Valladolid

Un acuerdo de compraventa 'in extremis' paraliza el desahucio de una familia numerosa

«La mujer dejó de pagar la hipoteca, empezaron a llegarnos cartas a casa, hablamos con ella y dejamos de pagar el alquier», detallaba el padre de familia, que esta mañana se mostraba esperanzado en que un acuerdo de última hora con la actual propiedad, el fondo buitre Bellyrium iInvest Reo SL, para comprar la vivienda, permitiera frenar el lanzamiento, ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran: «tenemos una hija con epilepsia y si nos echan no tenemos alternativa. Iremos a casa de unos familiares durante unos días, pero nada más».

No fue hasta última hora de la tarde del pasado martes cuando la propiedad aceptó la oferta de 15.000 euros, después de meses de negociaciones con un precio de salida que doblaba la cifra finalmente acordada y con la negativa por delante a la posibilidad de firmar un alquiler social. Y así se lo comunicaba a primera hora de la mañana la abogada de la familia a la comitiva judicial, que solicitaba una suspensión primero de dos semanas y después de un mes, para formalizar la compra.

Y aunque con reticencias por «haber esperado al último momento» y «actuando de buena fe», la secretaria judicial aceptaba la petición, fijando una nueva fecha para dentro de dos semanas, tiempo «suficiente» para dejar constancia del acuerdo de compraventa en el juzgado. Ello después de que el procurador de la parte ejecutante, «no se opusiera» a pesar de no tener constancia del acuerdo, que si era corroborado por un representante de la gestoría en la que se han llevado a cabo las negociaciones.

Tras la firma de todas las partes implicadas, incluido el cerrajero y la comercial de la inmobiliaria encargada de la entrega de llaves, los aplausos de familiares y vecinos y los cánticos por la victoria de «la lucha de la clase de obrera» de la decena de miembros del Sindicato de Vivienda, que llevaban desde primera hora de la mañana apostados en la puerta del número tres, rompían el silencio. A la par que el dispositivo policial, tres furgones de la Nacional y cinco patrullas de la Policía Local, deshacían el cordón que cercaba la vivienda y abandonaban la zona.

Pasado el momento de júbilo, el matrimonio, que agradecía a la comisión judicial la decisión, confirmaba que el acuerdo había sido posible gracias a un comprador, «un amigo de la familia» que tiene previsto alquilarles la casa. «Nos querían echar habiendo un comprador de por medio. Y encima no es culpa nuestra, no hemos entrado de patada. Hay un contrato por medio, hay pagos», se defendía la pareja, beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital, que estuvo abonando el alquiler «durante los primeros cuatro años» y que dejó de pagar únicamente al enterarse de que la propietaria había dejado de abonar la hipoteca, pasando la casa a manos de un fondo buitre, que se hizo con el inmueble al sacarlo el banco a subasta tras solicitar la ejecución hipotecaria.

«Nunca nos hemos negado a pagar», aclaraban, detallando que durante estos meses han acudido a los servicios sociales para encontrar una alernativa habitacional, donde les han llegado a trasladar «que no había viviendas disponibles».

Desde el Sindicato de Vivienda, que han apoyado a la familia durante el proceso y que esta mañana acudían para intentar evitar el lanzamiento, sin que en ningún momento se haya producido ningún tipo de forcejeo con las fuerzas y cuerpos de seguridad dado el cariz tranquilo de las negociaciones, han advertido que «cada vez se están produciendo más desahucio de este tipo» y que «vendrán más» ante una eventual recesión, el alza de los precios y la distribución «desigual» de la propiedad.

«El decreto ley para frenar los desahucios a personas vulnerables no está funcionando, ya que la mayoría de casos, como en esta ocasión, no hay un contrato de arrendamiento de por medio con la actual propiedad, sino que vienen derivados de ejecuciones hipotecarias», lamentan.