La acusaciones mantienen penas de cárcel para el letrado por «engañar» a seis clientes en Valladolid

Las tres acusaciones (dos particulares y una pública) mantuvieron ayer las penas de prisión contra Antonio Fernández M. en el juicio que la Audiencia de Valladolid continuó contra este abogado, por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, que se habrían cometido contra seis clientes que acudieron a su despacho en 2014 para ser asesorados y reclamar los importes de cláusulas suelo.

«Hubo ánimo de lucro y engaño bastante. Es suficiente ver los contratos que firmaba con los clientes, a los que supuestamente les entregaba 5.000 euros, y con los que pretendía asegurarse el cobro de los honorarios futuros con un préstamo al 16% de interés, aunque ahora sostenga que eso fue un error», dijo el fiscal, que criticó además que el acusado fijase el cobro de su factura en función del concepto de cuantía indeterminada del pleito civil, lo que le permitiría elevar las minutas.

Según el fiscal, Antonio F. M. fundó una sociedad (RBH) de servicios inmobiliarios, en la que utilizó a un comercial «como hombre de paja» para captar a clientes. Aunque se les llamaba para ser intermediarios en el alquiler o venta de sus pisos, posteriormente se les ofrecía los servicios de reclamación a las entidades. En su intervención recordó que tal fue la gravedad de la conducta del letrado que el Colegio de Abogados decidió trasladar a la Fiscalía las quejas que presentaron los clientes.

Pese a ello, el fiscal retiró la acusación de falsedad documental, pero mantuvo la del delito continuado de estafa, rebajando la pena de cinco años por la de dos y seis meses, y por el delito leve de apropiación indebida solicitó en una multa de dos meses a razón de 18 euros diarios.

Por su parte, la letrada de la acusación particular señaló que el acusado a pesar de haber cobrado 4.500 euros, seguía hoy reclamando 25.000 euros a sus clientes en un procedimiento civil no resuelto. «Se aprovechó de su superioridad jurídica y, ¿cómo iban a pensar que un abogado les iba a engañar mediante coacciones», dijo la letrada, que solicita 8 años. «Aunque era doloso sentar a un compañero en el banquillo», la segunda acusación particilar pidió su condena para «dignificar» la abogacía. En este caso, se solicita 2,5 años de cárcel por el delito de estafa continuado, dos más por apropiación indebida de documentos de los clientes y cantidades, y otros dos por coacciones.

Este letrado destacó que el acusado avisó a sus clientes que les iba a arruinar la vida si no le pagaban, y «pasó a la acción con el próposito de hostigarles». «No me imagino seis horas en un despacho con este señor y su verborrea. Salieron sin saber lo que firmaban», ironizó este letrado, que defiende a un agricultor de Castroñuno que avaló a su hija en un préstamo hipotecario del Baco Ceiss, cuyas letras de algo más de 600 euros pagaba el progenitor.