La Fiscalía de Valladolid recopila ya los casos en trámite de pederastas en la Iglesia solicitado por Dolores Delgado

En el oficio remitido por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para centralizar la investigación de los abusos sexuales a menores en instituciones religiosas y coordinar una «respuesta conjunta» en todo el territorio nacional, ordena a los 17 fiscales superiores de las comunidades autónomas que remitan las investigaciones penales abiertas y en tramitación sobre estos casos de pederastia. Así, las nueve fiscalías provinciales de la comunidad autónoma tienen de plazo hasta el próximo 7 de febrero para remitir estos casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia a la Fiscalía Superior de Castilla y León, según han informado este miércoles fuentes del Ministerio público.

Las mismas fuentes han explicado que no se trata de una recopilación de casos antiguos «que sería imposible» sino de los que están en tramitación «y que hay que discriminar del resto de procedimientos de abusos sexuales», una tarea ardua que precisa de mucho tiempo, porque no existe un registro especial de casos de abusos y corrupción de menores protagonizados por el clero y mucho menos, informatizado. Esta dificultad ya se expuso en el primer intento, en 2018, de hacer un 'mapa' de los abusos a niños en la Iglesia por parte de la FGE.

En Valladolid se han juzgado recientemente varios casos de abusos en el seno familiar e incluso de profesores de instituto y, el más mediático, el de un monitor de un campamento de ocio y tiempo libre que fue condenado por la Audiencia por tocamientos a varios niños a su cargo, pero ninguno de los procesados ha estado vinculado a instituciones religiosas. El único caso más reciente es el del excapellán de Nuestra Señora de las Angustias, juzgado y condenado por el tribunal vallisoletano y que ya está cumpliendo la sentencia impuesta de tres años de cárcel.

El pasado mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la condena para el cura, Oliver Fernández López, que fue sentenciado el 8 de febrero de 2021 por el tribunal vallisoletano por ciberacoso sexual a una menor de 16 años, hija de una indigente rumana que pedía limosna a la entrada del templo. El TSJ desestimó la apelación del sacerdote contra la sentencia que le condenaba como autor de un delito de ciberacoso sexual («child grooming») en concurso con otro delito de abuso sexual a menor de 16 años.

El sacerdote, que hasta ese momento estuvo en libertad con cargos y apartado de sus funciones por el Arzobispado, reconoció ante el tribunal el intercambio de mensajes de contenido sexual, pero negó que pretendiera materializarlo. «No se llegó a concretar nada porque en ningún momento tuve intención de que se produjera un encuentro físico con ella. En mensajes sí que apareció esa expresión, pero era como parte del juego de mensajes de carácter sexual», defendió el acusado durante el juicio. Unos mensajes ante los que, declaró, no percibió que la menor sintiera incomodidad. «En ningún momento lo percibí o lo noté, ni tampoco recuerdo que enviara algún mensaje molesta o recriminando alguno de los mensajes».

Asimismo, reiteró que «nunca tuve intención de que se llegara a nada» y, por eso, explicó, «no ofrecí la posibilidad de mi casa, un hotel o concertar una cita». Sin embargo, según la versión que ofreció, la joven sí lo dejó entrever. «Ella planteó en algún mensaje que nos viéramos a solas», precisó. De hecho, declaró que fue ésta quien le requirió imágenes en las que apareciera «desnudo y se me viera perfectamente la cara». Una «insistencia» que el excapellán atribuyó a que «había algún tipo de atracción». «Imagino que es porque había algún tipo de atracción, y que se me viera el rostro supongo que tiene que ver con que al verme la cara soy perfectamente identificable. Ese al menos creo que era el motivo por el que insistía tanto».

También señaló que fue víctima de un chantaje y amenazas por parte de la madre y la tía de la menor tras enterarse de lo acontecido. «Justo después de enviar el vídeo, el único en el que se me ve la cara, me envía un mensaje diciendo que su tía ha estado en casa, que ha visto las conversaciones y las fotos y que se lo había contado a su madre. Esta se había puesto como loca y que quería ir a la policía y me preguntaba qué iba a pasar», Entonces, se emplazaron a la mañana siguiente para hablar en persona sobre ello. «En parte, en esos mensajes, fue cuando la menor supuestamente me comentó que si les ayudaba a comprarse una casa en Rumanía, que su madre se quería ir, que se olvidaba de todo y no iban a la policía», declaró

En ese encuentro, además, los familiares le reclamaron «explícitamente» 120.000 euros a cambio de no denunciar ante la policía. «Una y otra vez decían que las ayudase a comprar una casa en Rumanía. Les dije que no sabía lo que costaba un piso allí, y ellas fueron las que dijeron la cantidad, que costaba unos 100.000 o 120.000 euros».

Admitió, del mismo modo, que tocó los glúteos a la joven, pero lo vinculó a un «hecho fortuito», y cuando se percató de que «mi mano no estaba donde debía estar, la aparté y punto». «Ese hecho tuvo lugar en medio de la calle, a la puerta de las Angustias, y simplemente se acercaron –madre e hija– a saludarme, creo que me di dos besos con la madre y la menor se quedó un poco apartada, y es cuando hice un gesto de cogerla del brazo como diciendo: »Acércate, que no pasa nada«. En un gesto normal, como de despedirse, hice el gesto de poner la mano en su espalda y en lugar de la espalda, la puse en el culo, pero fueron dos o tres segundos, en cuanto me di cuenta que no estaba en la espalda, la aparté enseguida; ni madre ni hija me hicieron ningún comentario».

Tras ello, presuntamente el acusado preguntó por mensajería a la joven «si le había gustado». ¿Por qué? «Como ya estábamos en ese juego de mensajes, ya con cierto tono sexual, fue un poco dentro de ese juego, algo involuntario y fortuito», apuntó. Por último, ante las cuestiones de su abogado, confesó que «sí tengo esa sospecha o convicción» de que todo estuvo orquestado por familiares de la joven «para llegar a esto y meterme en algo como mínimo inmoral y luego chantajearme», concluyó.

En el juicio no estuvieron presentes ni el abogado de la víctima, ni la menor ni tampoco su madre (en paradero desconocido desde poco después de los hechos). Durante la sesión, varios policías declararon como testigos. Relataron cómo, a última hora de la mañana del 10 de enero de 2020, dos mujeres de origen rumano (madre y tía de la víctima) acudieron hasta la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Las Delicias para denunciar los hechos. También confirmaron la existencia de un vídeo de contenido sexual por parte del párroco.