León de la Riva y Silván declararán como testigos en el juicio por la presunta manipulación del PGOU

El recurso de la Fiscalía por el caso de las cartas de conformidad del crédito del soterramiento no es el único frente judicial al que se enfrenta el exalcalde. León de la Riva ha sido citado para comparecer como testigo en la causa que se abre hoy martes en la Audiencia Provincial por la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2003, unos cambios que habrían llevado a cabo el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca y tres de sus técnicos entonces, Modesto Mezquita, José Luis Cerezo Bada y Luis Álvarez Aller, para beneficiar a determinados propietarios de suelo de la ciudad.

Fuentes del caso confirmaron que su testifical está prevista para el 16 de octubre. Dos días después tendrá que pasar, también en calidad de testigo, el exconsejero de Fomento y actual alcalde de León, Antonio Silván. Ambos tendrán que explicar si conocían las prácticas que se estaban llevando a cabo en la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento, así como dar explicaciones de la solución que se aplicó tras detectarse el caso.

La Fiscalía pide penas de cuatro años de prisión para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Además, se sentarán en el banquillo de los acusados otros nueve empresarios de la ciudad a los que les habría beneficiado esas modificaciones, con penas que oscilan entre ocho meses y dos años y medio de cárcel.