La Asociación de Hostelería de Valladolid salta por los aires

De hecho, la actual presidenta se adelantó a la conferencia de prensa convocada por la Junta Directiva en la sede de la Apehva a las 18:00 horas y mandó un correo electrónico en el que se defendía de las acusaciones que se pusieron sobre las mesas pocas horas después.

Durante la comparecencia pública, Amalio del Pozo, Emilio Martín y Ana María García, vicepresidente primero, vicepresidente segundo y secretaria, respectivamente, explicaron las razones que han llevado a la Junta Directiva a bloquear todas las decisiones y actuaciones de la presidenta, María José Hernández, a la que acusan de supuestos «incumplimientos» de varios artículos de los estatutos y de «irregularidades» por gastos que no han sido firmados por el contador, Diego López, y la tesorera, Belén Omaña.

La Junta General, a excepción de su presidenta, aclara que en la actualidad está integrada por 14 miembros, y no por 23 como indicó la presidenta en unas recientes declaraciones, y considera que esta situación crea «confusión sobre el número de personas que la componen y con ello pretende quitarle validez a las decisiones tomadas y aprobadas por la Junta de esta Asociación». Al mismo tiempo, señalan que los nueve puestos vacantes «son fruto de la negativa de la presidenta a convocar a los distintos grupos sectoriales y cubrir estas plazas».

Pero las palabras adquieren más dureza cuando explican que la Asociación «está secuestrada desde marzo de 2020, al no querer celebrar la presidenta las distintas reuniones que obligan los Estatutos para el buen funcionamiento de esta. Por ello queremos manifestar que las decisiones que se han llevado a cabo en estos meses las ha tomado la presidenta sin informar ni consensuarlas con la Junta, llegando a una situación en la que la Junta Directiva está bloqueada por la presidenta que actúa de forma independiente al régimen de control de la Asociación».

Lo cierto es que, en estos momentos, la presidenta tiene bloqueadas todas sus decisiones, a la espera de que se celebre la Asamblea General Extraordinaria el próximo 28 de junio, lunes, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda. La Junta Directiva confía en una respuesta masiva de los asociados para renovar los cargos de la Presidencia y las 22 vocalías (dos por cada gremio) por lo que ha pedido al Ayuntamiento de Valladolid que les ceda la Cúpula del Milenio, donde se celebrará.

Por el momento, hay dos candidaturas, la encabezada por Jaime Fernández, que ya fue presidente de los hosteleros, y Lola Paunero, que se estrenaría en el cargo. Aunque María José Hernández no ha deshojado la margarita, muchos consideran que podría guardarse un as de bajo de la manga y presentar su candidatura en el último momento con avales firmados ante notario, un hecho contemplado en los Estatutos de la Apehva. Ninguno de los miembros de la Junta Directiva se muestra dispuesto a dar un paso al frente, pero hasta el último minutos puede saltar la sorpresa. No sería la primera vez.

Según la Junta General, «hay constancia del incumplimiento de los Estatutos en cuanto a la convocatoria de los órganos de gobierno de la Asociación. La Asamblea General Ordinaria del año 2020 se ha celebrado el pasado 4 de febrero de 2021. Tampoco se han llevado a cabo las reuniones de Junta General que se fijan en los Estatutos, no habiéndose celebrado más que tres en dos años 9/3/2020, 19/8/2020 y 17/5/2021, reuniones éstas últimas que ha sido solicitadas expresamente por miembros de la junta general y no a iniciativa de la presidencia al igual que la solicitada para el 7 de junio y que no ha sido convocada»

Además, la Junta Directiva afirma que se han venido «incumpliendo los protocolos de los pagos a realizar debido a que se ha dispuesto de fondos sin la autorización mediante firma conjunta de presidente, tesorero y contador, según consta en la contabilidad por un valor total de 751.66 euros en el año 2020 y 1.011,70 en el año 2021. Todo esto sin tener aprobados los presupuestos del 2012 ni las cuentas del 2020».

Debido a este comportamiento, y según el Artículo 20º.16. de los Estatutos, la Junta Directiva, sigue narrando, decidió enviarle un escrito informándole sobre las causas de la cancelación de la tarjeta de la asociación «por el uso poco ético que había estado llevando a cabo y para evitar que siguiera repitiéndose. La presidenta ha utilizado sin autorización el certificado digital de la Asociación para sus trámites personales«, afirma.

En cuanto a la asamblea general, explican que el pasado 17 de mayo de 2021 se procedió a celebrar la Junta General, reunión convocada a petición de varios de sus miembros, en la que se iban a tratar temas como la fecha de la Asamblea General y las de las reuniones de la Junta Directiva, las cuentas de 2020 y el presupuesto de 2021.

«La presidenta, María José Hernández, no quiso dar explicaciones de determinados asuntos a lo que la Junta Directiva, viendo esta actitud, le pidió que diera dichas explicaciones. Ante este hecho reaccionó abandonando la reunión sin darla por finalizada». En la misma se procedió a fijar la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de junio, con el orden del día establecido basándonos en el artículo 20.5: La junta Directiva entre sus funciones tendrá la de «decidir la celebración de reuniones extraordinarias de la Asamblea General y fijar el Orden del Día de éstas y de las ordinarias» y en el artículo 25.1.2:.» Las reuniones de órganos de gobierno cuando especiales circunstancias aconsejen. Están facultados para convocar: a) Las de la Asamblea General, el presidente, la Junta General y la Junta Directiva».

Ante esta convocatoria, la presidenta «hizo llegar otra para el día 24 de junio de 2021 a la secretaria de la asociación y se observan diversas irregularidades en la misma que no cumplen con los Estatutos de la Asociación. Estos incumplimientos se han comunicado a la presidenta sin que se tenga respuesta por su parte».

«Por eso queremos hacer hincapié y quedar constatado al mismo tiempo que comunicar a los asociados que la convocatoria que se les ha remitido para la celebración de Asamblea General Extraordinaria el próximo 28 de junio de 2021 está legalmente convocada, según nuestros Estatutos y esperemos que los asociados acudan y en la Asamblea la Junta General dará pleno detalle de todo lo manifestado.

Por su parte. la presidenta de la Apehva, María José Hernández, ha acusado a «doce» miembros de la Junta Directiva de haber iniciado una campaña de «difamación» y «desprestigio» y ha asegurado que le han retirado de facto sus funciones, ya que no le han permitido acceder a la Asociación ni hacer uso de la tarjeta que tiene asignada para gastos de representación. Cosa que, en efecto, admite la Junta Directiva.

La presidenta, que se encuentra convaleciente con una fractura del peroné, subraya en su comunicado ennviado por correo electrónico que esa campaña «pública de desprestigio» tiene «como único fin» impedir que se presente de nuevo a la elección en el cargo que ejerce desde 2017 y que deberá renovarse a finales de mes.

Hernández ha acusado a «doce integrantes» del órgano directivo de «difamar» su persona y su gestión, «con actos de descrédito, deshonra y menosprecio, primando los intereses personales de quien pretende acceder al cargo de presidente al margen de la legalidad de unas elecciones libres y transparentes en la Asociación».

«El criterio es el de difama que algo queda y si no puedo ganar las elecciones en la Asociación las gano en los medios a costa del prestigio de una mujer que ha representado a la Hostelería de Valladolid con el respaldo de la mayoría del sector, dejando su salud y todo su trabajo en el empeño», asegura María José Hernández. La presidenta afirma en el comunicado que incluso decidió suspender el pasado 17 de mayo una Junta General «ante los insultos del vicepresidente segundo» y «el uso de la fuerza física por parte de la secretaria». En este sentido, los dos aludidos, Emilio Martín y Ana María García, niegan dichas acusaciones y señalan que si la presidenta considera que existieron dichos insultos y agresiones, acuda a la Policía a denunciar los hechos.

Posteriormente, ha añadido, la Junta General apartó «de hecho» de todas las funciones a la presidenta, al negarse ésta a convocar una nueva reunión el día 7 de junio debido a que aseguraba que tenía que representar ese día a Valladolid en la Federación Regional de Segovia.

La Junta Directiva, según Hernández, «ha advertido en una carta a los trabajadores de la Asociación de que las órdenes directas las recibirán de la secretaria», y a ella se le ha retirado la tarjeta de crédito para hacer frente a los gastos de representación, el acceso a las redes sociales y se le ha impedido enviar cartas o correos electrónicos a los asociados desde el conducto oficial para informarles de la situación.