La Diputación estima que el Ayuntamiento de Valladolid le deberá pagar 3,8 millones por Villa de Prado

El auto condena a la administración demandada –el Ayuntamiento– a reelaborar «definitivamente» la liquidación del citado proyecto, considerando que la aportación que realizó la Diputación fue de 46,6 millones. A ello, además, deberá añadir 650.283 euros «como rendimientos financieros» y detraer como «gastos no liquidables», por el concepto de resoluciones judiciales, 119.844,85 euros, así como 10.000 euros en costas. Asimismo, el fallo declara como nulo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consistorio en diciembre de 2017, en el que aprobaba la liquidación del plan parcial Villa de Prado.

No obstante, Hernández se muestra «prudente». Considera que lo más oportuno es «esperar» a que haya una sentencia firme para realizar una valoración «real» sobre la cuantía que se inyectará a las arcas provinciales. «En los pueblos hay muchas necesidades; el dinero podría ir destinado a muchas partidas, pero no asumimos compromisos hasta que no haya nada en firme», reitera.

La parte condenada, por su parte, considera que, si bien el fallo estima parcialmente el recurso presentado por la institución provincial, en el grueso de la cuestión, «en lo fundamental», ha dado la razón a la Diputación, por lo que, aunque «no han calculado» el importe que deben desembolsar, prevén pagar un montante «similar» a lo requerido en un primer momento. «Como idea general les ha dado la razón, por lo que consideramos que la cantidad aportada será de ese orden», asevera el concejal de Planteamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia.

La resolución, según confirman fuentes judiciales, fue notificada «en tiempo y forma» a las partes implicadas, aunque el Ayuntamiento no la leyó hasta este martes por la mañana. Será este miércoles cuando el edil de Planteamiento Urbanístico se reúna con los técnicos municipales para decidir si recurren o no la sentencia.

Tienen que «estudiarlo», pero Saravia, a priori, considera que lo oportuno, dado el montante «tan elevado», es interponer un recurso de apelación. «Los intereses municipales se ven muy afectados; cuatro, cinco o seis millones, los que sean, son muchos. Por eso, mi opinión es que tenemos que intentar recurrir, pero atenderemos al punto de vista de los servicios jurídicos; si ven que no tiene sentido, no lo haremos».

La Diputación celebra el fallo del magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 Francisco Javier Zatarain y Valdemoro porque, cuenta Hernández, deja «fuera» la pretensión del demandado de «obtener algún beneficio por la obtención del plan parcial». Además, lamenta que no se tuvieran en cuenta ni el escrito de alegaciones ni el posterior recurso de reposición que «en su día puso sobre la mesa esta casa».

Saravia, por su parte, justifica la postura municipal en que entendían que el «mercado evoluciona», y por ello vendieron las parcelas por un precio superior al estimado en un primer momento. «Lo que nosotros decíamos es que se ha vendido por más, pero porque ha pasado el tiempo y a la Diputación no le repercutía, pero ellos decían que ese rendimiento les pertenecía», concluye.

Ahora, la pelota está sobre el tejado de la calle Angustias. El juez ha otorgado a la Diputación de Valladolid una razón «sin paliativos». Así, en caso de que las estimaciones de la institución provincial se traduzcan a la realidad, el Ayuntamiento de la capital tendría que pagar una cantidad similar a lo que supondría adquirir diecisiete autobuses urbanos de diésel.