Los jubilados salen a la calle para pedir una ley que garantice las pensiones

«Si la clase política española piensa que con el preacuerdo alcanzado esta semana para revalorizar las pensiones a partir del IPC se calma el malestar de los más de 9,6 millones de pensionistas, están equivocados. Y si muchos no salen a la calle este lunes, acudirán a las urnas cuando toque».

De este modo justifican en el sindicato Comisiones Obreras, junto con UGT y otros colectivos, la movilización que desde hace meses han emprendido para alertar a la sociedad de que no solo están en juego las bajas cuantías que perciben muchas familias –la estadística refleja una media mensual en Valladolid de 1.066 euros el pasado mes de agosto–, sino que el sistema de prestaciones públicas de los que cotizaron décadas va a menos por la reducción de los ingresos.

Nadie cuestiona que la crisis económica ha afectado a la caja de las pensiones por la reducción de ingresos y por el aumento de las prestaciones que han salido de ella. Solo basta observar el dato de la última década. Entre 2007 y 2017, el número de pensiones en la provincia de Valladolid ha pasado de 95.077 a 112.933, es decir, se han sumado al sistema perceptor contributivo 17.856 personas más. Una cifra que ha seguido creciendo hasta agosto de este año 2018 para llegar a los 113.646 pensiones, que perciben 106.915 personas. Cuantías que no son solamente de jubilación (71.953 pensiones), sino que incluyen las de viudedad (27.805), orfandad (3.557), o incapacidades permanentes (9.676).

Hasta agosto pasado, la pensión media en Valladolid era de 1.066 euros al mes frente a los 1.032 euros de diciembre de 2017, o los 655 del 2007. Unas cuantías que los pensionistas siguen considerando insuficientes cuando miran a países del norte de Europa.

«El problema está en la financiación de la Seguridad Social. Primero hay que meter en la caja para poder luego sacar. No se entiende por qué un directivo que cobra 200.000 euros al año tiene una cotización topada de apenas tres mil al mes», dicen en CC OO, que calculan que elevar estos tipos supondría unos ingresos para las arcas de 750 millones de euros al año.

En este sentido, en las sedes sindicales también tienen claro que poco está contribuyendo a reforzar el sistema público el establecimiento de las tarifas planas de cotización durante el primer año para los autónomos. «Todo eso va restando y va a estallar a la larga», dicen.

Desde CSIF Valladolid se recuerda que hay en el país en torno de 2,5 millones de personas adscritas al Régimen General de la Seguridad Social, de los cuales 225.400 tienen más de 60 años y se encuentran a las puertas de la jubilación. Entre ellos, muchos funcionarios y empleados públicos. Por ello, el sindicato reclama «un gran pacto político».

En la Unión de Pensionistas de UGT Castilla y León también hacen las cuentas y tampoco comprenden cómo de las cotizaciones de los trabajadores salen las nóminas para pagar a los empleados de la Seguridad Social, cuando estos importes en otros ministerios se sufragan de los Presupuestos Generales.

Pero no todo es el dinero. «Los pensionistas vallisoletamos estamos hartos de que los políticos hablen día tras día del problema de las tesis y los máster es de unos y otros. Parece que en el Parlamento no hay otra cosa, y la gente está asqueada. En España hay problemas de vivienda, de pobreza o de paro juvenil. El gobierno debería lanzar una ofensiva de políticas sociales para que el resto de partidos se retraten sobre los problemas reales que tenemos», dice Lorenzo Rubio.

Medidas en otros ámbitos

Sobre las medidas para paliar la pobreza energética, se cuestiona el límite de los ingresos para acceder a ellas. «A los que vivimos con nuestros hijos se les computan los ingresos de estos, por pocos que sean, y superamos el nivel de renta para poder acceder al bono social», critican. Este está fijado en 11.279 euros al año si no existe unidad familiar y sin menores.

Los ingresos por las pensiones también límitan la posibilidad de viajar si no es con las ofertas de otoño o invierno del Imserso o con la Junta. «Disfrutar en verano costaría más de 1.200 euros», apostilla María, a la que no le queda más remedio que regresar al pueblo.

El copago de las medicinas o mejorar con dotación económica suficiente la ley de Dependencia, que tras 10 años solo tiene reconocida la prestación a 325.000 personas de las cerca de 1,3 millones en España para las que fue diseñada, son otras de las reivindicaciones que figuran en el Manifiesto del Día Internacional del Mayor, que se celebrará con una concentración en Fuente Dorada durante la mañana de hoy.

Las concentraciones se realizarán en torno a las doce de la mañana en el resto de las capitales de provincia, excepto en León que la protesta tendrá lugar mañana, y en grandes núcleos de población como Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada.