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Auxiliares de la residencia Nuestra Señora del Carmen, en Valladolid, se asoman a una ventana durante el estado de alarma. Henar Sastre
Coronavirus en Castilla y León: Los geriátricos alertan de que el coste del plan anticovid amenaza su viabilidad

Los geriátricos alertan de que el coste del plan anticovid amenaza su viabilidad

Acalerte asegura que la mayoría de los centros cuenta ya con un plan de contingencia que reserva el 5% de las plazas libres para aislar a contagiados y equipos de protección para cinco semanas

Jesús Bombín

Valladolid

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Domingo, 19 de julio 2020, 09:07

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Hace un mes que la Junta de Castilla y León publicó el decreto que obliga a las residencias de mayores y de personas con discapacidad a contar con un plan de contingencia que refleje «la experiencia acumulada durante este tiempo en la lucha contra los efectos de la pandemia».

Desde la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla y León (Acalerte) se asegura que «la mayoría» de los centros ha redactado y enviado dicho plan a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un documento en el que se adoptan una serie de medidas enfocadas a prevenir y reforzar la cobertura ante una situación extraordinaria por causas de salud pública.

Los sindicatos advierten que la precarización laboral provoca la fuga de sanitarios a otras regiones

El plan de contingencia está apoyado por una guía de actuación en la que se ofrecen pautas para evitar el caos vivido durante la pandemia, aunque desde los sindicatos se señalan problemas de fondo que afectan al modelo residencial y a la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

«En las residencias públicas están al límite de lo que exige la legislación en personal, hay miedo a trabajar en estos centros. Antes de la covid faltaban trabajadoras y medios, y parece que ahora todos lo hemos descubierto y nos llevamos las manos a la cabeza», apunta Julia Laso, de UGT.

Para Ana Rosa Arribas, de Comisiones Obreras, lo esencial de los planes de contingencia es «que se cumplan y los adapte cada centro». Alerta de que los bajos salarios están lastrando el mercado con «enormes diferencias» en las condiciones laborales. «Una técnico auxiliar de enfermería gana un 50% menos en un centro privado que en uno público, y una enfermera el 45% con casi doscientas horas más de trabajo al año, así que al final eligen irse a trabajar en verano a Cantabria, Extermadura o Asturias».

En la misma línea plantea sus reparos Mercedes Gago, secretaria general de Satse en Castilla y León, temerosa de que la falta de personal se cronifique. «No tenemos enfermeras y hay pocos médicos; necesitamos más profesionales y el plan de contingencia obvia esa carencia; a fecha de hoy –asegura– en Castilla y León no hay enfermeras para contratar porque se han ido fuera, somos la comunidad donde menos cobran de toda España y la gente prefiere irse a hacer sustituciones a otras regiones». Advierte de que si la propia administración regional se está encontrando con problemas para contratar enfermeras, «no digamos ya en las residencias privadas donde son menos que mileuristas y suponiendo que tengan jornada completa. Si hay un rebrote contundente, la situación será muy complicada porque las residencias no han sido capaces de reforzarse con personal».

Salvador Escribano, médico y secretario de la Federación de Sanidad de CC OO, trabajó durante la pandemia en varias residencias de ancianos y echa en falta que en la elaboración del decreto se haya respetado el derecho a la negociación colectiva. «Las medidas que propone supone que se vean afectadas las condiciones laborales del personal y no se regulan los ratios de personal para la atención». Asegura también que en la actualidad no se está contratando a más personal en los centros, si no que en algunos se ha visto reducida la cifra de residentes a causa de fallecimientos o porque sus familiares se han hecho cargo de ellos.

Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) se considera «insultante» una de las disposiciones del decreto, en la que se establece que en caso de que no haya disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las titulaciones oficiales, podrán desempeñar esas funciones simplemente personas con experiencia en cuidado a dependientes,

«El plan de contingencia ha incrementado los costes de funcionamiento de las residencias con la sectorización de espacios, la adquisición de equipos de protección y las medidas de seguridad e higiene, y eso supone que hay empresas cuya viabilidad se puede ver comprometida», alerta Diego Juez, presidente de Acalerte. En su opinión, la obligatoriedad de dejar libres al menos el 5% de las plazas ocupadas en habitación compartida ante la previsión de aislamiento de posibles residentes con covid supone «una disminución de los ingresos en la misma proporción».

Esa medida de blindaje en las 1.214 residencias de mayores y centros asistenciales de Castilla y León supone dejar sin ocupar 2.250 plazas. La equivalencia en ingresos que dejarán de percibir ronda los tres millones de euros, según estimaciones del sector. «Habría que cubrir con financiación pública ese margen de plazas que no van a generar beneficios; siempre decimos que la dependencia es la gran olvidada en los presupuestos, pues no han venido fondos del Estado –que no cumple con lo prometido de cubrir el 50% de los gastos–, y en Castilla y León debería habilitarse una mayor partida destinada a servicios sociales en la medida en que el sector de las residencias ha sido el más perjudicado por la covid», alega Diego Juez, director de Vitalia Home en Castilla y León.

Familia pospone su versión sobre el plan de contingencia «hasta la próxima semana»

La Consejería de Familia declinó ofrecer su versión ante el plan de contingencia sobre el que han opinado Acalerte y los sindicatos. Una portavoz alegó que no sería posible «hasta la próxima semana» debido a la «cantidad de trabajo» del personal del departamento.00

Otro aspecto en el que la pandemia ha incidido en el funcionamiento de los centros es en la contratación de personal. Según la asociación que da voz al sector, la delimitación de áreas diferenciadas y la sectorización de residentes en el edificio, la mayor compartimentación de espacios y la adopción de mayores medidas de seguridad e higiene han obligado a aumentar el personal en un 2%.

La adquisición de equipos de protección tras la exigencia de la Junta de Castilla y León de hacer acopio de material para cinco semanas ha supuesto otra inversión, aunque la administración regional ofrece hasta 2.000 euros de subvención para esta contingencia. «Nos preocupa la dificultad de encontrar personal sanitario; Sacyl debería hacerse cargo de la atención sanitaria de las residencias», apunta Juez, portavoz de un sector que emplea a unas 22.000 personas en la región.

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