El Colegio de Abogados de Valladolid tramitó 66 quejas y abrió 14 expedientes a letrados este año
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La comisión deontológica recomienda a los profesionales que formalicen una hoja de encargo al aceptar un caso para evitar «sorpresas»
La mayoría de las quejas que llegan al Colegio de Abogados de Valladolid por supuesta mala praxis profesional, señala Alfonso Alonso Narros, que coordina ... la comisión deontológica, «tienen que ver con la insatisfacción del cliente porque ha perdido el pleito y no quiere pagar lo estipulado». Así que suele ser cuestión de diferencias por los honorarios, lo que tiene que ir por otro cauce de reclamación, el procedimiento civil. «Hay un poco de todo» en las quejas que estudia la comisión. De hecho, en los últimos años se han producido dos casos de abogados ejercientes en Valladolid que han sido juzgados y condenados por estafa y falsedad documental. Uno de ellos está expulsado de la carrera hace tiempo y el otro está en prisión, cumpliendo condena, aunque se trata de casos excepcionales, puntualiza Alonso. Normalmente las quejas de los usuarios, que están relacionadas muchas veces porque no se les entrega la documentación que reclaman, se solucionan en el momento con la mediación del letrado que esté en el «turno deontológico, el diputado de guardia» y las reclamaciones no llegan a mayores, pues se busca el acuerdo entre el cliente insatisfecho y su abogado. Otras veces se acusa al letrado de vulnerar el secreto profesional, «como utilizar información que se tiene porque en un momento determinado se ha defendido a las dos partes y después se beneficia a una de ellas. O cuando hay un procedimiento de mutuo acuerdo entre marido y mujer y después vas solo con uno de ellos. El secreto profesional es muy amplio». En los casos en que hay denuncias entre abogados «tiene que mediar el decano del Colegio», precisa Alonso. De cualquier forma, subraya el vicedecano, «hay un interés en todo el colectivo en que se sancionen las malas prácticas, porque un garbanzo negro perjudica al resto».
Con la epidemia de covid el número de quejas que han llegado ha descendido respecto de las últimas tres anualidades, en las que se han superado los 73 informes previos abiertos al año. En lo que va de 2020 –todavía queda por celebrar la última comisión disciplinaria del año y la junta que decide sobre los expedientes, que estudiará una propuesta de sanción– se han abierto 66 informaciones previas, de las que 41 han sido archivadas y 11 están pedientes de resolución. Respecto de los expedientes disciplinarios, se han abierto 14 a otros tantos letrados y se han archivado dos de ellos. Han llegado a los juzgados tres casos, motivo por el que la tramitación disciplinaria se ha suspendido en el Colegio hasta que se pronuncien los tribunales, «pues el proceso sancionador está sometido al Derecho Penal». Hasta la fecha hay pendientes de resolver ocho asuntos y se ha producido una propuesta de sanción. Un expediente deontológico tiene como plazo máximo de tramitación seis meses.
Multas
Las sanciones pueden llegar a suponer desde el simple apercibimiento hasta, en el caso de faltas muy graves, la expulsión definitiva del ejercicio profesional. Pero no comportan multas, aunque el Colegio vallisoletano, en la línea del Consejo General de la Abogacía, es partidario de que a los profesionales que vulneren el código deontológico se les imponga también sanciones económicas. En la reforma del estatuto del Colegio, que está en marcha, se espera que pueda introducirse esta medida.
La recomendación que hace la comisión a los colegiados es que se curen en salud y formalicen las hojas de encargo con el cliente antes de empezar a trabajar en un determinado procedimiento para «evitar sorpresas». «Es como el presupuesto del arreglo del coche. Si hay discrepancias, este documento es una garantía para el abogado», subraya Alonso, pero incide en que cualquier queja que llega al Colegio se atiende y se abre un procedimiento de información previa, se nombra a un ponente y se da traslado al denunciado para que alegue. Después se decide si se archiva o si se abre expediente con un instructor, se inicia una fase de prueba y se hace una propuesta de resolución. Será la junta directiva del Colegio quien decida la sanción a imponer.
«Al final se va a quedar con mi casa»
La pesadilla de Gregorio Soto arrancó, relata, tres años después de iniciar su divorcio, en 2013, cuando el letrado con quien mantiene una guerra abierta por las discrepancias sobre los honorarios decidió hacerse cargo de su asunto. El abogado le reclama por sus servicios 172.000 euros que, dice Soto, «no puedo darle porque no les tengo». Este cliente defraudado, de 61 años, tiene abiertos tres procedimientos judiciales para intentar rebajar las cuantías y prepara una demanda por la vía civil, después de que la Audiencia haya archivado el caso por la vía penal. Se le ha concedido la justicia gratuita por baja renta y la discapacidad que tiene reconocida, pero cuatro letrados han ido renunciando sucesivamente a representarle.
Por ahora, el Juzgado de Primera Instancia 11 ha revisado una de las cuantías en costas reclamadas por el abogado de 48.000 euros y la ha dejado en 29.000. Soto tiene su casa de Peñafiel en embargo preventivo y teme que «al final, va a conseguir quedársela».
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