Glovo solo ha contratado a 70 repartidores en Valladolid desde julio para cumplir la ley 'rider'

Cuatro meses después de que la firma fundada en Barcelona en 2015 enviara 34.000 ofertas de empleo a otros tantos repartidores que operaban bajo esa fórmula en España, la realidad es que solo 14.000 la han aceptado. En Castilla y León han firmado el contrato de trabajo 362 repartidores, el 2,6% de los que han hecho lo propio en el conjunto del país. Y de ellos únicamente 70 están Valladolid, una cantidad muy cercana a la que habían calculado los sindicatos, pese a que se estima que alrededor de 300 personas se dedicaban a esta actividad en la ciudad y a que se trata de la urbe más grande de la comunidad autónoma.

Son las cifras que maneja Fernando García Pallás, el coordinador nacional de UGT en la firma de distribución y miembro del colectivo Riders X Derechos, quien detalla que el mayor número de regularizaciones de la región se ha producido en Burgos, con 80. A partir de ahí las magnitudes son más limitadas, con 68 en Salamanca, 55 en León, 31 en Ávila, 25 en Palencia, 23 en Segovia y diez en Zamora, mientras que «en Soria no hay ninguna». El dirigente sindical advierte, no obstante, que «son datos muy provisionales», porque el proceso «no ha terminado».

El representante de la Unión General de Trabajadores describe la situación muy gráficamente. «Glovo mandó todos los contratos a todo el mundo en plazo, pero es verdad que hay gente que ha respondido, gente que no, gente a la que se le han regularizado unas horas pero luego se las han subido, y a los que después les han bajado... Están todavía ajustando cotizaciones, hay mucho lío, hay una serie de ajustes que se están realizando entre la Seguridad Social y la empresa», explica.

A esto se suma la casuística particular de aquellos repartidores que distribuían los encargos haciendo uso de una cuenta alquilada a otro por carecer de papeles', que son «muchísimos, por supuesto». A ellos «no les llegó nunca la oferta porque no constaban en ningún sitio», sentencia Fernando García Pallás, lo que no ha impedido que buena parte de ellos sigan «dedicados a la logística», asegura. «Han bajado, ya no hay tantas cuentas alquiladas como antes, pero sigue habiendo», confirma el coordinador nacional de UGT, quien admite que «Glovo se lo está tomando más en serio y tenía un sistema de reconocimiento facial, pero la Agencia Española de Protección de Datos ha dicho que los datos biométricos no se pueden gestionar y se ha quedado un poco sin forma de controlar, porque los repartidores no tienen centro de trabajo, no van a ningún sitio, se conectan desde su casa o desde la calle», contemporiza.

Conviene recordar que para que la compañía moviera ficha, a pesar de acumular una avalancha de multas de la Inspección de Trabajo por incumplir la llamada ley 'rider' vigente desde 2021, hizo falta que se abriera un proceso penal contra su fundador. El encausamiento del CEO, Óscar Pierre, fue el detonante de la decisión de acabar con los falsos autónomos. Al hilo de esto, García Pallás reconoce que «hay cosas que son difíciles de resolver en parte porque la empresa ha creado a lo largo de los últimos diez años un problema enorme con la Seguridad Social y con procesos judiciales, y en parte porque es un sistema novedoso en el que tu centro de trabajo es una app y tu jefe inmediato es un algoritmo, y a nivel de regulación laboral estaba todo por aclarar», sentencia.

En definitiva, «hay una dificultad natural, de una forma de trabajar nueva, y una dificultad añadida de una empresa que hasta hoy no ha querido cumplir con la ley. Ahora lo está haciendo, pero hay acumulado mucho conflicto. Hemos dejado de cavar hacia abajo el pozo y estamos empezando a subir pero claro, hasta que lleguemos a la superficie tardaremos, porque estamos muy abajo», señala. A esto añade que hay compañías «terceras» que «han creado flotas de 'riders' y reparten para varios, con lo cual tampoco sabes cuánto es de cada cual». De ahí que desde UGT exija «un convenio sectorial que clarifique la situación».