La Junta informa en contra del proyecto de la Ciudad de la Salud en Aldeamayor

Maqueta del proyecto de la Ciudad de la Salud./
Maqueta del proyecto de la Ciudad de la Salud.

Metrovacesa y la Asociación de Propietarios estudiarán el inicio de las acciones legales necesarias «en aras a acreditar la falsedad de lo manifestado»

El Norte
EL NORTEValladolid

La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León ha informado desfavorablemente la Ciudad del Bienestar y la Salud de Aldeamayor de San Martín, «con carácter determinante, ya que considera injustificada la existencia de demanda suficiente de suelo para el ámbito y uso propuesto, por lo que no procede su aprobación definitiva», según el comunicado remitido por Ecologistas en Acción

En respuesta al voto particular del vocal de las organizaciones ambientales en la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid del pasado 2 de agosto, con fecha 23 de agosto la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León ha informado desfavorablemente la Ciudad del Bienestar y la Salud de Aldeamayor de San Martín, complejo inmobiliario con 1.440 viviendas y 26.000 plazas asistenciales supuestamente destinadas al turismo sanitario nacional e internacional, que Metrovacesa promueve en este municipio vallisoletano.

Según dicho comunicado, el director general de Urbanismo considera que «resulta difícil de creer que este municipio de 5.000 habitantes en crecimiento sea un lugar más idóneo, dado que tendrá los servicios públicos menos desarrollados que otros mayores», por lo que «también sería posible hacerlo en cualquiera de los otros ámbitos de suelo urbanizable no delimitado residencial que exactamente el 19 de octubre de 2018 pasarán a ser suelo rústico común; además de 290 hectáreas en este municipio, sucederá en unas 28.000 hectáreas de otros 78 municipios. Sin embargo, el resto asumen la desclasificación de forma pacífica».

«Más allá del interés particular de Metrovacesa por evitar la depreciación de sus activos inmobiliarios, la Ciudad de la Salud carece de justificación racional ya que propone resolver todas las necesidades de suelo para uso asistencial de la Comunidad [.] situándolas en un solo municipio; se valida así una zonificación y especialización funcional que ha fracasado como modelo en otros usos terciarios». Así, «la propuesta adecuada no sería una 'nueva ciudad', sino un 'nuevo barrio' del bienestar y salud, que sin duda sería mejor también desde el punto de vista de una mezcla equilibrada de usos; mejor aún repartidos en la red de ciudades medias existentes en la región», añaden.

En coherencia con la nueva legislación de rehabilitación urbana, el informe señala que «de acuerdo a criterios racionales de planificación urbanística económica, social y [ambientalmente] sostenible, lo adecuado es situar nuevos usos donde ya viven los ciudadanos (recualificar barrios), antes que urbanizar nuevos suelos que se planifican segregando espacialmente para los nuevos usos y residentes».

Así, el informe finaliza señalando que «en síntesis, lo que se hace en la modificación tramitada es tratar de justificarla como respuesta a la voluntad de los promotores, pero no como resultado del análisis de la realidad territorial; de ahí que no responda a las exigencias de la normativa. Al no acreditarse que se establezca la ordenación para resolver las necesidades de suelo para servicios o viviendas del término municipal de Aldeamayor de San Martín, o bien que concurran circunstancias de índole supramunicipal que harían posible un crecimiento superior».

El informe de Urbanismo, confirmando lo ya señalado en los anteriores del arquitecto municipal y de la Diputación de Valladolid, es determinante para la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, que en su reunión prevista para el miércoles 19 de septiembre «deberá denegar la aprobación definitiva de la Ciudad de la Salud de Metrovacesa, enmendando la pretensión inicial del órgano presidido por el delegado Territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo-Figueroa, que debería explicar públicamente el trato de favor otorgado al promotor del proyecto».

Asimismo, el alcalde de Aldeamayor de San Martín, el socialista Fernando de la Cal, y el portavoz municipal del Partido Popular, Jacob Bermejo, «tienen que explicar por qué están actuando como empleados de Metrovacesapara sacar adelante una propuesta que beneficia a familiares directos suyos y de otros tres concejales de la Corporación, como propietarios de 200.000 metros cuadrados en fincas dentro del ámbito de la Ciudad de la Salud, contra los informes de su arquitecto municipal y a riesgo de comprometer las finanzas municipales y el abastecimiento de agua de la población de su municipio», dice Ecologistas en Acción.

Finalmente, «la actuación más bochornosa entre los valedores de Metrovacesa es una vez más la de los directores generales del Medio Natural y de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, que en sus informes han avalado la Ciudad de la Salud obviando consideraciones ambientales básicas como el carácter inundable de los terrenos, el efecto del vertido de las aguas residuales y la extracción de aguas subterráneas para riego sobre el humedal protegido Salgüeros de Aldeamayor o la contaminación producida por los 15.000 vehículos que la nueva urbanización enviaría cada día a la ciudad de Valladolid. Con la excusa de que «en todo caso se trata de un suelo urbanizable cuyo destino es siempre su urbanización«; siempre hasta el próximo 19 de octubre, en que pasará a ser suelo rústico.

Respuesta

Ante el comunicado remitido por Ecologistas en Acción, Metrovacesa y la Asociación de Propietarios Villa de Aldeamayor han querido responder al mismo señalando que el plan «no es promovido por Metrovacesa, sino por la Asociación de Propietarios Villa de Aldeamayor, que aglutina a una amplia mayoría de los propietarios del sector, incluyendo pequeños propietarios». Añaden que la Asociación viene trabajando intensamente desde 2016 «en el impulso de una actuación ejemplar que conseguirá la reactivación económica de la zona mediante la implantación de nuevos usos relacionados con la asistencia sanitaria, cuidado de los mayores, medicina especializada, etc., en un modelo novedoso, pero ya ensayado con éxito en otros países del centro de Europa y Estados Unidos con un avanzado modelo de urbanismo».

Añaden que durante toda la tramitación, y hasta que se elevó a la Comisión Territorial de Urbanismo el pasado mes de agosto para su aprobación definitiva, «todos los informes que son obligatorios, según la legislación han sido favorables, incluyendo la Declaración Ambiental Estratégica y el informe del Servicio Territorial de Fomento respecto la justificación de la propuesta».

«Como consecuencia del voto particular negativo emitido por Ecologistas en Acción en la Comisión Territorial, la Dirección General de Urbanismo emitió informe en el que se señala que no procede la aprobación definitiva del Plan por no considerase suficientemente justificada la actuación, al no acreditarse la preferencia de o mayor conveniencia del desarrollo en el emplazamiento propuesto frente a otros municipios de su ámbito».

La Asociación de Propietarios considera que el emplazamiento elegido es el idóneo en el entorno de Valladolid, «por reunir las características necesarias en cuanto a tamaño, condiciones de comunicación, y relación con el entorno natural que lo rodea para ubicar una actuación que será un referente nacional en cuanto a diseño, sostenibilidad ambiental y económica, y prevé además un modelo de crecimiento gradual que asegure el uso racional del suelo».

La Asociación ya ha solicitado formalmente que se proceda a la suspensión del trámite y se confiera un plazo para la presentación de una mayor justificación en el sentido solicitado por la Dirección General.

«Ante las acusaciones vertidas por Ecologistas en Acción, tanto en su página web como ante la prensa, en relación con posibles tratos de favor por parte de las diferentes administraciones, Metrovacesa y la Asociación de Propietarios van a estudiar el inicio de las acciones legales necesarias en aras a acreditar la falsedad de lo manifestado».

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