Un guardia civil de la Comandancia de Valladolid borró multas a sus 'amigos' y las colocó a otros conductores

Así, de la lista inicial de diez empresarios (hosteleros e industriales) investigados por la supuesta trama de favores, el magistrado exonera a la mitad, pero mantiene a E. O. C., hostelero; J. R. R., constructor, y a otros tres industriales amigos, D. E. A., F. G. J. y M. A. E. M. por su supuesta implicación, como beneficiarios, en esos delitos de corrupción. El auto judicial al que ha tenido acceso El Norte de Castilla, señala que la macrooperación bajo la que el agente de información de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid amparaba su conducta «no existía» y que «se valía de su posición» para acceder y difundir datos reservados, asesorar a sus amigos sobre procesos de multas y ofrecer ayuda en los recursos de las sanciones «con conductor falso»: desde un ciudadano colombiano a otro, ya fallecido, también extranjero. Ello, a cambio de regalos, invitaciones a comer y dinero, «sin perjuicio» de que la ayuda «fuera irreal en algunos casos».

El agente J. C. C. D., que desempeañaba tareas en el área de información de la Comandancia, tenía acceso a las bases de datos reservadas para ese trabajo y, según el juez, «se aprovechó de tal condición para realizar entradas indebidas en dichas bases de datos en beneficio propio y de terceros». A estos 'amigos' les facilitaba información y se les ofrecía «como persona capaz de influir en los juzgados y en la Administración civil para gestionar cambios de conductor en expedientes sancionadores y reducir el periodo de privación de libertad en los juzgados».

Una de estas entradas indebidas en la base de datos de la Guardia Civil se produjo en torno al 7 de diciembre de 2017. Extrajo información sobre las medidas cautelares impuestas a una persona (que no ha sido identificada) y sobre su posible ingreso en prisión y esa información reservada y protegida se la comunicó a uno de los empresarios investigados, J. R. R. En esa conversación, el guardia civil y el empresario hablaron sobre el acceso a antecedentes penales y su desaparición o retirada, «sin perjuicio de que la posibilidad de llevarlo a cabo fuera real o no». El industrial pagó al condecorado agente por hacer desaparecer el historial policial de esa persona, que tenía relación con la pareja del industrial investigado.

Otra fecha que le incrimina es el 26 de enero de 2018, cuando el agente le dice a M. A. E. M. que ha accedido, también indebidamente, a información policial reservada sobre otro amigo para que «le informe y le proteja». Tres días después, el guardia, que ya había preguntado en Tráfico por varios datos, pidió a un constructor que le enviase información sobre su expediente sancionador para realizar un cambio de conductor, de forma que se sustituiría el nombre del empresario multado por el de un tercero, de manera que así «falseando el expediente, evitaba la sanción». Además, el agente le dio información para evitar sanciones de tráfico, «cambiando el conductor para poder eliminar la denuncia de la base de datos». En febrero recibió varios productos de regalo por sus servicios y 1.750 euros en efectivo, aunque esperaba 2.000. Ingresó el dinero el día 23 y el 24 reconoció a F. G. J. que había entrado en la base de datos policial para averiguar datos de una mujer rusa.

Al día siguiente se fue de vacaciones al Caribe con su hermano y sus respectivas parejas. Pagó el viaje a tocateja. A su regreso, le esperaba un sobre con dinero de F. G.