Las defensas del caso PGOU de Valladolid piden la anulación del juicio: «Nos falta el 50% de los documentos del Plan»

Los acusados, con sus letrados defensores, en el arranque del juicio del PGOU en la Audiencia de Valladolid. /Ramón Gómez
Los acusados, con sus letrados defensores, en el arranque del juicio del PGOU en la Audiencia de Valladolid. / Ramón Gómez

Cinco letrados intervienen en la primera sesión de la vista oral para plantear indefensión y la prescripción de los delitos

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

En la primera sesión del macrojuicio del caso PGOU, dedicada a las cuestiones previas, cinco letrados han delimitado la estrategia de defensa que marcará el proceso por el que están imputadas 14 personas por delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, tráfico de infuencias y un delito contra el patrimonio histórico: indefensión por lo que consideran «un procedimiento de instrucción caótico» y porque los delitos que se atribuyen a sus patrocinados, sostienen, «han prescrito». Los abogados han insistido en que les falta «el 50% de todos los documentos del Plan General» a pesar de haberlos reclamado hasta en cuatro ocasiones al juzgado instructor de la macrocausa.

En total, la causa son 12.000 folios y más de un millar de planos a los que, según han incidido durante sus intervenciones, no han tenido acceso al completo, «al contrario que las acusaciones, que han dispuesto de toda la documentación original desde el principio». Por este motivo, además de otros defectos procesales apuntados como la dilación indebida, han solicitado al presidente del tribunal la anulación del juicio.

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Por la supuesta manipulación de la principal herramienta urbanística de Valladolid para beneficiar a ciertos promotores, la Fiscalía solicita las penas más elevadas, de cuatro años de prisión, para los integrantes de la que fue cúpula de Urbanismo en el Ayuntamiento en 2003, encabezada por el principal acusado en el proceso, el exconcejal José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller, el exjefe de área, Modesto Mezquita y el exjefe de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada. Además, multas por 37.800 euros e inhabilitaciones que van de 19 a 43 años. El ministerio público pide penas de 2,5 años de prisión, 4.500 euros de multa y 18 meses de inhabilitación para los supuestos inductores, cuatro promotores urbanísticos. También se imputa por supuesto tráfico de influencias a otras cinco personas, socios de varias empresas.

La vista, que se prolongará hasta el 23 de noviembre, según las previsiones de la Audiencia, continuará mañana y pasado con la intervención del resto de abogados defensores.

 

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