Ocho de cada diez agresiones sexuales a menores son obra de familiares o conocidos

Los agresiones a menores son prácticamente la mitad de los ataques a la libertad sexual que se denuncian en España (más de 8.000 atestados al año), pero en realidad suman decenas de miles de casos silenciados, pues el documento de la ONG, basado en el análisis de unas 400 sentencias dictadas entre 2021 y 2022, calcula que no llegan a las comisarías y los juzgados más del 15% de los delitos de este tipo. El silencio que alimenta esta lacra, su enorme tasa de infradenuncia, se refleja en que el 96% de los procesados por estos delitos, casi la totalidad, carece de antecedentes por hechos similares.

Parte de la explicación de esta enorme opacidad, además de en la corta edad de las víctimas, se deduce del perfil del autor. Ocho de cada diez agresores sexuales de menores en España son familiares o conocidos, casi a partes iguales. En el caso de la familia, la mayor parte de los ataques surgen del padre o la pareja de la madre. El círculo social próximo incluye a amigos y conocidos tanto de la familia como de la víctima, a su posible pareja sentimental y a educadores y monitores. Son los ataques de estos amigos o conocidos los que más han aumentado, pues ya representan el 42% de los casos, ocho puntos más que hace solo dos años.

La víctima principal de estos ataques es una niña o una adolescente a la que se comienza a agredir desde los 11 años. El 80% de los abusos se producen sobre chicas, con tasas aún más altas entre los 5 y 9 años y en la adolescencia. La mitad de las agresiones que llegan a los juzgados se han producido entre los 10 y los 14 años y la aliada de la víctima en los casos que salen a la luz es la madre. El 75% de los procesos de los que se conoce su origen se inician por la denuncia de la perjudicada o de su progenitora.

La respuesta de las instituciones y de la justicia a esta lacra tiene un amplio margen de mejora, a la vista de la abundancia de dilaciones y revictimizaciones y de la falta de aplicación de las reformas. No llegan ni a la cuarta parte los procesos judiciales que se resuelven en dos años, el 18% tarda cuatro años y el 16%, cinco. Aquí, además, se detecta un notable retroceso, pues en el período 2019-2020 las sentencias que se dictaban en dos años o menos eran dos de cada tres, el triple que ahora.

Un segundo elemento negativo es el escaso uso de la prueba preconstituida, la toma inicial de declaración a la víctima, que queda grabada y que le exime de volver a contar sus abusos antes otros profesionales e, incluso, de repetirla en el juicio. Solo se produce en el 25% de los casos. La mayoría tiene que narrar su historia no menos de tres veces -policía, fiscal y juez- antes del propio juicio.

Carmen, una gaditana de la que su abuelo agredió en la infancia, tuvo que repetir su drama hasta cinco veces ante distintas personas. «Durante el proceso me sentí súper acompañada por mis padres y mis hermanas, pero por la justicia y demás no. Nadie me acompañó, nadie me indicó dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer...nada. Declaré, pero me sentí bajo presión», comenta. La ley del 'solo sí es sí', en vigor desde hace un año, obliga a realizar la prueba preconstituida a todos los menores de 14 años.

Save the Children explica que parte de estas deficiencias se mantienen porque dos años años después de la aprobación de la ley de protección al menor no se ha creado la justicia especializada que ordena. Aún no se han aprobado las leyes que pongan en marcha los juzgados contra la violencia sexual a menores, ni la fiscalía específica, ni se ha garantizado la asistencia jurídica y el acompañamiento de la víctima de inicio a fin del proceso, ni se ha dado formación especializada a todos los operadores jurídicos que actuarán en estos casos.

Tampoco están desplegadas en buena parte del país las 'casas de los niños', ordenadas por la ley del 'solo sí es sí', unas instalaciones pensadas para que el menor se sienta cómodo y tranquilo en su declaración y donde psicólogos, trabajadores sociales, peritos y juristas se coordinan para armar el caso sin revictimizar al niño. Su estructura es clave para generalizar la exploración y declaración únicas y convertirlas en prueba preconstituida.