Los repartidores de Glovo en Valladolid que trabajan con cuenta alquilada ven peligrar su empleo

De hecho, la marca acumula una avalancha de multas de la Inspección de Trabajo y adeuda a la Seguridad Social en torno a 267 millones de euros en cotizaciones desde la entrada en vigor de la llamada 'ley rider', en agosto de 2021. Esta norma obligaba a contratar a los repartidores, algo que Glovo se ha negado a hacer hasta que su fundador y consejero delegado, Óscar Pierre, se ha visto inmerso en un procedimiento judicial penal. Este lunes, un día antes de que tuviera que acudir a declarar y obligado por tanto por las circunstancias, la firma anunciaba «un nuevo modelo laboral». Lo que no ha impedido a su CEO reiterar la «legalidad» de su sistema de funcionamiento anterior.

Actualmente los 'riders' de Glovo son autónomos. Falsos autónomos, porque su actividad depende exclusivamente de esa empresa. Para empezar a repartir se les exige estar dados de alta como tal en el RETA, tener un documento de identidad y una cuenta bancaria y rellenar un formulario de registro. La plataforma asegura que es un procedimiento «¡muy sencillo!» –así, con admiraciones– y lo publicita como una manera fácil de «ganar dinero» en la que «tú eliges cuándo conectarte». El problema es que la realidad es muy distinta y «las condiciones son inmundas», en palabras de Fernando García, que ha llegado a recibir «solo un euro o euro y medio» por cada pedido entregado en la capital de España.

En Valladolid Glovo paga 3,20 euros, lo que obliga a los repartidores a entregar «entre diez y doce pedidos al día de lunes a domingo», según explican ellos mismos, para cuadrar un salario de apenas mil euros del que hay que restar todos los gastos. Para empezar, la cuota de autónomos, pero también las averías y el desgaste de su medio de transporte, a menudo un patinete eléctrico o una bicicleta y en el mejor de los casos un ciclomotor. Sin descanso semanal ni vacaciones pagadas, y sin que se remuneren las numerosas horas que pasan en la calle esperando a que les entren los encargos en la aplicación. Y obligados a aguantar frío, calor, lluvia e incluso nieve a la intemperie y generalmente de noche, porque es cuando se concentra la mayoría de los pedidos.

Una ocupación que pocos españoles están dispuestos a aceptar, lo que hace que el grueso del colectivo sean extranjeros y en especial «venezolanos, por encima del 80% en muchas ciudades», según el coordinador nacional de UGT en la empresa. Y va más allá: «El trabajador tipo de Glovo es un migrante sin papeles que alquila la cuenta, normalmente por un 30% o un fijo de entre 200 y 400 euros al mes, a un falso autónomo», denuncia. De ahí que acuse a la compañía de generar «una burbuja de fraude». «Glovo sabe cuántas cuentas hay abiertas, pero como permite que esas cuentas se realquilen y se compartan sin control es imposible saber cuántas personas hay detrás de cada una», sentencia Fernando García. De ahí la dificultad de saber a ciencia cierta cuántos empledos tiene a su servicio.

Para confirmar que esto es así basta con darse una vuelta por la Plaza Mayor y la calle Duque de la Victoria. Allí, en el entorno de los restaurantes de comida rápida más céntricos de Valladolid, los 'riders' de las mochilas amarillas esperaban pacientemente este martes a que les entrara algún pedido. La proporción es que de cada seis, cinco son migrantes latinos en situación irregular que tienen la cuenta de Glovo alquilada a un compatriota. Prefieren no facilitar sus nombres, pero sí están dispuestos a hablar de su realidad. Y la frase más repetida es que «no queda otra para ganar la plata». O lo que es lo mismo, que es lo único que les permite conseguir unos euros «con los que subsistir», «esto o la construcción», mientras tramitan sus permisos de trabajo. Por eso han recibido con preocupación el anuncio de Glovo: «Somos muchos los que nos vamos a quedar sin trabajo», lamentan, e incluso consideran que «es mejor que sigan como están».

A falta de datos de la compañía –este periódico se los ha solicitado a su equipo de comunicación, que ha rechazado facilitar esa información–, los propios repartidores calculan que son «unos 300 en Valladolid» y de ellos solamente «50 tienen cuenta propia». Estos últimos verán mejoradas sus condiciones laborales, mientras que el resto tendrá que buscar otra vía para obtener ingresos. Pero es que además «esto va a afectar y a golpear a las personas que están llegando, va a tener un impacto social económico para todos y también para la población, que se va a ver afectada cuando esto baje porque ni Just Eat ni Uber van a tener capacidad para suplir la demanda completa», reflexiona uno de ellos.

El coordinador de Plataformas Digitales de UGT añade que no es el único sector donde es necesario intervenir, sino que hay otros que funcionan de manera similar sin que de momento haya habido ninguna acción de la autoridad laboral. «Los 'riders' somos visibles en la calle, pero hay otras trabajadoras que no son visibles, sobre todo mujeres, y el abuso es igual o mayor», señala. «¿Qué pasa con las aplicaciones de limpiadoras domésticas y de cuidadoras de ancianos? Hay apps de eso y lo mismo, sin papeles, alquiladas por algoritmos, con valoración de los clientes, falsas autónomas e incluso con casos de acoso sexual», indica, porque «puedes pedir una chica que te vaya a limpiar cada día, puedes valorarla y dejarla sin trabajo si quieres: 'Ay, qué guapa eres, sonríe o te pongo un 'dislike'», ejemplifica. La Federación de Servicios de CC OO en Castilla y León, por su parte, ha celebrado «la novedad en este tema» de la conversión de los repartidores autónomos en contratados, y ha asegurado que estarán «vigilantes para que se cumpla la ley».