Abiertos por vacaciones

El Ministerio de Justicia intentó en julio dar marcha atrás en la habilitación programada del 11 al 31 de agosto, pero con el Senado de vacaciones, no se pudo 'deshabilitar' de forma oficial. De manera que los plazos de los procedimientos siguen corriendo, aunque en Valladolid y en el resto de Castilla y León los señalamientos de juicios y comparecencias son residuales y solo se mantienen los urgentes que contempla la Ley (violencia de género, causa con preso, menores, despidos...). Pero la habilitación obliga a letrados y procuradores, quieran o no, a estar pendientes de Lexnet. «Así que no desconectamos», señala la procuradora Gloria Calderón, que trabaja todas las mañanas antes de ir a darse un baño en la playa de su retiro alicantino, a dónde se ha escapado para disfrutar de su familia, sin olvidarse del portátil.

En la Administración de Justicia, aunque en agosto «siempre hay alguien en los juzgados» –protestan desde la judicatura­–, la mayoría de los jueces, fiscales y funcionarios están de vacaciones, mientras que los abogados y procuradores se sienten como la cenicienta sin ir al baile.

Teresa Vicario prefiere tomarse con filosofía la excepcionalidad de la situación: la familia se cogía una semanita de vacaciones por estas fechas, «lo justo por la infraestructura que tenemos, solo somos dos más un administrativo. Indica que le están llegando al despacho numerosas notificaciones y que el «cambio más brusco» que observa respecto de otros años tiene que ver con los clientes. «La primera semana de agosto hemos estado más tranquilos, pero ahora tenemos muchas, muchísimas llamadas, estamos teniendo el mismo volumen que cualquier día de septiembre. Y tenemos más clientes nuevos que exigen disponibilidad absoluta todo el tiempo. Creo que muchos ciudadanos consideran que los abogados no tenemos vacaciones, no asumen que este es el único mes en el año que podemos bajar un poco el ritmo».

Es imposible desconectar del todo, señala, aunque la medida extraordinaria afecta de manera diferente a los integrantes de los pequeños despachos de autónomos que, como ella, son la mayoría en Castilla y León, que a los grandes bufetes de ciudades como Madrid o Barcelona, donde los letrados se pueden ir turnando para cogerse unos días de descanso porque los equipos lo permiten. Vicario está acostumbrada al teletrabajo y a la dificultad de conciliar su profesión con su condición de madre de hijos menores. «Por eso no me ha costado tanto organizarme durante el confinamiento. Otra cosa será lo que pase a partir de septiembre con los colegios y los comedores escolares con la covid», señala, no sin preocupación.

En cuanto al objetivo de «descongestionar» los juzgados tras el estado de alarma, que fue el argumento central esgrimido por el Gobierno para decidir esta medida, Vicario, se muestra cauta. «La Justicia, si hablamos en términos generales, no se desatasca en un mes. Otra cosa son asuntos concretos y cómo funcionen juzgados puntuales. Nosotros no somos funcionarios, sino autónomos y, si nos vuelven a confinar en octubre, por lo menos algo se habrá avanzado. Estas situaciones solo se sobrellevan con cierta calma».

Mucho más crítico con la habilitación del mes de agosto se manifiesta el abogado burgalés Emilio Martínez, letrado de la acusación por Ecologistas en Acción en casos tan mediáticos como la denominada trama eólica, la investigación judicial del supuesto cobro de comisiones en el reparto de los parques en Castilla y León, o Meseta Ski, el gran proyecto de ocio fallido de la Diputación de Valladolid, judicializado poco antes del estado de alarma. Martínez, desde un punto de la Ría de Vigo, sigue pendiente de los trámites procesales de sus asuntos. «Estamos cabreados porque todo esto es inútil. No se cree nadie que esta ocurrencia del señor ministro vaya a suponer un acelerón y los únicos sujetos a plazos somos los abogados y procuradores», protesta el veterano letrado. Comenta que le vence un plazo esta misma semana. «Mis vacaciones consisten en mirar por la ventana cuando levanto la vista del ordenador», resume.

Martínez, que compatibiliza los pleitos con el ejercicio docente (es profesor de Derecho en la Universidad de Burgos), confiesa que pensar en cómo van a regresar los alumnos a las clases presenciales le genera doble preocupación. «Está siendo un año raro para todos», asegura.