Los juzgados de Valladolid sobreseen el 64% de las denuncias por violencia de género

En términos generales, la foto es similar atendiendo a lo registrado durante el año 2024. La cifra más baja se produjo durante el segundo trimestre, cuando se sobreseyeron el 47,53 % de los casos, mientras que en el primero fue el 58,46 %. Un dato llamativo por sus múltiples lecturas, que no sorprende en instancias judiciales. Entre quienes mejor conocen la realidad que se esconde tras este porcentaje está el fiscal jefe de Violencia de Género, Manuel Javato, quien encuentra la primera explicación en el incremento notorio del número de denuncias y, por consiguiente, de los procedimientos rápidos asociados, ya que el 80 % de los casos se tramitan por esta vía, precedidos de un atestado policial, que representa la forma más habitual de ingreso de estos asuntos. En lo que va de año han celebrado «200 juicios rápidos más» con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

«Antes se denunciaba muy poco y ahora han subido muchísimo los procedimientos», contextualiza Javato. Algo que se explica porque existe una «mayor cultura de denuncia» gracias al mensaje de tolerancia cero que se ha fomentado desde las instituciones. En su día a día al frente de la acusación en el Juzgado de Violencia de Género de Valladolid, lo más habitual es que acuda, de media, a unas «seis u ocho» vistas diarias, de las cuales solo aproximadamente en «dos» prosigue la instrucción hacia la fase de enjuiciamiento.

Un incremento de denuncias en el que influyen nuevas formas de delincuencia como la informática, que «genera muchos procedimientos por violencia de género que luego se sobreseen», detalla el fiscal jefe, ante la dificultad en muchos casos de investigarlos, dada la complejidad de probar los hechos, ya que en numerosas ocasiones «se ha eliminado la prueba», no siendo válidas a efectos judiciales las capturas de pantalla.

El aumento de los asuntos también lo determina la existencia de «más vías de llegar a los juzgados». Los nuevos protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han empujado las actuaciones de oficio en aquellos casos en los que hay una intervención policial y la víctima no quiere presentar cargos. Además, el auge de la inmigración procedente de países donde «no hay una conciencia» contra la violencia de género también favorece que proliferen actuaciones procesales que nacen condenadas a un sobreseimiento ante el rechazo posterior a ratificar los hechos.

Y es que, si bien en el 66 % de los casos son las propias víctimas las que inician el procedimiento, también «es una realidad» que hay «mucha gente que se echa para atrás» a la hora de ratificar la denuncia o que «se acoge a la dispensa de no declarar», complicando la viabilidad de la denucia por un delito que «en muchas ocasiones tiene lugar en la intimidad de un domicilio», tal y como apuntan también otras fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante el primer trimestre de 2023, de 305 víctimas, 43 se acogieron a su derecho a no declarar, siendo 26 de ellas mujeres de origen extranjero.

«Si la víctima se acoge a su derecho a no declarar y no tenemos ninguna otra prueba que acredite indiciariamente lo que supuestamente ha pasado, no podemos continuar con el procedimiento, por lo que se sobresee provisionalmente», apuntan. Una situación que «no es infrecuente» aunque sean ellas quienes hayan dado el paso, ya que, cuando son citadas a declarar transcurridas 24 horas, «lo han meditado y no quieren ratificarlo en el juzgado, que es donde tiene validez probatoria», ya sea por «propia voluntad o por miedo ante las consecuencias que pueda conllevar».

«Eso no quiere decir que lo que dio lugar al inicio del procedimiento sea mentira, ni mucho menos. El porcentaje de denuncias falsas es mínimo, por no decir simbólico», aclaran. Siguiendo la misma estadística, más de la mitad de las víctimas registradas durante el primer trimestre en Valladolid eran cónyuges o mantenian una relación afectiva en ese momento con el denunciado.

Cuando, en cambio, se produce la declaración de la víctima pero no hay otros indicios, como la existencia de un informe médico, la continuidad del procedimiento depende de otros factores más subjetivos. «Depende de cómo se hayan relatado los testimonios de ambas partes. Si, después de la instrucción, el juez entiende que el testimonio de la víctima es más veraz por la forma en la que ha sido expuesto y por las circunstancias periféricas que pudieran corroborarlo, el procedimiento, aunque él lo niegue, puede continuar». Pero si, por el contrario, «ambos están en el mismo nivel de credibilidad» la causa «se tiene que sobreseer». «Es muy difícil porque la palabra de uno contra la del otro no es suficiente para continuar», inciden las mismas fuentes. Ello, sin perjuicio de que, «antes de que prescriba el hecho», pueda reabrirse el caso «si surgen nuevos indicios»

«Nosotras el principal problema que vemos es que cuando se trata de casos de maltrato psicológico, que son la mayoría, si no hay grabaciones es muy difícil que esos procedimientos vayan para adelante, pese a que la víctima sale muy dañada», valora Sofía Larrea, trabajadora social de Adavas Valladolid, un recurso especializado que brinda a las víctimas de violencia de género apoyo psicológico y asesoramiento legal. Pero también sucede cuando se da una situación de maltrato físico, ya que «muchas mujeres no se atreven a denunciar o tardan un tiempo en poner la denuncia», al sentirse «culpables». Por lo que, «si tardan en pedir ayuda, esas señales físicas que pueden constituir una prueba ya no están».

En las ocasiones en que se actúa de oficio, desde Adavas apuntan a que es determinante que sean «acompañadas adecuadamente» durante ese proceso, en el que no siempre disponen de toda la información. «Muchas nos comentan que, si alguien las hubiera informado bien de qué pasos tenían que seguir, quizás sí habrían declarado», lamentan, mientras que señalan que parte del problema reside en el «trato impersonal» que reciben por parte del abogado de oficio, en un procedimiento marcado por la inmediatez, ya que lo más habitual es que en 24 horas acudan al juzgado a declarar. «El problema que vemos siempre es que igual te atienden 10 minutos antes de la comparecencia». Algo que «no es del todo favorable para que continúen con el proceso, porque no les da tiempo a asimilarlo o a tomar la decisión que querrían tomar».

En consonancia con el número de sobreseimientos, los juzgados de Valladolid denegaron el 50 % de las medidas de protección cautelares durante el mismo periodo. Se adoptan o se deniegan en la misma vista en la que se decide sobre la continuidad del procedimiento, por lo que suelen ir aparejadas y dependen de «la idiosincrasia de cada juzgado». «Hay muchos jueces que conceden casi todas, pero la solución no puede ser esa», apunta el fiscal jefe en la materia, que valora como «justo» el trabajo que se hace al respecto en el Juzgado de Violencia de Género de Valladolid. El porcentaje está también «desvirtuado» por el incremento de los procedimientos, ya que «ahora todas las víctimas tienen asignado un abogado», lo que habitualmente conlleva «que pidan siempre la orden para curarse en salud».

Desde Adavas apuntan a que, en su experiencia, cuando se trata de violencia física, «en la mayoría de las veces se conceden», pero advierten que las denuncias por maltrato psicológico pueden suponer un «desencadenante». «Es verdad que muchas veces las propias mujeres sienten un riesgo que es real y que no es percibido por parte de los juzgados. Porque hasta ese momento no haya ido a más, no quita para que a partir de entonces sí lo haga. Y luego que, aunque ellas te hablen de maltrato psicológico, siempre hay algo físico, como empujones»

«Cuando una orden de protección no se concede es porque no concurren los requisitos para ello. Por una parte tienen que existir indicios suficientes de que lo que se ha denunciado ha podido suceder, pero también tiene que concurrir una situación objetiva de riesgo», detallan las fuentes del CGPJ, que aclaran que, aunque esta no se conceda, «las víctimas no quedan desprotegidas», ya que, más allá de las actuaciones judiciales, continúan en el sistema VioGén, lo que implica «medidas de seguimiento y protección de la víctima, en función del riesgo y los protocolos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

«Solamente si lo cuentan y acuden a la Policía pueden dar lugar a que la situación que está viviendo se pare», zanjan. Las víctimas pueden pedir ayuda a través del teléfono 016, también en versión WhatsApp -600 000 016- y la aplicación Alertcops.