Acusan a un abogado de un delito de abuso sexual contra una clienta

Sede de los juzgados de Valladolid, en la calle Angustias. /HENAR SASTRE
Sede de los juzgados de Valladolid, en la calle Angustias. / HENAR SASTRE

La Fiscalía de Valladolid solicita para el letrado 6.000 euros de multa, y la acusación particular 2,3 años de cárcel

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

Un abogado vallisoletano se sentará en el banquillo el próximo mes de diciembre acusado por la Fiscalía provincial de un delito de abuso sexual cometido, presuntamente, contra una mujer con la que habría mantenido una relación de asesoría jurídica respecto a un procedimiento civil de familia que le había encargado.

La investigación por este caso se produjo cuando la mujer denunció los hechos el pasado año, y fue el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid el que se hizo cargo de las diligencias, que finalizaron a inicios de este 2018.

La joven presentó la denuncia en la comisaría de Delicias de Valladolid en enero de 2017, y tras practicar las pruebas correspondientes la magistrada de Instrucción determinó inicialmente el archivo de las actuaciones al no ver delito.

Sin embargo, fue en septiembre de 2017 cuando fueron reabiertas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, que preside Feliciano Trebolle, después del recurso de apelación de la denunciante, al que se adhirió el Ministerio Público, por entender que había indicios en los hechos denunciados. La sala sostiene que debe ser el Juzgado de lo Penal el que valore las pruebas en la vista.

Tras la calificación de las partes, el Juzgado de lo Penal ha determinado ya la fecha del juicio oral, por lo que el letrado vallisoletano, J. B., se sentará finalmente en el banquillo a finales de año después de que la vista oral quedase suspendida esta semana.

La Fiscalía de Valladolid solicita para el acusado en sus conclusiones provisionales una multa de 21 meses (unos 6.000 euros), sin incluir petición de prisión, opción ésta que contempla el vigente Código Penal.

Por su parte, la acusación de la mujer ha solicitado 2 años y tres meses de cárcel, una inhabilitación especial para sufragio de 3 años y el abono de 30.000 euros por los daños morales sufridos por la denunciante. Además pide la prohibición para acercarse a la mujer a menos de 500 metros y comunicarse con ella mediante medios electrónicos.

«Denuncia falsa»

Por su parte, fuentes de la defensa del letrado calificaron los hechos como «una denuncia falsa, cuyo objetivo es obtener un beneficio económico para compensarle por un proceso de tasación de un inmueble matrimonial que no le salió satisfactoriamente. Pidió una cantidad y el letrado se negó a dársela», añaden.

En la vista oral está previsto que declaren tres testigos, que habrían estado presentes en el despacho profesional cuando ocurrieron los supuestos hechos. Además, la jueza de lo Penal deberá analizar el contenido de varios correos electrónicos remitidos esos días.

El artículo 181 del Código Penal establece para el delito de abuso sexual una pena de prisión de uno a tres años, o multa de 18 a 24 meses, para el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona.

La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

Inquietud en la organización colegial

El encausamiento del letrado, que lleva adscrito al Colegio de Abogados de Valladolid más de 20 años, ha provocado una gran inquietud en el seno de la organización colegial, varios de cuyos miembros dijeron a este diario no recordar un procedimiento de estas características (por un presunto delito sexual) vinculado, supuestamente, al ejercicio de la abogacía.

Fuentes de la organización profesional, que dirige Javier Garicano desde 2016, indicaron que tras conocer el caso y la denuncia se optó por posponer el expediente de la Comisión de Deontología hasta que se resuelva el proceso por vía penal.

Dicha comisión interna está integrada por 13 personas de las cuales solo una pertenece a la Junta de Gobierno y el resto están nombrados de entre el censo de los colegiados.