Desarticulada una red que estafó 151.000 euros a la Seguridad Social en Valladolid

La investigación comenzó en los meses de mayo y junio, fruto de la colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid en la lucha contra el fraude.

Tras el análisis patrimonial de las empresas y de sus responsables, se detectaron ocho empresas que se dedicaban a la intermediación agraria y que proporcionaban a los agricultores mano de obra para faenar en el campo en actividades como la vendimia, poda en seco y recogida de patata. Seis de estas empresas tienen domicilio social en la provincia de Valladolid.

Los trabajadores eran seleccionados y dados de alta en la Seguridad Social por la empresa intermediaria, la cual al finalizar los servicios emitía una factura al agricultor, su cliente, aunque las obligaciones de las cuotas por disponer de empleados no eran cubiertas y se iban acumulando mensualmente.

Cuando obtenían un nuevo cliente, este les pedía certificados de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social para evitar así su responsabilidad subsidiaria, por lo que se cerraba esa empresa y abrían una nueva a nombre de otro de los miembros. Al ser de nueva creación era una empresa «limpia» de deudas y así se aseguraban poder obtener certificados de estar al corriente de pago.

Los integrantes del grupo, a juicio de los investigadores, son seis personas, que mantuvieron este 'modus operandi' durante más de tres años, por lo que cuando todos ellos ya habían sido titulares de empresas unipersonales y cuando a su nombre figuraba una deuda sin cubrir con la Seguridad Social, comenzaron a crear sociedades limitadas contando así con una denominación social diferente que les permitía seguir con su actividad.

Durante el periodo en que uno de los miembros era titular de la empresa activa en ese momento, el resto figuraban como trabajadores por cuenta ajena de sus propias empresas, generando así una vida laboral ficticia que en el futuro les pudiera dar derecho a solicitar el cobro de prestaciones o subsidios públicos.

El entramado operaba principalmente en la provincia de Valladolid, aunque los investigadores no descartan que pudieran haber continuado su expansión a provincias limítrofes como Segovia y Burgos. La operación, en este sentido, continúa abierta a la espera de localizar y detener a más integrantes de la red.

La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid y por el Grupo de Extranjería de la Comisaría Provincial de Segovia.