Valladolid

Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus

La aplicación de esta figura 'liberaliza' la edificabilidad en la zona y permitirá la construcción de al menos 400 viviendas en este ámbito, unas sesenta de ellas de protección oficial, ya que el municipio cuenta con un espacio de su propiedad en la zona. Desde el pasado mes de octubre, una gran valla de la promotora Pryconsa anuncia la próxima comercialización de un inmueble residencial sobre el que, de momento, no se aportan más detalles. Únicamente, se ofrece un formulario para que los que estén interesados se pongan en contacto con la compañía.

El cambio en el planeamiento se impulsa para dar cumplimiento a una sentencia de 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras el recurso presentado por uno de los propietarios del área para cambiar la calificación de ese triángulo, delimitado por las calles Azucarera y Casa Alegre, en el que tienen presencia tres promotoras –Vía Célere, Pryconsa y Metrovacesa–, así como el Ayuntamiento de Valladolid. En principio, en el PGOU de 2020 se recogía esta pieza como suelo urbano no consolidado, lo que obligaba a realizar más gestiones a los dueños y mayores cesiones a la Administración Local. Ahora solo con la obtención de la licencia de obra a los proyectos que reciban el visto bueno municipal las máquinas podrían entrar a trabajar.

No solo eso. El denominado SE(o) 32-01, anulado por la resolución judicial, fijaba un número máximo de 70 viviendas por hectárea, en aplicación del artículo 86 bis del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que establece la densidad en suelo urbano no consolidado. «Esta limitación deja de tener efecto en suelo urbano consolidado, razón por la que el número de viviendas deja de etiquetarse y será el resultado de los futuros proyectos arquitectónicos», se explica en los documentos de la modificación.

Según determina la nueva ordenación, que acaba de recibir el visto bueno por parte del equipo de Gobierno del Consistorio, se prevén dos bloques de seis plantas, otros dos de siete y uno que podría llegar a las diez alturas y que se reservaría para esas viviendas públicas. Cada una de las parcelas privadas tienen una edificabilidad de 7.083 metros cuadrados. Esa capacidad se puede distribuir a gusto del constructor. Si son de cien metros, cabrían unas 70 viviendas, pero si la superficie de los hogares es menor, el número de pisos crece. En el caso de la parcela municipal, el cambio supone un incremento de la edificabilidad de los 3.333 metros cuadrados previstos en un primer momento a los 5.000.

Desde la Concejalía de Urbanismo, su máximo responsable, Ignacio Zarandona, confirma que hay un interés firme por parte de los promotores para desarrollar este sector en un plazo breve de tiempo. A pesar de ser una cuña de terreno en paralelo a la planta de la compañía Findus, que en los últimos años ha generado problemas por los malos olores que emitía en su entorno más próximo, el edil, que es vecino de La Farola, subraya que el enclave es atractivo a pesar de su cercanía a las naves industriales de Argales.

El desmontaje de la vía de Ariza facilita la permeabilidad de esta pieza con la zona de Ciudad de la Comunicación convirtiéndola en una extensión al otro lado del ya extinto canal ferroviario para los trenes de carga de Renault. Tiene fácil salida en coche hacia el polígono y hacia el Paseo de Arco de Ladrillo. «En el barrio de La Farola, por más que se empeñen algunos, ya no hay olores desde hace mucho tiempo; aparecieron hace unos meses, pero la fábrica ha aplicado unas medidas correctoras impuestas por la Junta y se han resuelto esos problemas», subraya el concejal.

Esta modificación del PGOU pone fin a uno de los capítulos más controvertidos y prolongados de historia urbanística de la capital al formar parte de la operación que el exalcalde León de la Riva firmó con Ebro-Puleva en 2002. El pleno Ayuntamiento aprobaba en diciembre de aquel año un convenio con la compañía mediante el cual el Consistorio trasladaba 30.000 metros de edificabilidad residencial de la parcela de la Azucarera San Victoria a la de la antigua fábrica de Piensos Cía, en el Paseo de Zorrilla, frente a Vallsur, hasta sumar más de 40.000. La compañía se aseguraba con el acuerdo otros 33.300 en Santa Victoria. A cambio, el Consistorio recibía 15,3 millones de euros y la vieja factoría para habilitar en su entorno el actual parque de Las Norias.

Ya en 2007, el TSJ, tras un recurso del entonces concejal socialista Ángel Velasco, anulaba la orden de la Consejería de Fomento que bendijo el cambio en el PGOU que autorizó la operación. Detectaba un exceso de edificabilidad, censuraba el procedimiento administrativo para su aprobación y ratificaba que el exregidor debió abstenerse en la votación al formar parte del consejo de Ebro. El edificio residencial quedaba en situación ilegal al haberse permitido la construcción de 263 viviendas más de las 160 previstas en Piensos Cía, el imponente bloque levantado frente al centro comercial.

Finalmente, en 2014, el recurrente llegó a un acuerdo con los propietarios del suelo, avalado por la entonces concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, para compensar ese exceso de edificabilidad con terreno para 60 pisos de VPO en la zona de la Azucarera Santa Victoria, así como con un espacio para un aparcamiento subterráneo. Fue con la llegada del gobierno municipal del PSOE y Toma la Palabra, en 2015, cuando sus responsables retoman el asunto, esta vez para reclamar a las promotoras 5,6 millones de euros bien en dinero o en parcelas residenciales para compensar ese aumento de eficabilidad.

En 2018, el TSJ se volvía a pronunciar en otra sentencia: reconocía la ilegalidad de la operación, pero rechazaba que el Ayuntamiento tuviera que ser indemnizado por el incremento de viviendas. El exconcejal Manuel Saravia inició negociaciones para llegar a un acuerdo que estuvo cerca, pero uno de los propietarios de los terrenos volvió a recurrir a los tribunales.

Ahora, 23 años después del convenio con Ebro-Puleva, se da cumplimiento a esa última sentencia de 2022 que califica el suelo como urbano consolidado y allana la construcción de las viviendas en la Azucarera Santa Victoria.