Valladolid

Carpetazo a la investigación del «fraudulento» ágape en El Empecinado

Pues esa jornada se celebró, apunta el auto. «No al uso, sino que se aprovechó también un acto de relevo de un mando», continúa el juez instructor, que se ha apoyado en un informe del Ministerio Público para dictaminar su resolución. «El razonado informe concluye que los mandos denunciados no han cometido ninguna conducta que pudiera ser susceptible de incardinarse en algunos de los tipos penales», añade el juez sustituto del Juzgado Togado Militar Central número 1 de Madrid.

Reflejaba la denuncia inicial, por la que se llegaron a incoar diligencias, que existían «irregularidades en la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal de personas pertenecientes al ámbito militar al desviar fondos del patrimonio público sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».

Los hechos se circunscribían al 6 y 7 de septiembre del 2023, cuando se justificó un presupuesto de 1.920 euros para una jornada de instrucción continuada de 200 militares. Una adquisición de comida, continuaba la denuncia, que se efectuó a través de dos empresas de Valladolid.

Según la declaración de los mandos investigados (seis personas), el evento se celebró. «Teniendo en cuenta el horario reducido de la unidad, como consecuencia de la semana festiva (tuvo lugar durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo), el personal se personó a primera hora de la mañana y la jornada se prolongó hasta después del cóctel, sin poder determinar con precisión la hora de finalización, si bien fue en horario de tarde porque hubo que recoger toda la explanada y el comedor utilizado, guardar los vehículos, recoger el armamento y demás ornamentos», incide el último auto, fechado el 25 de febrero de este año.

«Resulta coherente la versión de los hechos manifestada por la totalidad de los investigados», añade el juez del Togado Militar Central en el archivo de la causa.

El archivo de este procedimiento se suma a otro que se ha encontrado bajo investigación durante más de un año. En esa ocasión por un posible delito de malversación de fondos. Un error en el procedimiento, al no prorrogar la fase de instrucción, ha dado al traste con más de un año de pesquisas, con exhaustivos análisis, por ejemplo de la Guardia Civil, y que ha servido para archivar la causa. De tal forma, la titular del juzgado se agarra a diferentes sentencias en las que se describe que «el plazo de instrucción es un límite infranqueable para la práctica de diligencias, a salvo de las acordadas antes del plazo y practicadas o recibidas después», recoge el auto del archivo.

Dos causas abiertas por posibles irregularidades y que han sido archivadas por diferentes motivos. Pendiente queda actualmente un tercer procedimiento con una investigación a altos mandos por presuntamente acosar a la persona que denunció anónimamente estos dos hechos pasados.

Relataba la Fiscalía de Valladolid en sus hechos que este hombre, con casi 40 años de servicio, puso inicialmente en conocimiento del anterior coronel de la AALOG 61, de forma privada y sin trasladarlo aún al Ministerio Público, «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con determinadas empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización».

Ese aviso sucedió el 4 de octubre de 2022, un día después y «bajo el paraguas de una supuesta reorganización del personal», el denunciante anónimo fue trasladado a la sección de recursos humanos. Apunta la Fiscalía que el nuevo puesto conllevaba «una menor carga de responsabilidad y por ende una denigración laboral personal». Una progresiva degradación «en el mismo momento en que informa y denuncia las irregularidades en el servicio que podría ser constitutivas de un ilícito penal».

Asimismo, se le prohibió el acceso a carpetas y aplicaciones en su puesto de trabajo, «las cuales eran necesarias para poder realizar debidamente sus funciones», y además se emitió un informe «desfavorable» para la prolongación del servicio activo.