Juicio por la trama eólica

Un alto cargo del EREN asegura que Delgado daba instrucciones para retirar parques de los listados

El primero en declarar ha sido José García Marqués, jefe del servicio general de energía de la Junta hasta 2008, que tuvo que ser advertido por el presidente de la sala de que podría cometer un delito de falso testimonio tras una tensa reprimenda de la Fiscalía por incurrir en contradicciones con lo declarado en la fase de instrucción, después de aseverar que Delgado nunca se interesó por la tramitación de los parques eólicos. Esto a pesar de que llegó a ostentar también las funciones del ex director de Energía y Minas -Manuel Ordóñez, investigado en la trama hasta su fallecimiento en 2004- entre enero y abril de 2005, cuando este último estuvo de baja por enfermedad.

«¿Y si después viene otro testigo que dice que sí estuvo implicado?», le ha cuestionado el representante de Anticorrupción, en alusión a la declaración prevista del siguiente citado, Ricardo González Mantero, que con posterioridad ha sostenido que todo lo que se hizo fueron «instrucciones del viceconsejero». El sucesor de Ordóñez al frente de la Dirección General de Energía y Minas entre 2007 y 2019 y del EREN prácticamente durante el mismo periodo, ha apuntado directamente a la responsabilidad de Delgado, que estaba «muy interesado en el avance de la energía eólica», en la presunta trama.

Empezando por la instrucción para que avocación de los parques recalara sobre su persona, que promovió en 2004 y que el testigo ha tildado de innecesaria, ya que los jefes del servicio territorial, que tenían las competencias para conceder las autorizaciones hasta dicha instrucción, ya debían consultar previamente con el EREN si podían dar luz verde a los expedientes, en aras de corroborar que no se sobrepasara la capacidad de cada nudo de la red.

González Mantero ha detallado también cómo Delgado llegó a pedir que se sacaran parques de los listados con los que trabajaban para avanzar con la tramitación, que ha ido diseccionando durante más de dos horas ante las preguntas del fiscal. «Cuando algún parque no estaba contento con las indicaciones que daba Rafael Delgado de que pudiera entrar algún socio local, mandaba quitarlo de los listados», ha asegurado, detallando que lo se que se hacía era quitar el resalte que indicaba que iban a pasar a fase de autorización por el servicio territorial. Unas peticiones que justificaba en base a una supuesta competencia por evacuación que no existía en un procedimiento «perfectamente» reglado.

Delgado habría llegado también a modificar la plantilla de estos documentos aprovechando la baja de Ordóñez para incluir información sobre el accionariado de las distintas promotoras que, a juicio del testigo, no tenía relevancia desde el punto de vista administrativo. «Eso en el procedimiento no estaba ni tampoco nadie nos había pedido comprobar con anterioridad quienes eran los socios de las instalaciones», ha sostenido.

Además de estos excel, que reflejaban cómo se iban materializando las «instrucciones del exviceconsejero sobre qué parques ceder (a los socios locales)», existían unos listados de promotores cuya actualización se llevó a cabo hasta febrero de 2005. Lo que coincidió en el tiempo con una reunión «curiosa» en la que estuvo presente, entre representantes de Iberdrola (incluido Ricardo Bravo, acusado en el procedimiento) y Rafael Delgado. «Se les trasladó por parte de Delgado cuáles eran sus intenciones de dar entrada a socios locales en sus parques y se les dio un documento con ellos. Se enfadaron mucho y se negaron, el viceconsejero se fue y me dejaron a mi solo. Al poco tiempo se avinieron a todo lo que es había pedido», ha rememorado.

A partir de entonces la tramitación en el EREN fue tomando en consideración la composición de los promotores, que tenían que tener un socio local. Por lo que en los ficheros se iba incorporando información facilitada por el ex viceconsejero sobre qué socios locales tenían que ir entrando como propietarios de los parques. Llegando a indicar en «algún caso concreto» que debían participar de los parques con una tramitación más avanzada, como la entrada de una sociedad de Alberto Esgueva, San Cayetano Wind, en uno de los proyectos de Iberdrola. Si no se hacía, la avocación quedaba paralizada en los parques promovidos.

Otro «ejemplo claro» fue el caso de Canon Power, que había solicitado autorización para sus parques entre el 2000 y el 2003, quedando paralizada la avocación hasta que en 2006 vendió sus proyectos a dos sociedades participadas por Iberdrola que previamente, en 2004, habían llegado a un acuerdo para dar entrada en el negocio a una sociedad constituida por el acusado Patricio Llorente. «Se retrasó la avocación tres años hasta que se accedio al deseo de vender el parque a una sociedad participada por Iberdrola y un socio local. Lo normal es que se hubiese avocado a continuación de obtener la declaración de impacto ambiental», ha apuntado.

Esta forma de proceder llegó a ocasionar un conflicto con la embajada alemana, que trasladó sus quejas a la Junta por la paralización de los proyectos de Ibervento, una empresa participada por inversores alemanas y dirigida por el vallisoletano Javier Mozo, que no era considerado un socio local por Delgado. Llegando a remitir Mozo, tal y como ha recordado González Mantero, una carta al ex presidente Juan Vicente Herrera en la que alertaba de la situación de discriminación que estaban sufriendo y por la que no recibió respuesta. Pese a que tenían la declaración de impacto ambiental, el paso previo a la autorización administrativa, aprobada desde 2003, no fue hasta su venta a sociedades de la trama tres años después, cuando Delgado volvió a introducir sus proyectos eólicos en la planificación energética de la Junta.

Estas actuaciones se llevaron a cabo al menos hasta 2009, pues, pese a que Delgado dejó de ser el número dos de Villanueva en 2007, este se ocupó igualmente de las eólicas desde su nuevo puesto al frente de la secretaria general de Economía «hasta mediados de la nueva legislatura» en la que le sucedió Begoña Hernández. Fue entonces cuando «se detecta una desconfianza» y Hernández, que asume la gestión, solicita al EREN a petición de Villanueva comprobar quienes estaban en el accionariado de sociedades beneficiadas, inicialmente del grupo preneal.