León de la Riva: «He tenido cinco concejales de Urbanismo y nunca he dudado de la honestidad de ninguno»

Esta vez, el exalcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva entró en la sala grande de la Audiencia en calidad de testigo y no como acusado. Y aprovechó su declaración, entre col y col, para poner en valor el trabajo desarrollado por él al frente del Ayuntamiento de Valladolid durante veinte años, hasta su adiós político en 2015. Amable a las preguntas de la fiscal y asomando las garras en el interrogatorio de la acusación popular, León de la Riva ha insistido en que nunca intervino «en la gestión de los planos urbanísticos concretos» ni en las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid que han llevado al banquillo a quien en 2003 fue su concejal de Urbanismo José Antonio García de Coca y tres técnicos del departamento, Luis Álvarez Aller, Modesto Mezquita Gervás y José Luis Cerezo Bada. Todos ellos se enfrentan a penas de cuatro años de prisión e inhabilitación en el juicio por falsedad y prevaricación que se desarrolla desde la semana pasada en la Audiencia de Valladolid.

«He tenido cinco concejales de Urbanismo y no he dudado de la honestidad de ninguno de los cinco», ha subrayado el exregidor, tras los intentos fallidos del letrado de la acusación popular de que respondiera las preguntas que no pudo hacerle al exconcejal acusado García de Coca, quien se negó a responder a sus preguntas el primer día de la vista oral, durante el interrogatorio de los acusados.

Carlos Castro: ¿Quién elaboró ese texto único del PGOU con tantos errores?

De la Riva: Eso tiene que preguntárselo al señor García de Coca.

Carlos Castro: Sí, pero él no ha querido contestarme.

De la Riva: Ese no es mi problema.

El magistrado presidente del tribunal ha intervenido reiteradamente para recordar a la acusación popular que De la Riva era «un testigo y no un acusado», pero el letrado Carlos Calvo ha insistido en tratar de acotar la responsabilidad política de los controvertidos cambios en la principal herramienta urbanística de un alcalde que durante dos décadas «lo fue todo» en el Ayuntamiento de Valladolid, donde «no se movía un papel sin que él lo supiera». No le salió bien. El magistrado Jose Luis Ruiz Romero obligó todas las veces al letrado a que entrara en la linde de lo que se juzga: si los cambios en el texto refundido del PGOU fueron inocentes y solo obedecieron a tratar de corregir los errores detectados por la Junta de Castilla y León o si se aprovecharon para introducir modificaciones de edificabilidad, categorización de suelos y los consiguientes mapas para beneficiar a determinados promotores urbanísticos interesados en desarrollar proyectos como los de la avenida de Madrid, el hotel en la harinera de la Perla, el aparcamiento en Cáritas y el derribo de un edificio de la familia Monedero en la Bajada de la Libertad.

El exregidor popular ha señalado que una vez que tuvo conocimiento de que la Consejería de Fomento había detectado «errores» en el texto refundido del PGOU realizado en 2003, la última versión previa a su aprobación definitiva, ordenó, después de hablarlo con el secretario general, que dos letrados de la asesoría jurídica realizaran una revisión del documento. Dijo no recordar la previsión municipal que había respecto del desarrollo de la zona de la Avenida de Madrid, si se planteaba realizar viviendas unifamiliares o bloques de viviendas en esa parcela. Lo que sí ha recordado es que «dejé el Ayuntamiento en 2015 y no me llevé ni un solo documento, excepto cartas personales». Sobre la idea de realizar un aparcamiento subterráneo en la parcela de Cáritas, ha puntualizado que, durante una visita a la zona, simplemente indicó que «no estaría de más» construir uno puesto que no había ninguno «pero solo si legalmente es posible y, en todo caso, que lo hablaran con el concejal de Urbanismo».

De cualquier forma, ha insistido en que desconoce el autor o autores materiales que llevaron a cabo esos cambios. «Me dijeron que había 50 cambios intrascendentes y 7 u 8 importantes», ha precisado. «Dije que se rectificaran los errores y ordené una investigación por parte de letrados ajenos a Urbanismo para que no se vieran contaminados», ha respondido a la acusación popular, que ha subrayado que el Grupo Popular en el Ayuntamiento votó entonces en contra de la propuesta del Grupo Socialista para que se abriera una comisión municipal de investigación.

Ha negado De la Riva tener que ver con grupos de constructores o promotores y empresarios interesados en el desarrollo de los proyectos urbanísticos supuestamente beneficiarios de los cambios en el PGOU. «Todo lo que afectaba al urbanismo era García de Coca el responsable político. El alcalde no se puede meter en los temas técnicos, funciona el principio de buena fe», ha zanjado después de testificar, ya fuera de la Sala.

El juicio del PGOU prosigue mañana con las comparecencias de los jurídicos municipales que estudiaron el documento.