La Federación de Personas Sordas pide un intérprete de signos en su junta vecinal tras un contencioso

Carteles en la sede de la Federación de Personas Sordas, en Villa del Prado. /R. GÓMEZ
Carteles en la sede de la Federación de Personas Sordas, en Villa del Prado. / R. GÓMEZ

La comunidad y la entidad mantienen posturas enfrentadas por la instalación del aire acondionado que climatiza la nueva sede de asociación de discapacitados

J. Asua
J. ASUAVALLADOLID

Los carteles empapelan la fachada acristalada de la nueva sede de la Federación de Personas Sordas de Castilla y León, en la calle Monasterio Santa María de la Moreruela del barrio de Villa de Prado. En ellos, la entidad reclama a los vecinos del bloque que «respeten» sus derechos. Exigen que en las juntas de propietarios se cuente con un intérprete de lengua de signos para poder asistir a las reuniones con «todas las garantías de acceso a la información en igualdad de condiciones». Esgrimen la legislación que avalaría esta reivindicación: la Ley General de los de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la de Propiedad Horizontal. Pero la comunidad les ha dicho ‘no’. Según los abogados de la misma, no están obligados a sufragar ese gasto, que supondría el pago de 45 euros por hora al profesional, y que solo es obligatorio en las Administraciones públicas, según consideran.

Esta petición de la federación surge tras el conflicto entre ambas partes por la instalación de un aparato de climatización para el local de 200 metros cuadrados. El presidente de la organización, Luis Miguel Jiménez, asegura que su montaje, junto a una de las fachadas de la parcela interior de la finca (ocupa cerca de dos metros de alto), cumple con todos los requisitos legales. Los responsables de la comunidad subrayan, por su parte, que la instalación se llevó a cabo sin el preceptivo acuerdo de los vecinos y que está generando «graves molestias» a los residentes de los primeros pisos por las vibraciones y ruidos del aparato.

Jiménez matiza que esos problemas ya se solucionaron al separar la máquina de la fachada y protegerla con un cajón metálico, pero su explicación no convence en el edificio, donde añaden que la entidad había colocado, además, una cámara de videovigilancia en un patio comunitario donde juegan niños, que la Policía les obligó a retirar. Tanto los agentes como los técnicos del Ayuntamiento ya han visitado el inmueble. Tendrá que ser la Administración la que dirima el contencioso. Jiménez reitera que en las mediciones de ruido no se han superado ni los 25 decibelios que están marcados como máximo para el horario nocturno. La comunidad lamenta que hayan actuado con una política de hechos consumados. «Se les dejó la llave para colocar un buzón y acabaron montando el aire acondicionado».

Ambas partes quieren recuperar la buena vecindad, según recalcan, aunque las posturas parecen aún muy lejanas. Los vecinos afirman que no se oponen a que un intérprete de luengua de signos acuda a las reuniones. Otra cosa es quién debe sufragar ese gasto, algo que habrá que determinar. Instan a los responsables de la Federación de Personas Sordas a retomar el diálogo, pero esta defiende la obligatoriedad de que en las convocatorias esté presente el intérprete que solicitan.