Valladolid

Cierran la red de gasóleo en Pago la Barca en plena investigación judicial

Esta decisión es la última que ha tomado la nueva compañía titular del suministro en un mar de acontecimientos que ha generado gran desconcierto entre los vecinos de Pago la Barca. La motivación del cese del servicio viene precedida por «causas de fuerza mayor» y dentro de «acciones preventivas en respuesta a preocupaciones recientes». «En septiembre de 2024 la instalación se encontrará de baja definitivamente», recalca el último comunicado enviado a los propietarios de la urbanización fechado a 13 de mayo.

Este cierre afectará a unas 75 viviendas de las 200 que tiene Pago la Barca. Concretamente a los propietarios que siguen enganchados a la red comunitaria, pues los restantes optaron con anterioridad a instalar depósitos individuales. A pesar de ese cambio, la red seguía funcionando por el resto del complejo residencial.

El cese de suministro es el último capítulo después de que con fecha 1 de abril Repsol, en el centro de la diana de la investigación desde los inicios, «cediera el contrato y el suministro» a Iberpropano, con sede en Zaragoza. En ese momento, la nueva compañía informaba a los vecinos de que el «suministro seguirá exactamente como hasta ahora». Un mes después, un nuevo comunicado llegaba a Pago la Barca. Alegaban que querían seguir con un «servicio de calidad», decidieron «inutilizar e inertizar la instalación de tuberías». Esa acción la fijaban para el 30 de septiembre, fecha adelantada quince días después para el 30 de junio.

En ese mismo escrito, Iberpropano incidía en que «no había fugas» tras completar «pruebas de estanquidad realizadas en presencia de un organismo de control», si bien una de las vecinas, en una reunión extraordinaria, recalcaba que en su parcela, alejada del punto de investigación, había detectado hidrocarburos en sus terrenos.

A la par que Repsol e Iberpropano emitían comunicado tras comunicado, la Fiscalía de Valladolid, que con anterioridad se encontraba ya investigando los hechos por un posible delito medioambiental, remitía las diligencias al Juzgado de Instrucción número 5 para determinar si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal.

Fue precisamente la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la que comunicó a la unidad de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado el expediente sancionador, por infracción muy grave, contra Repsol, «al comprobarse la presencia de hidrocarburos en el subsuelo, en distintas zonas de la urbanización Pago la Barca». A raíz de la decisión de la CHD, la cual recurrió Repsol, se solicitó un informe técnico al Seprona, que aún se encuentra pendiente de elaboración.

Además, la CHD, según recoge la Fiscalía, requirió a Repsol que pusiera en marcha todas las medidas para remediar la contaminación de las aguas subterráneas «mediante la retirada de fase libre de hidrocarburos en las zonas en que se haya detectado o se detecte en el futuro, y la ejecución de los proyectos de remediación del suelo y de las aguas subterráneas».

Ese plan de remediación ha llevado hasta la urbanización, concretamente a la zona de la tubería dañada, en principio por una raíz, así como a la parcela sin construir (donde se detectaron las primeras tierras contaminadas), un gran despliegue de medios tanto técnicos como humanos de la empresa subcontratada por Repsol (Ramboll).