Dos empresarios de Valladolid asfixiados por las deudas: «Hemos estado a punto de entrar en prisión»

Se enfrentaron a acusaciones de fraude a la Seguridad Social en un juicio en 2022, donde fueron condenados a dos años de prisión y multas que sumaban esos 350.000 euros, con una supuesta deuda que no fue aclarada ni por el propio Tribunal Supremo, hasta que se han ejecutado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso. Sin embargo, sostienen que la deuda real con la TGSS es considerablemente menor, estimando que podría rondar los «25.000 euros». Así que iniciaron una lucha que empieza a arrojar resultados después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León les empiece a dar la razón.

Desde su condena han intentado obtener información clara sobre su situación financiera y han presentado múltiples escritos a la TGSS y otras entidades, pero se topaban con una falta de respuesta y claridad. «Nos sentimos en una total indefensión. Queríamos saber lo que debíamos para pagarlo», expresaban en su solicitud, destacando que la TGSS no habían ajustado ni aclarado de forma correcta las cantidades adeudadas a pesar de las sentencias que les favorecen.

La historia de los dos hermanos, propietarios por aquel entonces del Centro Segoviano, empezó en abril de 2018 con una inspección de trabajo. Un inspector se presentó con un contrato firmado por ellos sobre una trabajadora (siempre han alegado que nunca habían firmado tal documento) y en el que se reflejaban elevadas remuneraciones. Casi un año después fueron citados y detenidos en la comisaría por fraude a la Seguridad Social, recibir prestaciones, defraudar a las mutuas fingiendo enfermedades, impago de cotizaciones y falsear documentos, a pesar de que las propias mutuas aportaron el historial médico, incluso de las intervenciones quirúrgicas que estas llevaron a cabo. La deuda según el acta de inspección se estimaba en más de 240.000 euros. Todo eso lo negaron desde el primer día, reconociendo únicamente una deuda que ronda los 25.000 euros en distintos conceptos. 

Esa acusación derivó en un juicio, junto al que era asesor de los dos hermanos. Fueron condenados, cada uno de los hermanos, a penas de dos años de prisión y 350.000 euros de multa por eludir el pago a la Seguridad Social. También, de forma solidaria, tendrían que abonar a la Tesorería 113.725 euros. La sentencia, sin embargo, les absolvía de los delitos de estafa, fraude de prestaciones y falsedad documental del que les acusaba la Fiscalía y cuatro mutuas. Y es ahí a lo que se agarran y por lo que vienen luchando desde hace más de un lustro al entender ese fallo absolutorio que la deuda no debería ser de ese calibre.

Desde entonces, remitieron al juzgado de lo penal toda la documentación pormenorizada para que la TGSS determinara la cantidad exacta, ya que entendían que esas cantidades a las mutuas son inexistentes. «Según la sentencia se tenían que descontar muchas cantidades que nos estaban solicitando. Se han presentado decenas de escritos al juzgado de lo penal solicitando que la administración aclare la deuda, haciendo esta caso omiso al propio Juzgado y a todos sus oficios. El Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo nos va dando la razón», subrayan los hermanos, que recientemente han empezado a ver la luz. «La lucha aún no ha terminado. El propio INSS no ha acatado y cumplido las sentencias del juzgado de lo contencioso, lo que nos está generando un grave perjuicio», continúan tras recibir el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en este mes de julio.

En el mismo requerían, «por fin», agregan, a la TGSS para que recalculara la deuda, descontara las cantidades ya satisfechas, excluir las cantidades prescritas y detraer las cantidades ya satisfechas por otros condenados (el asesor). La respuesta no tardó en llegar por parte de la TGSS y tras recalcular todos esos pormenores citados por el TSJ han dejado la deuda, por el momento, en 47.000 euros de principal. «Ya no sería ni delito penal», apuntan a la par que inciden en que esa cifra no es cierta. «Hay muchas cantidades que hay que descontar. Tenemos estimados que la deuda sea de unos 25.000 euros», prosiguen mientras prometen seguir en búsqueda de rebajar esas cifras con el aporte de más documentación y requiriendo a la administración para que aclarare la deuda en esos términos. 

La situación ha afectado gravemente a su vida diaria, impidiéndoles acceder a prestaciones por desempleo y otras ayudas, pues de hecho están jubilados y no tienen derecho a prestación hasta que la deuda no se aclare, lo que ha llevado a una crisis personal y económica. «Lo hemos pasado bastante mal, pero gracias a nuestros abogados y a estudios que hemos estado haciendo durante mucho tiempo, estamos llegando a lo mismo que dije al juez en el juicio, que era que debíamos unos 25.000 euros», detallan en la actualidad después de estar a punto de entrar en prisión por las deudas. «Sobre todo a primeros de año. Hemos confiado en ella y la ley ha visto que no era para entráramos en la cárcel», concluyen.