Un abogado se enfrenta a cinco años de cárcel por una presunta estafa a seis clientes

Un abogado vallisoletano se enfrenta a cinco años de cárcel por los delitos continuados de presunta estafa, falsedad documental y apropiación indebida cometidos con seis de sus clientes en el año 2014. Una supuesta actuación profesional dolosa que estaba relacionada con el asesoramiento sobre las cláusula suelo, expedientes judiciales que han aumentado en los últimos años tras varias sentencias del Tribunal Supremo contrarias a las entidades financieras.

El acusado, A. F. M. es letrado ejerciente desde 1999, y a través de su despacho en Valladolid recibió a un matrimonio en febrero de 2014, que solicitó asesoramiento sobre un contrato hipotecario suscrito con el Banco Popular, y que contenía una cláusula suelo.

En esa función informativa, el letrado presentó al matrimonio dos documentos para que los firmasen de forma insistente, expresándoles que «eran meros formalismos» necesarios para comenzar a negociar con la entidad financiera. Para acabar con su recelo, el abogado les apuntó que en cualquier momento los documentos suscritos se podían anular. Además les indicó que aunque deberían de realizar una aportación como provisión, el dinero que recibirían finalmente sería superior al que debían de entregarle.

Según el escrito de la Fiscalía de Valladolid, la pareja sin conocimiento jurídico alguno, y en la confianza de que estaban bien asesorados, procedió a firmar los contratos.

El primero de ellos se trataba de un contrato de préstamo que, supuestamente, les realizaba el letrado, y cuyo importe era de 5.000 euros.

Los clientes, pese a que lo firmaron, no recibieron ese dinero del letrado. Paralelamente se incluía otra cláusula de pacto de los honorarios profesionales, que se devengaba de forma mensual, y con un un interés del 16% en caso de impago. También la entrega del dinero que el Banco Popular les entregase por la anulación de la cláusula suelo cobrada indebidamente.

Recelo en casa

Pero el matrimonio comenzó a recelar del letrado al llegar a su domicilio y leer detenidamente los documentos. Por ello se volvieron a poner en comunicación con el letrado para indicarle que querían anular los contratos, pero A. F. les advirtió que ya había iniciado las gestiones ante el banco y para ello en su caso deberían de pagarle 11.000 euros. Sin embargo, el Ministerio Público y las acusaciones sostiene que las mismas no se realizaron.

Anta la supuesta intimidación, según declararon en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, decidieron que continuar con el procedimiento civil de reclamación frente al banco. No obstante, en abril de 2014, comunicaron al abogado que el Popular estaba eliminando las cláusula suelo de las hipotecas simplemente con la solicitud de los titulares del crédito. El acusado, sin embargo, hizo caso omiso. Además, giró para el cobro cantidades periódicas, entre febrero y julio, que suman 4.500 euros.

El Ministerio Público también acusa a este letrado de haber eliminado la posibilidad de una solución extrajudicial con la entidad, pese haberse comprometido. El procedimiento siguió adelante, y fue el Juzgado de lo Mercantil 1 de Valladolid el que en un juicio reconoció en marzo de 2015 el derecho del matrimonio a cobrar del banco 4.943 euros.

A este presunta estafa, el fiscal suma otro presunto delito cometido en mayo de 2014 contra un tercer cliente, que reclamaba además la cláusula suelo por un préstamo de 180.000 euros. También en este caso le hizo firmar dos documentos.

Igualmente otros tres clientes más, un matrimonio y su hija le acusan de haberles aconsejados a dejar de pagar la hipoteca y a que firmarán un contrato de prestación de servicios similar a los anteriores. Estos clientes también firmaron el documento.

El fiscal reconoce que el letrado actuó así acuciado por un procedimiento hipotecario por impago, saltándose la normativa tributaria de lucha contra el fraude por la entrega de 5.000 euros a cada cliente. La vista oral durará dos días.