La Fiscalía de Menores investigó en 2024 doce casos de acoso escolar, un 66% más que en 2023

Lo ratifica también Consuelo de Jesús Vizcaíno, fiscal delegada de la materia en Valladolid. No puede avanzar datos del año en curso -aunque la pasada semana los padres de un menor de 12 años ya interpusieron una denuncia por un caso en el colegio Jesús y María-, pero su percepción es que se trata de una «lacra social preocupante», que, siguiendo «la misma tónica de años anteriores», va en aumento. Tal es así que las memorias autonómicas del Ministerio Público han comenzado este 2025 (sobre el ejercicio 2024) a desglosar los casos de acoso escolar investigados, siendo un ilícito que no reflejaban las tablas de años anteriores, que solo incluían aquellas infracciones de más calado.

«La percepción es esa y luego sí que es verdad que también hay un aumento en menores de 14 años», detalla, sobre la evolución del perfil de quien tiene estas conductas, siendo la edad más crítica los 15 años. Un punto de madurez en el que se acrecienta la «necesidad de pertenencia al grupo» a la par que se vuelven «menos empáticos». Otro aspecto clave, del que lleva advirtiendo desde que tomó posesión de su cargo, en 2024, es la influencia de las tecnologías, especialmente por su precocidad y por el «mal uso» de las redes sociales. «El teléfono móvil está presente prácticamente en todos los casos de acoso escolar, con más o menos intensidad. Es uno de los tipos delictivos que se ha visto más afectado por el uso indiscriminado y cada vez a edades más tempranas del teléfono móvil», subraya, siendo cada vez más frecuente en «niños de 11 años».

Ante estas situaciones, el primer paso es activar el protocolo de actuación ante un caso de acoso escolar, que entró en vigor en 2017. «Hay de todo, pero en general creo que se está trabajando bien por parte de los centros escolares. En Castilla y León da buenos resultados», apunta la fiscal, aunque lamenta que también haya colegios o institutos que aún no lo aplican, pese a que su adopción es obligatoria en aquellos centros que reciben fondos públicos, lo que incluye a los concertados. «Tienen que ser muy conscientes de que lo tienen que aplicar, porque al final son ellos quienes están en el día a día con los menores y, por esa cercanía, los que tienen más instrumentos para luchar contra el fenómeno», incide.

Su puesta en marcha supone «abrir una investigación en cuanto tienen noticias de un posible acoso», con independencia de cuál sea el medio por el que les llegue la información, «ya sea por queja de los padres o por manifestación de la víctima u otros alumnos que lo hayan visto». No implica per se la existencia de una conducta delictiva y su traslado a Fiscalía, ya que también hay casos en los que se ve «que no había acoso, sino un problema puntual», pero permite «frenar esa situación y amparar a la posible víctima».

Los últimos datos disponibles en el portal de Educación de la Junta de Castilla y León, contenidos en el informe sobre convivencia escolar, revelan que durante el curso 2022-2023 en toda la comunidad se pusieron en marcha 622 protocolos, un 51% más que en el ejercicio anterior (411). De estos, finalmente se confirmaron como tal 54 casos (diez menos que el año anterior) y en 35 de ellos había existido ciberacoso.

Por provincias, en Valladolid los centros investigaron 129 casos, de los cuales se confirmó su existencia en 16, mediando en tres de ellos las nuevas tecnologías. «Cuando no existía el teléfono móvil, las víctimas tenían un espacio seguro en su casa al salir del centro. El problema más grave ahora es que, con las redes sociales, la situación de acoso no cesa en ningún momento. Además, queda completamente oculto a los adultos responsables porque ahí no lo ven», detalla, sobre la gravedad del componente tecnológico.

De los casos que llegan a la Fiscalía, la gran mayoría, explica, lo hacen a raíz de una denuncia de los progenitores. Bien porque se trata de «casos graves» o bien porque en el colegio «no ha habido una actuación satisfactoria». Es entonces cuando se inicia la investigación en la jurisdicción de Menores que, tras la práctica de diligencias por parte de Fiscalía -entre otras, la solicitud de informes al centro escolar-, puede derivar en una condena.

Las penas abarcan un catálogo de medidas que van «desde el internamiento cerrado en un centro de menores, a la más leve, una amonestación», cuya aplicación, flexible, varía en función de la gravedad del caso y las características del menor, siendo la más frecuente la libertad vigilada. «Este tipo de conducta suele llevar consigo también la prohibición de aproximación y de comunicación, lo que implica un cambio de centro para los acosadores. Las responsabilidades civiles por el daño moral que causan también pueden ser altas», advierte.