, de accidentes laborales, de problemas y de multas», sentencia García Pallás. En una línea parecida se expresa el delegado de CC OO, quien destaca que «la parte positiva es que no hay falsos autónomos» y que «es una base para empezar a organizarse y a conseguir mejoras y derechos laborales».