Villa y Tierra de Cuéllar estudia crear una plaza de arquitecto compartida para sus pueblos

La Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar valora la posibilidad de crear una plaza de arquitecto para compartir entre los 36 municipios que forman la entidad. La iniciativa partió del Ayuntamiento de Olombrada, que puso sobre la mesa un problema con el que cuentan la mayoría de localidades: la necesidad de contratar a arquitectos por obra y servicio, quienes posteriormente no pueden firmar las licencias de los mismos al no ser funcionarios.

La cuestión fue abordada en la última sesión de la junta general de procuradores de la Comunidad, donde el secretario de la misma apuntó que, según los estatutos, la entidad tiene como fin principal la administración de su patrimonio, pero, no obstante, también se marca la posibilidad de incluir entre sus fines cualquier otro servicio económico y social para sus municipios, por lo que la iniciativa tendría cabida y posibilidad de salir adelante.

El secretario, Segismundo Estebaranz, también puso sobre la mesa la existencia de dos posibilidades, como realizar un contrato de servicios o crear una plaza en la plantilla como funcionario o personal laboral. En este caso aún habría que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para que marque la tasa de reposición de empleo. También habría que realizar una modificación presupuestaria para dotarla de partida económica e incluirla en la oferta de empleo público, por lo que si se opta por crear la plaza, aún pasarán varios meses para su puesta en marcha.

Desde el Ayuntamiento de Olombrada, su representante en Villa y Tierra, Laura Muñoz, explicó a los asistentes el problema al que se enfrentan la mayoría de Consistorios, puesto que se paga por servicios a un arquitecto cuya firma posteriormente no es válida para obtener licencias de actividad. En la actualidad, detalló, cuentan con un contrato administrativo de servicios, pero no es válido a la hora de otorgar licencias.

El representante de la localidad de Sanchonuño, su alcalde, Carlos Fuentes, explicó que todos los informes de obras mayores tienen que pasar por la Diputación provincial, lo que en ocasiones conlleva un retraso considerable, además de los costes que supone.

Algunos representantes de municipios de la comunidad que pertenecen a la provincia de Valladolid detallaron que su caso es diferente, pues es el secretario el que realiza los informes y que estos pasan por Diputación de forma excepcional. En este caso no tienen coste para los Ayuntamientos, aunque sí se dan situaciones de atasco, según explicó el alcalde de Cogeces del Monte y diputado provincial en Valladolid, Fernando Velasco, que apuntó que ellos realizan contratos laborales de obra o servicio y en casos excepcionales se piden informes a la entidad provincial.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Villa y Tierra y alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, puso sobre la mesa la necesidad de estudiar cómo articular el trabajo del arquitecto en el caso de su contratación, es decir, cómo podría dar servicio a 35 pueblos en distintos momentos sin que ninguno de los municipios se vea agraviado. Aún así recordó que mientras no haya Ley de Presupuestos que marque la tasa de reposición de empleo, no se podrá decidir si se crea la plaza o no. También señaló que posteriormente habría que ponerlo en conocimiento de la intervención, preparar la plaza y la prueba de oposición, por lo que la Comunidad cuenta con tiempo para analizar de forma pormenorizada estas cuestiones.