El hijo del dueño del tanatorio El Salvador de Valladolid continuará en la cárcel para no dejar solo a su padre

Policías, durante el registro de las oficinas./M. J. Pascual
Policías, durante el registro de las oficinas. / M. J. Pascual

La bajada en el número de servicios funerarios puede derivar en un ERE en el Grupo El Salvador, asegura su abogado

Antonio G. Encinas
ANTONIO G. ENCINASValladolid

Reunir ochocientos mil euros de fianza no es sencillo. Tampoco para la familia Morchón, ya que según su abogado se les ha embargado «una cantidad enorme de bienes», sin que puedan calcular cuánto porque les falta «la pieza patrimonial». Han pedido ayuda a familiares y amigos para intentar, al menos, que Laura, la hija, pueda salir de prisión y retomar la dirección del tanatorio. Ignacio Morchón hijo no se plantea pagar la fianza para no dejar solo a su padre, en prisión sin fianza, en la cárcel, donde ambos comparten celda.

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La defensa de la familia Morchón, acusada de fraude en los servicios funerarios, asegura que la investigación policial ha sido prácticamente nula, rebajada a la declaración de un extrabajador condenado por extorsión al que se ha prestado «toda la presunción de veracidad» mientras que a los dueños del Grupo El Salvador «se les ha otorgado la presunción de culpabilidad». Guillermo Ruiz Blay, abogado penalista del bufete Polanco y Seijas, asegura sentirse «asombrado» por la «falta de contenido de las acciones policiales y con la investigación realizada».

Pone como ejemplo el hecho de que, según las anotaciones manuscritas del extrabajador condenado por extorsión, «todos los días bajaba la furgoneta con los ataúdes para cambiarlos». «¿Dónde está la furgoneta, el seguimiento?», se pregunta el letrado.

También aprecia discrepancias entre las cifras oficiales que se están difundiendo a través de la Delegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia y lo que anotaba ese extrabajador en sus cuadernos. Los datos que, a juicio de la defensa, sustentan toda la acusación. «Hay 5.308 anotaciones manuscritas en las que él dice que se ha cambiado el ataúd. Y lo dice él. Hay otras 1.387 en las que dice que no se ha cambiado. De todo eso él tiene 700 fotos en las que se identifica únicamente a 77 personas. Y hay 893 anotaciones en las que habla de apropiación de coronas, pero la Policía dice que no se ha podido probar nada sobre las coronas», desgrana el abogado. «Así que hemos pasado de seis mil víctimas a tener 77», concluye.

Esto hace que considere los cargos y la prisión sin fianza para el dueño, así como con 800.000 euros de fianza para sus hijos, como «excesivas». «Han hecho una instrucción prospectiva, una excursión de pesca de la Policía. Y hasta el año 95 -cuando se está remontando la investigación- no van a encontrar nada. Están intentando acreditar la diferencia de estocaje. Y puede haber alguna, pero de unas pocas cajas, porque nunca llevas la contabilidad perfecta», asevera,

En cuanto al futuro de la empresa, empieza a padecer los efectos de este caso, según el abogado. «Está descabezada», asegura, dado que la hija, que ejercía la dirección del tanatorio, está en prisión, y junto a él el hijo y el fundador del conglomerado empresarial.

«Dada la situación económica de la empresa es posible que haya que afrontar un expediente de regulación de empleo, porque ha bajado mucho el número de servicios funerarios. El otro día insultaron al recepcionista en un funeral», dice Ruiz Blay. «Realmente la empresa está descabezada, no son capaces de tomar las riendas», asegura

 

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