Glovo se pliega por fin a la ley

En un Estado de derecho, un negocio no puede fundamentarse en la precariedad laboral extrema y la vulneración sistemática de las normas y de resoluciones judiciales. Glovo al fin se ha rendido a la evidencia. Con multas y cotizaciones impagadas a la Seguridad Social por más de 200 millones de euros, no es casual que su decisión de renunciar a los falsos autónomos y regularizar a todos sus repartidores mediante contratos convencionales fuera anunciada horas antes de que su fundador, Óscar Pierre, esté citado a declarar hoy en un proceso penal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por el que puede ser condenado a seis años de cárcel tras una reciente reforma impulsada por el Gobierno. La plataforma de distribución a domicilio ha ignorado de forma contumaz la ley rider y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que acaba de costarle una demanda por competencia desleal en la que Just Eat le reclama 295 millones. Su forzada rectificación mejorará las condiciones salariales y laborales de su personal, que por ejemplo no tenía derecho a vacaciones. Como destacó ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz, ninguna empresa, por muy grande que sea, está por encima de la ley.