Un juzgado perdona 80.000 euros a un vallisoletano en una espiral de microcréditos

Todo empezó antes de la pandemia. En 2019. Solicitó una primera cantidad de dinero y con el paso de los meses la deuda se acrecentó hasta que Caixabank le terminó por agrupar todas las deudas. A partir de ahí llegó el sinfín de solicitudes de microcréditos rápidos. «En el confinamiento la situación se agravó con un ERTE. Muchos de esos créditos eran de 300 euros y se convirtieron en 1.000. Era la pescadilla que se mordía la cola», apunta A. G. C.

De esta forma, la resolución judicial acuerda la conclusión del concurso y declara la cancelación definitiva de las deudas contraídas con más de 20 acreedores, entre ellos entidades financieras, emisores de microcréditos y empresas de consumo. El Juzgado entiende que A. G. C. actuó de «buena fe, no dispone de bienes ni ingresos para hacer frente a sus obligaciones, y ha colaborado con total transparencia durante el proceso».

El procedimiento judicial se ha resuelto en un tiempo excepcionalmente breve. Fue presentado en diciembre de 2024 y el auto de exoneración ha sido dictado en mayo de 2025, después de que A. G. C. acudiera al despacho especializado en insolvencia personal ATL Abogados.

Esos microcréditos solicitados los empleaba el deudor, según ha acreditado ante el juzgado, para el «día a día». Afrontar el pago del alquiler, facturas... «Hasta que empezaron los embargos de las nóminas. Como no tengo más bienes, no podían quitar más», agrega tras conocer el auto de exoneración.

Vivió con «angustia» estos cinco años hasta que decidió abrir la vía de la justicia. «Me lo planteé durante mucho tiempo. Lo estuve pensando más de año y medio porque no sabía cómo salir de esa situación. Hasta que contacté con el despacho. En cinco meses he encontrado la tranquilidad, porque realmente no pensaba que me quitaran esas cantidades de dinero», continúa.

Recoge el testigo su letrado, Ricardo González Senovilla. «Este caso demuestra que la Ley de Segunda Oportunidad es plenamente eficaz también para particulares que no son empresarios. Estamos hablando de más de 80.000 euros perdonados a una persona sin actividad profesional por cuenta propia. Es un alivio real y completo para empezar de cero», apostilla el especialista.

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia renegociar sus deudas o cancelarlas de forma total o parcial. Es un procedimiento pensado para que las personas físicas, con o sin actividad empresarial, que no puedan hacer frente a sus obligaciones de pago eliminen total o parcialmente sus deudas y puedan empezar de cero.

El objetivo de este procedimiento es ayudar a quien se encuentra en una situación de insolvencia o quiebra a superarla, sin que por ello se descuide los derechos de cobro de los acreedores. El procedimiento de Segunda Oportunidad en España cumple una triple función, social (regeneración de la economía ciudadana), de efectividad de cobro (transparencia y disposición para los acreedores), y economía procesal (unificación de reclamaciones de cantidad de un único proceso polivalente).