El abogado acusado de estafa pide su absolución ya que «no se me puede condenar por una minuta»

Sede de la Audiencia Provincial. /HENAR SASTRE
Sede de la Audiencia Provincial. / HENAR SASTRE

En el juicio, que quedó visto para sentencia, Antonio F. negó las coacciones a clientes y mantuvo su libertad para fijar los honorarios

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

«El peor defendido de mi mismo soy yo, el más tonto de todos soy yo también, pero vamos a ver si en este acto de defensa consigo rebatir todas las acusaciones que se me han hecho». De este modo expresó el letrado Antonio Fernández en su turno de 'autodefensa' su rechazo a los hechos por los que se le ha juzgado durante tres días.

Un procedimiento investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid desde 2014, después de trasladar inicialmente el Colegio de Abogados tres denuncias a la Fiscalía.

Peticiones por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida contra seis clientes en tres procedimientos hipotecarios y de cláusulas suelo, que le han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial.

La sesión de ayer la reservó el tribunal para que Fernández pudiera justificar su inocencia con la que evitar el ingreso en prisión por penas que van desde los 2,5 años hasta los ocho.

Unas imputaciones por haber «embaucado» a sus clientes, alargado, supuestamente, procedimientos, no haber presentado los escritos a bancos y órganos judiciales, y haber concedido presuntos préstamos a sus clientes, que niegan haber recibido, y con los que pretendería garantizarse los futuros honorarios.

«¿Y se va a meter a la cárcel a un abogado por poner una cuantía errónea en una minuta? Sería un error», remarcó a los tres magistrados que deben dictar sentencia.

En este sentido, el letrado insistió en que los honorarios de los abogados son libres de pactarse con los usuarios de los servicios, al tiempo que agregó que la jurisprudencia ha ido evolucionando respecto a la aplicación de las minutas en relación con las cuantías indeterminadas de los pleitos.

«Yo mi trabajo lo valoro y en Madrid les aseguró que me lo pagan. Si una demanda no se presenta luego, ¿qué pasa, ese tiempo de prepararla no vale nada? Si es así, eso es desprestigiar la labor de un abogado. Si a estos señores no les gustaba lo que les estaba cobrando, pues que utilicen la vía civil, pero no la penal para sentarme en el banquillo. No ha existido engaño bastante para justificar la estafa», indicó el letrado, que dijo sentirse abrumado por lo que considera una «concertación» por parte de miembros del Colegio de Abogados para llevarle hasta este procedimiento.

Tanto el Ministerio Fiscal como las dos acusaciones particulares acusan al letrado de cobrar 4.500 euros por procedimientos que el órgano colegial estima no deben superar los 2.500 euros. Antonio Fernández recordó al respecto a uno de los clientes denunciantes que había ganado, con las costas incluidas, su pleito contra el banco.

Más de una hora

Después de más de 60 minutos de intervención, en los que el presidente del tribunal le llamó la atención para que no citase a colegas que no figuran en la causa, el abogado negó las coacciones que le imputan por las llamadas a clientes para que le pagasen. Hasta seis horas de conversación telefónica, afirmó uno de los testigos en la segunda sesión.

Por el contrario, el letrado mantuvo que lo que buscaba era informarle y aclararle el procedimiento judicial.

Sostuvo además que se había sentido «profundamente indefenso e inerme» para poder presentar más pruebas documentales e interrogar a los testigos que le acusaron.

«Tengo derecho a demostrar la intencionalidad de las denuncias y la concertación de los denunciantes, y espero que sus señorías tengan en cuenta al menos todo lo que he dicho. Espero que esto sirva de escarmiento para que la gente que usa las instituciones para producir indefensión contra una persona a la carta, no debería de producirse jamás, ya que al igual que me ha pasado a mi le puede pasar a otra persona», concluyó.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial dictará sentencia en las próximas semanas, cuyo fallo podrá recurrirse en el Tribunal Superior de Justicia.

 

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